Los precios de la energía subieron con fuerza en los primeros meses de 2026, impulsados por el conflicto en Medio Oriente, que interrumpió los envíos a través del Estrecho de Ormuz y dañó infraestructura energética crítica. La OCDE publicó esta semana el informe Energy prices are spiking again: New relief measures, old lessons, en el que advierte que el shock energético llegó en un momento de particular vulnerabilidad para la economía global: con inventarios de gas natural ajustados, deuda pública elevada en la mayoría de los países desarrollados y una inflación que aún no había convergido del todo hacia las metas de los bancos centrales antes del nuevo golpe.
Los precios del crudo Brent y del gas natural TTF en Europa se ubicaron alrededor de un 40% y un 60% por encima respectivamente de lo proyectado en las estimaciones de diciembre de 2025. En Europa, los inventarios estacionales de gas ya eran bajos antes del inicio del conflicto, alcanzando su nivel más bajo para esa época del año desde 2022. Para contener el impacto inmediato sobre los mercados petroleros, los países miembros de la IEA acordaron el 11 de marzo liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo.
26 países ya tomaron medidas de alivio
Al 9 de abril de 2026, 26 países de la OCDE habían implementado al menos una medida de apoyo, en la mayoría de los casos en la forma de alivio de precios: recortes de impuestos a los combustibles, reducciones de IVA y aranceles de excise, o intervenciones directas de precio para limitar los aumentos en el surtidor.
Las medidas varían en alcance y focalización. Entre los ejemplos documentados en el informe figuran Austria, que aumentó el subsidio al transporte público de 0,075 a 0,12 euros por litro con efecto retroactivo desde enero de 2026; Grecia, que ofreció una billetera digital de combustible mensual para hogares vulnerables; España, que lanzó una ayuda financiera automática para agricultores afectados por el aumento del costo de los fertilizantes; y el Reino Unido, que realizó pagos directos únicos a hogares vulnerables que dependen del gasoil para calefacción.
La OCDE reconoce que las medidas de precio amplio —reducciones de impuestos al combustible, congelamiento de tarifas— son las más rápidas de implementar, pero advierte que tienen un costo fiscal elevado y debilitan los incentivos a reducir el consumo de energía. Las transferencias focalizadas a hogares vulnerables y las ayudas sectoriales, aunque más eficientes, han sido adoptadas con mucho menos frecuencia.
Las lecciones de 2022 que los gobiernos tienden a ignorar
El informe traza una comparación directa con la crisis energética de 2022-23, detonada por la invasión rusa de Ucrania y el corte de suministros de gas hacia Europa. En aquella ocasión, los países de la OCDE y otras economías destinaron alrededor de 400.000 millones de dólares en medidas de apoyo en 2022 y 405.000 millones adicionales en 2023. En la economía mediana de la OCDE, ese gasto representó entre el 0,7% y el 0,8% del PIB, pero en algunos países superó el 2,5% del PIB. Las medidas no focalizadas explicaron cerca del 80% del costo fiscal total estimado.
La OCDE identifica tres lecciones centrales de aquel episodio que considera aplicables al shock actual. La primera: focalizar el apoyo en los hogares más vulnerables y en las empresas viables pero fuertemente expuestas al aumento de costos energéticos reduce el costo fiscal y maximiza el impacto. La segunda: incorporar cláusulas de vencimiento automático en las medidas de apoyo evita que se vuelvan permanentes y fiscalmente inmanejables. La tercera: diseñar el apoyo de manera que preserve las señales de precio —es decir, que los consumidores sigan teniendo incentivos para reducir su consumo— es esencial para no repetir el error de 2022, cuando las subvenciones generalizadas estimularon el consumo en lugar de contenerlo.
El impacto macroeconómico: menos crecimiento, más inflación
La OCDE proyecta un crecimiento global del PIB del 2,9% en 2026 y del 3,0% en 2027, cifras que hubieran sido 0,3 puntos porcentuales más altas sin el conflicto. La inflación del G20 alcanzaría el 4,0% en 2026, 1,2 puntos porcentuales por encima de lo proyectado antes del shock, antes de ceder al 2,7% en 2027 asumiendo que las presiones energéticas se disipan.
La zona euro sería una de las regiones más afectadas: su crecimiento fue revisado a la baja 0,4 puntos porcentuales, hasta el 0,8% en 2026. Estados Unidos mostraría mayor resiliencia, con un crecimiento proyectado del 2,0% en 2026, aunque el impulso de la inversión en inteligencia artificial sería gradualmente compensado por la desaceleración del ingreso real y el gasto de los consumidores. China crecería un 4,4% en 2026 y un 4,3% en 2027, afectada por el fin de los subsidios al consumo, el encarecimiento de las importaciones energéticas y el ajuste continuo del sector inmobiliario.
El precio de la urea, uno de los principales fertilizantes nitrogenados, subió más del 40% desde mediados de febrero, lo que podría reducir los rendimientos agrícolas en 2027 —un efecto colateral del shock energético que impactaría especialmente en las economías agrícolas de América Latina y Asia meridional.
Asia en el centro del mapa energético
El informe de la OCDE tiene implicaciones directas para la región Asia-Pacífico, que combina algunas de las economías más dependientes de las importaciones energéticas del mundo con las mayores reservas estratégicas de minerales críticos necesarios para la transición hacia energías limpias. En India, la inflación subiría del 2,0% en el año fiscal 2025-26 al 5,1% en 2026-27, impulsada por el encarecimiento de la energía importada. Japón y Corea del Sur, ambos importadores netos de energía sin producción doméstica relevante de hidrocarburos, verían también presiones inflacionarias adicionales en el corto plazo.
La OCDE concluye con una prescripción de política que va más allá del ciclo inmediato: reducir la dependencia estructural de los combustibles fósiles importados mediante inversión en eficiencia energética y generación renovable es, al mismo tiempo, una respuesta a la crisis actual y una apuesta de largo plazo para reducir la vulnerabilidad de las economías ante futuros shocks geopolíticos. El Estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del comercio mundial de petróleo, volvió a demostrar que la geografía energética global sigue siendo tan frágil como en 2022.
