Poco después de asumir el cargo en 2023, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció una iniciativa para atraer grandes inversiones al país.
Dirigido a empresas nacionales o extranjeras dispuestas a invertir más de 200 millones de dólares en Argentina, el presidente Milei lanzó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) ofreciendo exenciones fiscales, ventajas cambiarias y aduaneras.
Desde que fue aprobado por el Congreso en julio de 2024 y entró en vigor en octubre, el Rigi ha recibido 11 propuestas, que representan un total combinado de 15.500 millones de dólares en compromisos de inversión al gobierno de Milei, según fuentes del Ministerio de Economía. Cuatro ya fueron aprobadas por el gobierno de Javier Milei y las demás están en espera de confirmación. La mayoría de estos proyectos se enfocan en los sectores energético y minero.
El gobierno espera que los incentivos del Rigi generen un auge en las exportaciones de energía y minería, lo que permitiría expandir la economía. Sin embargo, expertos consultados por Dialogue Earth señalan que el Rigi no ha atraído tantas inversiones nuevas como podría parecer, y advierten que podría provocar una desindustrialización interna al fomentar la importación de equipos requeridos para estos proyectos. Además, expresan preocupación por la falta de consideraciones medioambientales en el Rigi y por su priorización del acceso empresarial a recursos estratégicos, como el agua.
En su análisis sobre el Rigi, la ONG argentina Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cita a la ensayista francesa de derecho ambiental Martine Rémond-Gouilloud: “Parece que, detrás de los incentivos económicos, se consagra el derecho a destruir los recursos naturales de manera discrecional y anárquica cuando, en verdad, tenemos una necesidad imperiosa de preservarlos”.
Ventajas del Rigi
El Rigi tiene como objetivo atraer inversiones en sectores como forestación, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
Los proyectos asociados al régimen gozarán de 30 años de estabilidad regulatoria en materia fiscal, aduanera, cambiaria y normativa. En caso de conflicto con el Estado, las empresas podrán recurrir a tribunales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Las autoridades provinciales y municipales también pueden adherirse al Rigi y ofrecer beneficios adicionales a los inversores, sumándose a los garantizados por el gobierno nacional.
Líderes de sectores que se beneficiarán del Rigi han expresado un fuerte apoyo. Por ejemplo, Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo Pan American Energy y tercera persona más rica de Argentina, afirmó recientemente que Milei “está trabajando arduamente para generar las inversiones necesarias para el desarrollo de nuestros recursos energéticos, así como de las obras de infraestructura relacionadas”. Por otro lado, representantes de la industria manufacturera han advertido sobre los impactos negativos del régimen. Por ejemplo, el Rigi permite a las empresas importar bienes de capital e insumos sin pagar aranceles. A principios de mayo, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) emitió un comunicado en el que sostiene que esto “perjudica directamente a la producción nacional de bienes destinados a estos proyectos, al otorgar trato preferencial a los productos importados”.
Infraestructura energética
Cuatro de las 11 propuestas presentadas hasta ahora en el marco del Rigi ya han sido aprobadas.
La primera es el parque solar El Quemado, en Mendoza, en el centro-oeste de Argentina. Este proyecto de 305 megavatios estará liderado por la petrolera estatal YPF, en colaboración con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa). Según fuentes oficiales, la inversión asciende a 211 millones de dólares.
La segunda es la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, con una inversión de 2.500 millones de dólares. Este oleoducto transportará petróleo extraído del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, hacia el sureste, recorriendo 470 kilómetros hasta la localidad costera de Punta Colorada, en la provincia de Río Negro, desde donde se exportará. El proyecto, que podría estar operativo en el cuarto trimestre de 2026, está siendo ejecutado por YPF junto con otras seis empresas petroleras. El CEO de YPF, Horacio Marín, describió a Vaca Muerta Oil Sur como “un antes y un después para la industria”.
“El sector hidrocarburífero atraviesa un momento de fortaleza que lo distingue del resto de la economía, impulsado por la promoción de exportaciones tanto por parte del gobierno como de YPF”, explica Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, especializada en energía, derecho y políticas públicas.
Otro proyecto aprobado de expansión de combustibles fósiles es la iniciativa Argentina LNG de YPF (gas natural licuado), también ubicada frente a la costa de Río Negro, en Punta Colorada. Este proyecto establecerá la infraestructura necesaria para amarrar dos barcos de licuefacción de gas, lo que permitirá exportar GNL producido en Vaca Muerta.
Inversiones mineras
Otro de los focos de estas inversiones es el sector minero, que representa seis de las once propuestas presentadas bajo el Rigi. Hasta el momento, se aprobó la mayor de ellas: un proyecto de la minera Rio Tinto por 2.700 millones de dólares para expandir su proyecto de litio Rincón, ubicado en la provincia de Salta, en el norte de Argentina.
Inversiones por miles de millones
El gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, lanzó en 2023 el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), una política destinada a atraer capitales nacionales y extranjeros dispuestos a invertir más de 200 millones de dólares. Desde su entrada en vigor en octubre de 2024, ya ha recibido 11 propuestas que totalizan 15.500 millones de dólares, en su mayoría destinadas a proyectos mineros y energéticos.
Los beneficios incluyen exenciones fiscales, ventajas cambiarias y aduaneras, y la posibilidad de resolver conflictos con el Estado argentino ante tribunales internacionales. Además, los gobiernos provinciales y municipales pueden ofrecer incentivos adicionales.
Boom energético con foco en Vaca Muerta
Cuatro de los proyectos ya fueron aprobados por el gobierno de Javier Milei. El primero es el parque solar El Quemado en Mendoza, con una potencia de 305 megavatios y una inversión de USD 211 millones, liderado por YPF y Emesa. El segundo es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, una obra valuada en USD 2.500 millones, que llevará petróleo desde Neuquén hasta Punta Colorada, en Río Negro, para exportación. Horacio Marín, CEO de YPF, lo definió como “un antes y un después para la industria”.
Otro proyecto energético clave es Argentina LNG, también liderado por YPF en la costa de Río Negro, que instalará infraestructura para amarrar barcos de licuefacción y exportar GNL desde Vaca Muerta.
Juan José Carbajales, director de la consultora Paspartú, destacó: “El sector hidrocarburífero atraviesa un momento de fortaleza que lo distingue del resto de la economía, impulsado por la promoción de exportaciones tanto del gobierno como de YPF”.
Avance minero con sabor a litio, oro y cobre
Seis de las once propuestas están enfocadas en minería. En Salta, la empresa surcoreana Posco planea invertir USD 633 millones en la expansión de su proyecto de litio Sal de Oro. También en la provincia, la china Ganfeng Lithium propone USD 273 millones para la planta Pozuelos-Pastos Grandes. La australiana Galan Lithium invertiría USD 217 millones en ampliar su mina Hombre Muerto Oeste, en Catamarca.
En San Juan, Minas Argentinas presentó un ambicioso plan de USD 1.000 millones que incluye una nueva mina de oro, una planta de cal industrial y un parque solar. En la misma provincia, el proyecto de cobre Los Azules, de USD 227 millones, une a McEwen Copper, Stellantis y Rio Tinto.
Críticas por doble incentivo y falta de novedades
Muchos de estos emprendimientos ya estaban en curso antes del Rigi. Según Guido Bambini, investigador de CEPA, “no ha generado proyectos nuevos”; las empresas simplemente postergaron sus registros hasta que el régimen entrara en vigor.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, defendió la política y aseguró que el Rigi representa un “sobreseguro” para atraer capitales internacionales. “Cuanto más haga el Estado para convencer a los inversores de elegir Argentina, mejor”, dijo.
Sin protección ambiental
Una de las mayores críticas al proyecto encabezado por Javier Milei, proviene de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Ni la ley que establece el Rigi ni su reglamentación mencionan variables ambientales. Esto significa que los beneficios a proyectos no se ven condicionados por su impacto ecológico ni por violaciones ambientales.
“En los megaproyectos mineros, el agua puede considerarse un ‘insumo’. Si escasea, como suele ocurrir, se relegará el abastecimiento a las comunidades locales”, advirtió Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN. También denunció que el Rigi ignora la existencia de pasivos ambientales, a pesar de que el Código de Minería de los años 90 sí los contempla.
China en la mira, pero sin movimiento fuerte aún
El gobierno de Milei apunta a China, segundo socio comercial de Argentina, como destino clave para atraer inversiones bajo el Rigi. En noviembre, el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, encabezó una misión comercial para presentar el régimen a empresas chinas.
Pero Ernesto Fernández Taboada, director del Consejo Argentino-Chino, advirtió que “no ha habido mucho movimiento de las empresas chinas respecto del Rigi”. A pesar del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, la inversión china en América Latina viene cayendo.
Por el contrario, Norma Ramiro, de la Cámara del Asia, asegura que el régimen genera alto interés por su seguridad jurídica: “Empresas de China, Corea, Japón, India y Canadá están dispuestas a presentar proyectos”.
Prioridad a las exportaciones, incluso por sobre el agua
Una de las críticas más severas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) apunta al artículo 193 del Rigi, que establece que los proyectos adheridos al régimen “no podrán verse afectados por restricciones regulatorias en el suministro, transporte y procesamiento de insumos destinados a dichas exportaciones […] basadas en prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades regulatorias o derechos en favor de otros sectores de demanda”.
Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN, advierte que, bajo esta norma, en proyectos de megaminería “el agua podría ser considerada un ‘insumo’ por parte de los inversores. Si hay escasez en el territorio —como suele suceder— se priorizará el uso industrial por sobre el acceso de la población local”.
Interés chino en pausa
China, el segundo socio comercial de Argentina en el gobierno de Milei, es uno de los objetivos clave del Rigi. En noviembre, el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, encabezó una misión a China para promover acuerdos de inversión con empresas de ese país.
Sin embargo, Ernesto Fernández Taboada, director del Consejo Argentino-Chino (CAC), advirtió que “hasta ahora no ha habido mucho movimiento de parte de las empresas chinas respecto del Rigi”. Aunque China viene intensificando sus inversiones globales a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta —de la que Argentina forma parte—, la proporción destinada a América Latina ha disminuido.
Por su parte, Norma Ramiro, directora de la comisión de minería y energía de la Cámara del Asia, sostuvo que el régimen sí despierta interés: “Empresas de China, pero también de Corea, Japón, India y Canadá están dispuestas a presentar proyectos”, afirmó, destacando la seguridad jurídica que ofrece el Rigi para capitales extranjeros.
Nota: esta es un artículo republicado del medio «Dialogue Earth» a través de un acuerdo de cooperación entre ambas partes para la difusión de contenido periodístico. Link original.
Periodista de Argentina que escribe sobre China y el ambiente.
