Una nueva demanda presentada en Washington volvió a colocar bajo escrutinio a Apple, acusada de mantener en su cadena de suministro minerales extraídos en condiciones asociadas a abusos de derechos humanos y a grupos armados en la República Democrática del Congo y Rwanda. La acción legal fue impulsada por International Rights Advocates, una organización estadounidense dedicada a frenar violaciones mediante litigios, que ahora sostiene que la empresa continúa beneficiándose de materiales obtenidos en un contexto de violencia y explotación, pese a sus reiteradas negaciones.
La denuncia llega después de que otros casos similares no prosperaran. El año pasado, tribunales estadounidenses desestimaron una demanda que involucraba a Apple, Tesla y otras compañías por el origen del cobalto. También en diciembre, fiscales franceses archivaron una causa presentada por el gobierno congoleño contra filiales de Apple al considerar que no había pruebas suficientes. Aun así, una investigación penal abierta en Bélgica sobre la misma problemática sigue en curso.
En su respuesta a las acusaciones de Congo, Apple insistió en que había ordenado a sus proveedores evitar el suministro de materiales provenientes de ese país y de Rwanda. Sin embargo, la firma no se pronunció sobre el nuevo escrito judicial, que se presentó en la Corte Superior del Distrito de Columbia.
El documento sostiene que la cadena de suministro de la compañía continúa integrando cobalto, estaño, tantalio y tungsteno ligados a trabajo infantil, explotación forzada y operaciones de grupos armados. Además, afirma que tres fundiciones chinas procesaron coltan presuntamente extraído en minas controladas por fuerzas irregulares en el este de Congo y que luego habría sido trasladado de contrabando a través de Rwanda antes de ingresar, según los denunciantes, en el circuito de proveedores de Apple.
La presentación también menciona un estudio de la Universidad de Nottingham difundido este año, que documentó trabajo forzoso y empleo de menores en yacimientos congoleños vinculados a empresas que abastecen a la tecnológica. Las fundiciones señaladas no respondieron a las consultas sobre estas acusaciones.
Tanto Congo como Rwanda, países clave para la producción mundial de minerales esenciales para teléfonos, baterías y computadoras, evitaron pronunciarse sobre la demanda. Las autoridades congoleñas han advertido en diversas oportunidades que grupos armados financian sus actividades mediante el control de minas y el comercio ilegal de minerales, un vínculo que ha alimentado un conflicto prolongado en la región oriental del país.
Apple ha defendido con firmeza sus estándares de abastecimiento, asegurando que cuenta con auditorías y normas estrictas para garantizar prácticas responsables. En diciembre, remarcó que no existía fundamento alguno para sostener que sus refinadores o fundidores aportaran recursos a grupos armados en Congo o en países vecinos. También destacó que una proporción creciente del cobalto utilizado en sus dispositivos proviene de material reciclado. Sin embargo, los demandantes sostienen que la metodología utilizada por la compañía permite mezclar minerales recuperados con otros provenientes de zonas en conflicto, lo que impediría una trazabilidad precisa.
La organización que impulsa la demanda busca que la justicia determine si Apple ha infringido leyes de protección al consumidor mediante prácticas que consideran engañosas. También solicita una orden judicial que detenga ese tipo de comunicación comercial y el reembolso de los costos legales. Aunque la acción no reclama compensación económica, sí apunta a que el tribunal fuerce cambios en las prácticas de la empresa en torno al origen de los minerales utilizados en sus productos.
