El fiscal federal argentino Guillermo Marijuán ha solicitado la detención y declaración indagatoria de 25 funcionarios, militares y policías de la República de la Unión de Myanmar.
Según informó el medio local, Infobae, estos individuos están acusados de cometer crímenes de genocidio y lesa humanidad contra la comunidad rohingya desde 2012 hasta 2018. La lista de acusados está encabezada por Htin Kyaw, quien fue presidente de Myanmar desde marzo de 2016 hasta su renuncia en marzo de 2018.
La comunidad rohingya es reconocida como una de las minorías étnicas más perseguidas del mundo. Marijuán ha fundamentado su solicitud en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales de un país ejercer jurisdicción sobre crímenes graves de derecho internacional, independientemente del lugar donde se hayan cometido y de la nacionalidad de los perpetradores o las víctimas.
Este principio está consagrado en el Estatuto de Roma, firmado en 1998 y vigente desde 2002. Aunque 123 países son parte del Estatuto, potencias como China, Rusia, Estados Unidos e India no lo han ratificado.
La jueza federal María Servini deberá ahora decidir si procede con la solicitud del fiscal. De aceptarla, se emitirán órdenes de captura internacional y alertas rojas de Interpol. Si los acusados son detenidos, se iniciará un proceso de extradición para que el juicio se realice en los tribunales federales de Argentina.
La denuncia original fue presentada el 13 de noviembre de 2019 por Maung Tun Khin, presidente de la organización «Burmese Rohingya Organization UK» (BROUK). La acusación detalla atrocidades como matanzas, violaciones grupales y destrucción de aldeas, forzando a los rohingyas a huir a Bangladesh. Se estima que antes de la crisis de 2017, alrededor de un millón de rohingyas vivían en Myanmar. En agosto de 2018, más de 723,000 habían huido a Bangladesh, asentándose en el campamento de refugiados de Kutupalong, el más grande del mundo.
El gobierno de Myanmar niega la ciudadanía a los rohingyas, considerándolos inmigrantes ilegales de Bangladesh, lo que en la práctica los convierte en apátridas. Según la denuncia fiscal, los rohingyas viven en condiciones deplorables, segregados del resto de la población, con restricciones de movimiento y acceso limitado a servicios básicos.
Maung Tun Khin, quien huyó de Myanmar en 1990 debido a la represión, ha pedido que BROUK sea considerada parte querellante en el proceso. Naciones Unidas ha documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos en Myanmar durante tres décadas, concluyendo que la opresión y persecución de los rohingyas ha sido generalizada y sistemática.
