En marzo de 2005, tras tres años de trabajo conjunto entre expertos de Japón y Venezuela, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) entregó uno de los estudios más completos realizados sobre el riesgo sísmico en Caracas. El documento no predecía cuándo ocurriría un terremoto ni anunciaba una catástrofe inminente. Su objetivo era mucho más ambicioso: diseñar un plan maestro para reducir el impacto del próximo gran sismo que, tarde o temprano, volvería a golpear a la capital venezolana.
Veintiún años después, tras los terremotos que afectaron al país en junio de 2026, el informe volvió a circular con fuerza. No porque hubiera anticipado una fecha específica —algo que la ciencia no puede hacer—, sino porque muchas de las vulnerabilidades que identificó seguían presentes. Hospitales, escuelas, edificios públicos, barrios construidos sobre laderas inestables, normas de construcción insuficientes y una coordinación institucional deficiente formaban parte del diagnóstico elaborado por los especialistas japoneses.
El estudio, titulado Study on Disaster Prevention Basic Plan in the Metropolitan District of Caracas, fue desarrollado entre 2002 y 2005 por JICA junto con instituciones de Venezuela. Su objetivo oficial era «formular un plan maestro para prevenir los daños ocasionados por terremotos, deslizamientos e inundaciones en el Distrito Metropolitano de Caracas» y, al mismo tiempo, «transferir tecnología al personal de las instituciones venezolanas durante el desarrollo del estudio».
La cooperación japonesa no consistía únicamente en entregar un informe técnico. El proyecto buscaba dejar capacidades instaladas en Venezuela para que las autoridades nacionales y locales desarrollaran una política permanente de reducción del riesgo de desastres. La lógica respondía al modelo japonés, donde la prevención, la planificación urbana, la educación ciudadana y la actualización constante de las normas de construcción constituyen pilares fundamentales de la gestión pública.
El diagnóstico fue contundente. Los especialistas confirmaron que la geología del valle de Caracas amplifica las ondas sísmicas debido a la presencia de sedimentos profundos, un fenómeno conocido como «efecto de sitio». También identificaron elevados niveles de vulnerabilidad en sectores construidos sobre pendientes pronunciadas, deficiencias en edificaciones estratégicas y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones responsables de la protección civil.
Pero el verdadero valor del informe estaba en sus recomendaciones. JICA pidió elaborar «lo antes posible» un plan nacional de prevención de desastres, establecer una política de reforzamiento sísmico para los edificios del país, crear un marco institucional que impulsara esas obras y mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, las autoridades metropolitanas, los municipios y las comunidades. Incluso fijó un horizonte temporal: muchas de las acciones estratégicas debían estar implementadas para 2020.
Sin embargo, durante los años siguientes esas recomendaciones nunca se consolidaron como una política pública de alcance nacional. Aunque existieron iniciativas puntuales en materia de gestión del riesgo, el plan maestro elaborado por JICA no fue desarrollado de manera integral ni con la continuidad institucional que proponía el propio estudio. La combinación de la crisis económica, el deterioro institucional y el cambio de prioridades del Estado terminó relegando buena parte de las medidas planteadas por los especialistas japoneses.
Paradójicamente, el propio informe advertía que el costo de no actuar sería mucho mayor que el de invertir en prevención. La filosofía japonesa parte de una premisa sencilla: los terremotos no pueden evitarse, pero sus consecuencias sí pueden reducirse mediante planificación, infraestructura resiliente y preparación ciudadana.
Más de veinte años después de su entrega, el documento permanece como una evidencia de que Venezuela contó con un diagnóstico técnico detallado y con una hoja de ruta elaborada por uno de los países con mayor experiencia del mundo en gestión del riesgo sísmico. La cuestión que sigue abierta no es si Japón anticipó un terremoto, sino por qué ese plan nunca llegó a convertirse en una política de Estado.
Periodista. Colaborador Junior en ReporteAsia.
