El golpe de Estado del 1 de febrero de 2020 en Myanmar puso fin a una etapa de transición que comenzó a planificarse por los mismos militares en 2003, con la llamada “hoja de ruta para una democracia disciplinada”. En 2015 ese proceso dio un paso trascendente con las elecciones generales que llevaron al gobierno a la Liga Nacional para la Democracia, el partido que lideraba (y posiblemente aun lo siga haciendo, aunque en forma limitada por su encarcelamiento) la premio Nobel de la Paz de 1991, Aung San Suu Kyi.
Sin embargo, esta llegada al gobierno no significó un acceso al poder que, en gran medida, se mantuvo en las autoritarias manos del Tatmadaw, palabra con la que se conoce a las poderosas fuerzas armadas birmanas. Por una reforma constitucional previa a la elección, los militares mantuvieron el control de tres ministerios clave (fronteras, interior y guerra), de cuerpos armados y empresas públicas, entre otras instituciones claves del país. Además, continuaban con el control directo del 25% de los parlamentarios, asignados por la constitución de 2008 a las fuerzas armadas, sin pasar por ningún proceso electoral.
Los militares en Myanmar también mantuvieron el control de negocios informales vinculados a la explotación de recursos naturales, como el preciado jade, y el comercio de drogas, particularmente, opioides. De hecho, es tal el poder de los uniformados, que bloquearon la llegada de Suu Kyi a la presidencia con una artimaña legal, y la líder debió ocupar un cargo creado especialmente a su medida para ocupar la cabeza del gobierno. Así, Suu Kyi se convirtió en la consejera de Estado, la número uno en la práctica, pero sin ser la presidenta, cargo que ocupó nominalmente un dirigente de su partido.
La apuesta de Suu Kyi entonces fue por una transición paciente, buscando consolidar la democracia a largo plazo, en una suerte de juego constante de posiciones con los militares. Posiblemente, cierto espíritu budista haya influido en el plan de la informal jefa de Estado, que al mismo tiempo se revelaba como un proyecto pragmático, ya que su endeble posición no le permitía abrigar esperanzas de cambios más profundos, mucho menos a corto plazo.
Lo que quedó claro rápidamente es que los militares no pensaban volver a los cuarteles y la situación de caos étnico que vive el país, con guerrillas y grupos irregulares poblando la larga geografía birmana, dieron argumentos a los uniformados para seguir manteniendo sus espacios de poder, reclamando un estatus especial como los garantes de la integración territorial de Myanmar. De aquí se desprenden los ataques del Tatmadaw a los rohinyás –miembros de una minoría musulmana apátrida en Myanmar–, que llevaron el conflicto interno a un terreno que fue catalogado como limpieza étnica por diferentes organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch en su Informe Mundial 2018.
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Los militares también fueron condenados por espacios de la ONU vinculados a los derechos humanos. En las estrategias del Tatmadaw para arrasar con las poblaciones rohinyá no solo aparecía un nacionalismo budista extremo y una intención de erosionar el prestigio internacional de Suu Kyi, sino también la apuesta a conectar con una amplia demanda popular de no ceder en esa cuestión, sobre todo, entre los ciudadanos perteneciente a la etnia mayoritaria, los bamar. Suu Kyi pagó un alto costo por las masacres y las persecuciones del Tatmadaw en el estado Rakáin, – donde se ubicaban los rohinyá–, más aún, cuando casi un millón de ellos debió abandonar el país y radicarse forzadamente en precarios campos de refugiados en la vecina Bangladesh.
Dos momentos claves erosionaron el poder y la capacidad de operación de Suu Kyi. El primero fue el asesinato de su principal asesor legal y hombre de confianza, el abogado musulmán Ko Ni, a plena luz del día en el aeropuerto de Yangon, cuando volvía de una cumbre en Indonesia sobre el asunto rohinyá. Nunca se conocieron los verdaderos responsables del hecho, que terminó con la vida de un brillante asesor, el único en ese nivel que no era miembro de la mayoría bamar.
El otro momento clave –que determinó el fin de la estrella internacional de Suu Kyi– fue su comparecencia ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas en La Haya para defender a su país frente a la acusación de genocidio realizada por Gambia.
Las opciones de Aung San Suu Kyi
Al mismo tiempo que la crisis rohinyá consumía su crédito internacional, internamente Suu Kyi intentó consolidar el poder de las autoridades democráticas y ganarle, de a poco, terreno a los militares. Apostó, para ello, a reformar la constitución que actuaba como un cerrojo sobre el poder militar. Aunque fracasó en el intento (necesitaba un 75% del congreso donde el 25% son legisladores militares designados), la concreción de la iniciativa alertó a los líderes del Tatmadaw. Por ello, el abrumador triunfo electoral del 2020 abrió la puerta para avanzar aún más en esa dirección, y los militares acabaron por derrocarla el mismo día en que iba a asumir su segundo mandato.
En el período de tiempo de su primer gobierno, Suu Kyi no solo debió enfrentar el pode militar. Además, debió también hacerse cargo de las consecuencias del radical cambio de posición de la diplomacia norteamericana con Donald Trump, el abandono de la política activa de Estados Unidos en el país, la creciente intromisión de la vecina China, y la falta de una burocracia eficiente para lidiar con la crisis económica, con la pandemia y con la organización de las elecciones generales del año pasado.
Así, Suu Kyi se aferró a la idea de que la democracia era capaz de sobrevivir a cualquier costo, y la tomó como su única estrategia, aunque fuera en las condiciones precarias que el Tatmadaw le imponía. ¿Qué opciones tenía la líder birmana frente a la debilidad de su gobierno? ¿Renunciar e irse a vivir a Londres? ¿Olvidar los trece años de luchas y encierros para quedar bien con la el ala izquierda del Partido Demócrata y la prensa progresista? Las exigencias de las organizaciones internacionales de derechos humanos y la prensa norteamericana y europea sobre Suu Kyi fueron desmedidas, erradas estratégicamente, poco realistas, y la debilitaron fatalmente al ignorar que su posición no le permitía tomar decisiones como las que le reclamaban.
Solo su permanencia en el poder y una sucesión democrática por varios mandatos le hubiera dado a Myanmar chances de recorrer con algún poco optimismo un camino democrático en el largo plazo, un camino que los regímenes políticos predominantes en los países vecinos no permitían esperar con optimismo. El error de diagnóstico de la comunidad internacional le costó muy caro a la transición. Hoy, Myanmar tiene miles de muertos y una represión salvaje que convive con el silencio y la falta de interés de la comunidad internacional por el país y por el destino de la población civil, ahora que la líder ha sido derrocada.
Finalmente, es llamativa la falta de interés por la suerte de los miembros del gobierno derrocado, que han sido juzgados sin ninguna garantía, y abandonados por las organizaciones gubernamentales internacionales y las trasnacionales de derechos humanos, ahora embarcadas en una ingenua revancha sobre la líder birmana por no haberse convertido en Juana de Arco en el altar de la corrección política.
Nota: El artículo fue publicado originalmente por la Revista Asia / América Latina. La reproducción del mismo se realiza con la debida autorización. Link al artículo original: http://www.asiaamericalatina.org/wp-content/uploads/2021/12/1.-intro_AAL.pdf
Es director del Grupo de Estudios de Asia y América Latina (GESAAL) del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además es doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca (España), investigador del Instituto de Estudios de América y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y profesor en las Universidades de Buenos Aires y del Salvador. Dictó conferencias en Malasia, Tailandia, Vietnam, Holanda, Japón, Suecia, España, Rusia, Uruguay y Argentina. Posee artículos publicados en Alemania, USA, México, Uruguay, Dinamarca, Argentina y España. Es además especialista en Historia política de la segunda mitad del siglo XX (Transiciones, guerra fría) y Política contemporánea de América Latina y Asia.
Politólogo y maestrando en Ciencias Sociales. Docente investigador de la Carrera de Ciencia Política y del Grupo de Estudios sobre Asia y América Latina (GESAAL) y de la Universidad de Buenos Aires. Secretario de redacción de la Revista Asia/AméricaLatina
