El «Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas», entregado en marzo de 2005 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), cobró nueva relevancia tras el doblete sísmico que devastó Venezuela el pasado 24 de junio. Sus recomendaciones sobre normas de construcción, microzonificación y preparación comunitaria permanecieron mayoritariamente sin ejecutar.
El «Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas» es un documento técnico e institucional elaborado entre 2002 y 2005 por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en conjunto con especialistas venezolanos, y entregado oficialmente en marzo de ese año. Tras el devastador doblete sísmico que sacudió Venezuela el 24 de junio de 2026, el informe volvió a circular ampliamente por la precisión con la que anticipó las vulnerabilidades estructurales de la capital.
Un diagnóstico, no una predicción
Contrario a versiones difundidas en redes sociales, el estudio no anticipaba un terremoto en una fecha específica. Su propósito era diagnosticar escenarios de riesgo y establecer un plan maestro orientado a minimizar pérdidas humanas, materiales y de funcionamiento urbano. Para ello tomó como referencia los terremotos históricos de 1812 y 1967, y evaluó de forma paralela los desastres por sedimentos —deslizamientos e inundaciones—, una amenaza que había cobrado fuerza tras la tragedia de Vargas de 1999.
Pese a que el nombre del proyecto remite al Distrito Metropolitano completo, el alcance del trabajo de campo se limitó a tres de los cinco municipios que lo integran: Libertador, Chacao y Sucre.
Lo que el informe advirtió sobre la vulnerabilidad de Caracas
El análisis de JICA identificó deficiencias estructurales que hoy ayudan a explicar la magnitud de los daños del sismo de 2026. Confirmó que las características geológicas del valle caraqueño y sus sedimentos profundos amplifican las ondas sísmicas, un fenómeno conocido como efecto de sitio. También advirtió sobre el riesgo concentrado en barrios de pendiente pronunciada y en edificaciones de gran altura sin normativa sismorresistente exigente, además de señalar la débil articulación entre los organismos locales de protección civil, la falta de rutas de evacuación masiva y la desactualización de los planes de contingencia comunitarios.
Recomendaciones que quedaron en el papel
El plan maestro propuso una hoja de ruta concreta: actualizar las normas de construcción y someter a auditorías de ingeniería obligatorias a edificios públicos esenciales —hospitales, escuelas, sedes de gobierno—; implementar sistemas de información geográfica con mapas digitales de microzonificación sísmica y amenaza de deslizamiento para regular el ordenamiento urbano; y capacitar a la población civil mediante simulacros periódicos y herramientas logísticas para las comunidades más vulnerables.
Según coinciden distintos análisis técnicos posteriores, ese conjunto de medidas fue desestimado o aplicado de manera insuficiente durante las dos décadas siguientes. El plan regional de prevención de desastres que el propio estudio recomendaba nunca llegó a formalizarse como política pública vinculante, un vacío que investigaciones académicas sobre gestión de riesgo en Caracas documentaron reiteradamente en los años posteriores a 2005.
Periodista. Colaborador Junior en ReporteAsia.
