La fuerza del cambio inició en Chile. Desde su juramento y posesión como presidente de Chile el 11 de marzo de 2026 José Antonio Kast hace honor a su palabra y a su plan de gobierno enfocado en recuperar Chile de la inseguridad y los bajos niveles de desarrollo e inversión en arterias que han sido vitales para su histórico crecimiento bajo una economía de libre mercado y abierta al mundo a través de acuerdos de libre comercio. Estos aspectos considerados como “prioritarios” por la nueva administración concentran la urgencia de los reclamos ciudadanos y ahora atendidos desde el poder ejecutivo con fuerza y
determinación.
Según el presidente Kast en su primera cadena nacional, Chile en 12 años ha tenido un crecimiento de 2% anual, a diferencia del período 1994-2014 en el cual se lo multiplicaba por ocho del PIB.. De igual forma el primer mandatario ha señalado que, la deuda pasó en 2006 de $7.600 millones de dólares a $155.000 millones de dólares en 2026; sólo en intereses de la deuda pagan 5% del presupuesto.
A partir de los años 2000 Chile ha mantenido una dinámica de alternancia de la derecha e izquierda de manera ininterrumpida; especial asombro ha causado el reciente gobierno de Gabriel Boric que en un intento por refundar el Estado a través de una nueva Constitución Política de la República el pueblo chileno vio con horror el ejemplo de la dictadura venezolana como motivo para rechazar esa agenda “progresista-comunista” que ha quebrado la prosperidad de los Estados en Latinoamérica sin ningún escrúpulo. ¿Los resultados? Rechazo del 61,87% frente al 38.13% el 4 de septiembre de 2022 con respecto al referéndum constitucional para aprobar una nueva Constitución Política elaborada por la Convención Constitucional conocida como el “plebiscito de salida”; un texto constitucional catalogado de extenso, izquierdista y radical. En cuanto al nivel de aprobación ciudadana se redujo a mínimos: desaprobación 58%.
En ese contexto, la elección de la propuesta de José Antonio Kast de forma abrumadora y aplastante (58.17% de votos) se constituye en la esperanza del pueblo chileno de poder volver a vivir en paz y seguridad y sobre todo recuperar y aumentar sus niveles de crecimiento y producción perjudicadas por el gobierno de Boric centrado en la difusión de la agenda “woke-comunista” que tanto daño le hace al tejido social.
El presidente José Antonio Kast ejecuta planes para recuperar la legalidad y el progreso económico para Chile lastrado lamentablemente por el gobierno comunista-progresista de Gabriel Boric: incremento de la inseguridad y una notable reducción del nivel educativo escolar y secundario.
De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) en 2023, la percepción de la inseguridad en Chile llegó al 90.4% lo cual representa un notable incremento exponencial de dicho indicador.
En lo referente a la movilidad humana – migración irregular, la administración Kast ya ha puesto en marcha el proceso de revisión de la permanencia irregular de indocumentados o ciudadanos que no registraron su ingreso regular a Chile o prolongaron su estadía. Sobre aquello, el presidente Kast aplica las políticas estadounidenses de la deportación –expulsión de irregulares de su territorio con igual preocupación para aquellos con antecedentes penales. Con motivo de los operativos enfocados en la migración irregular el primer mandatario indicó que se han realizado cientos de capturas de prófugos de la justicia.
Para ello se ejecutó el primer vuelo de expulsión de 40 extranjeros de Bolivia, Ecuador, Colombia lo cual responde a expulsiones administrativas y judiciales. Al grupo de los primeros expulsados se han sumado ciudadanos de: República Dominicana, Perú y Haití los cuales mantienen un estatus irregular en Chile. De igual forma se ha procedido con la detención de 56 migrantes venezolanos, en un operativo que contó con 700 agentes entre carabineros y policía de investigación en 30 puntos de la capital chilena. Cabe resaltar que, de las 75.000 órdenes de expulsiones la mitad corresponden a venezolanos.
Según Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, los migrantes ilegales no serán regularizados, esto es, quienes hayan ingresado por pasos no autorizados y clandestinos. El gobierno chileno señala que, en 10 años han ingresado de manera irregular 300.000 personas, de las cuales 46.000 tienen orden de expulsión – 60% de la migración irregular son venezolanos.
Entre los delitos cometidos por la comunidad migrante irregular se encuentra: narcotráfico, robo, porte ilegal de armas, trata de personas, niños, entre otros; lo cual ha constituido un verdadero problema de seguridad nacional para Chile.
Dentro de esa problemática se ha encontrado que, en el sistema de salud estatal se ha visto trastocado por la migración irregular. La salud en Chile es gratuita y según lo establecen sus propias leyes los afiliados aportan el 7% para ser beneficiarios de ese derecho y servicio el mismo que se ha visto mermado por la migración irregular que no realiza aporte alguno. Por ello, se ha establecido que se terminará con los gastos – beneficios sociales de los que se han venido aprovechando los ciudadanos extranjeros ilegales.
De igual forma se ha indicado que, en un mes de operaciones en contra de la migración irregular 200 personas ya han sido expulsadas lo cual brinda una señal de orden y de respeto a la ley. También es importante señalar que, se ha brindado estímulos para quienes siendo ilegales salgan del país y luego decidan regresar a Chile sin el gravamen de tres años de restricción de ingreso si fueran deportados por el gobierno.
Finalmente, el funcionario ha destacado que, en Chile se respeta la ley, está en favor de la migración ordenada y, que los migrantes deben ingresar al país en cumplimiento de la ley; por tanto, está en contra de la falsa estigmatización de que se atenta a sus derechos humanos: “Chile primero”.
En cuanto al Plan “Escudo fronterizo” se enfoca en cerrar las fronteras chilenas, detener las redes del crimen organizado: tráfico de migrantes, contrabando de mercadería, drogas, armas y explosivos.
La construcción de infraestructura, comprende: zanjas, muros, vallas, tecnología de vigilancia, sensores de movimiento, vigilancia por drones, torres de observación, radares térmicos y cercos electrificados. A ello se suman patrullajes del Ejército, Carabineros y de la PDI Macro Zona Norte en los pasos no oficiales y en los inhabilitados por su uso para el cruce irregular/clandestino.
El plan del presidente José Antonio Kast busca construir inicialmente 30 kilómetros de zanja en la frontera norte (10 km en Arica, 10 km en Tarapacá y 10 km en Antofagasta), con un plan a largo plazo de instalar barreras físicas en cientos de kilómetros. La zanja tendrá 3 metros de ancho y 3 de profundidad.
De acuerdo a La Moneda la construcción de la zanja se ampliará de los 3 km existentes a 30 km en 90 días. Adicionalmente se informó sobre la proyección de barreras físicas – zanjas de hasta 500 km. El proyecto prevé una inversión de 4.000 millones de pesos y comprende 60 kilómetros de obstáculos físicos distribuidos en diferentes puntos de la frontera.
Los gobiernos de Chile y Perú han acordado reforzar la cooperación y el intercambio de información sobre la situación en sus límites fronterizos.
En suma, en un mes se ha disminuido el ingreso por pasos irregulares, a diferencia de lo que ha ocurrido durante los precedentes años del gobierno de Gabriel Boric.
En el plano regional e internacional la problemática asociada a los grupos de delincuencia organizada transfronteriza, el presidente Kast ha estrechado lazos de cooperación en seguridad con Estados Unidos. Prueba de ello fueron las operaciones marítimas y aéreas en el Pacífico con el portaaviones USS Nimitz, el cual también realizó operaciones conjuntas en Ecuador en una muestra de cooperación para detener y eliminar los envíos de alcaloides provenientes de Bolivia, Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos y Europa a través del Pacífico. La finalidad de los ejercicios militares indudablemente contribuye a medir, corregir y mejorar las capacidades estatales ante la amenaza externa no tradicional –no estatal.
En suma, el uso legítimo de la fuerza se recupera con voluntad política y sobre todo ante los escenarios de violencia urbana que repercuten negativamente en el comercio, trabajo y turismo de los Estados.
Cabe mencionar que, la alineación y afinidad política de casi la totalidad de Latinoamérica con el gobierno norteamericano de Donald Trump a excepción de Nicaragua, Cuba (dictaduras) México, Brasil favorece la cooperación internacional y avizora un futuro promisorio en beneficio de la población en un plan conjunto para recuperar el orden y la legalidad en la región. En esa labor el gobierno del republicano de José Antonio Kast ya ha comenzado a actuar a paso firme y con metas claras para brindar días mejores a Chile.
Abogado & Máster en Relaciones Internacionales. Docente de Geopolítica, Sociología y Realidad Nacional en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”.
Instructor de Geopolítica contemporánea en la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Profesor de Maestría en Geopolítica contemporánea en la Academia de Guerra del Ejército – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
Conferencista de la Academia de Guerra Aérea AGA de la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE. Autor del libro “Realpolitik. El orden mundial detrás del conflicto en el este de Ucrania” publicado bajo el sello Editorial Planeta.
