Cientos de trabajadores coreanos, detenidos en una redada migratoria masiva en Georgia, Estados Unidos la semana pasada, han sido liberados y están en camino de regreso a casa. La liberación, que culmina una intensa semana de esfuerzos diplomáticos por parte de Seúl, marca la resolución de un incidente sin precedentes que ha puesto a prueba la alianza entre ambos países. Un total de 316 ciudadanos surcoreanos han abandonado el centro de detención en Folkston, Georgia, una semana después de su arresto en una operación llevada a cabo en una planta de baterías para vehículos eléctricos operada por una empresa conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution.
Los liberados, junto con 14 extranjeros, han abordado un vuelo chárter de Korean Air en el aeropuerto Hartsfield-Jackson Atlanta para regresar a Corea del Sur en calidad de «salida voluntaria», una medida que evita las consecuencias de una deportación formal. Se espera que el avión aterrice en el aeropuerto de Incheon el viernes. Solo un ciudadano surcoreano ha optado por permanecer en EE. UU. para buscar acciones legales y la residencia permanente, respaldado por su familia, que ya cuenta con la ‘green card’.
La liberación, que se retrasó un día de lo previsto, fue influenciada por las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien, según funcionarios de Seúl, alentó a los trabajadores a quedarse. La administración Trump busca una mayor colaboración con las empresas coreanas para revitalizar la industria manufacturera estadounidense, lo que subraya la delicada dicotomía entre la política migratoria de línea dura y los objetivos económicos de EE. UU.
El 4 de septiembre, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvieron a 475 personas en el sitio de construcción, en lo que han calificado como «la mayor operación de aplicación de la ley en un solo lugar en la historia de Investigaciones de Seguridad Nacional». ICE afirmó que los detenidos trabajaban ilegalmente en EE. UU., la mayoría con visas de corta duración, como las de visitante temporal B-1, que prohíben el empleo.
La noticia y la difusión de un video de las autoridades migratorias, que mostraba a los trabajadores surcoreanos encadenados y esposados, causaron conmoción, indignación y un sentimiento de traición en Corea del Sur. Las imágenes generaron dudas sobre si las empresas coreanas pueden operar de manera estable en EE. UU., su único aliado en un tratado de seguridad.
El incidente ha tensado la relación bilateral, a pesar de que solo 10 días antes el presidentecoreano, Lee Jae Myung, y el presidente Trump habían buscado fortalecer su relación personal durante una cumbre en la Casa Blanca. Durante esa reunión, Corea se había comprometido a invertir 350 mil millones de dólares en Estados Unidos.
El ministro de Asuntos Exteriores coreano, Cho Hyun, se puso al frente de los esfuerzos diplomáticos, viajando a Washington para reunirse con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. En esta reunión, Cho propuso la creación de un grupo de trabajo para discutir una nueva categoría de visa para trabajadores coreanos cualificados, a lo que Rubio respondió que lo «revisaría activamente». El ministro también logró la garantía de EE. UU. de que los detenidos no enfrentarán desventajas en el futuro, como restricciones de reingreso.
El ex embajador interino de EE. UU. en Corea del Sur, Rob Rapson, expresó que este incidente es «otro golpe directo a la credibilidad general de EE. UU. como un socio o aliado confiable». La situación puso de manifiesto un problema de larga data: las empresas surcoreanas luchan por encontrar vías estables para enviar a sus trabajadores calificados a EE. UU. a pesar de las grandes inversiones.
Por su parte, el encargado de negocios interino de EE. UU. en Seúl, Joseph Yun, reconoció que el incidente puede ser una oportunidad para resolver y aclarar los problemas de visado de larga data. Yun señaló que los visados están diseñados tanto para fomentar los viajes como para controlar que la mano de obra extranjera no afecte al empleo estadounidense, pero que este incidente demuestra la necesidad de encontrar una solución que facilite las operaciones de las empresas coreanas.
El presidente Trump ha reconocido las críticas a las redadas de inmigración y ha señalado su disposición a explorar formas legales para que las empresas extranjeras inviertan en EE. UU. y traigan a sus trabajadores «inteligentes» y con «gran talento técnico» para contratar y capacitar a trabajadores estadounidenses. Sin embargo, este incidente pone en evidencia la contradicción de la política de Trump, que utiliza aranceles para atraer inversiones mientras aplica una política migratoria de línea dura que genera incertidumbre.
La detención de los trabajadores ha generado una fuerte reflexión en las empresas coreanas sobre la gestión de riesgos y la necesidad de una supervisión rigurosa de las prácticas de empleo de sus contratistas. Aunque no se han anunciado cambios en los planes de inversión a largo plazo de compañías como Hyundai, el incidente sirve como una advertencia sobre los desafíos de hacer negocios en un clima político tan volátil.
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha manifestado sentir «una gran responsabilidad» por la seguridad de los ciudadanos, subrayando que la alianza con EE. UU. es el «fundamento» de su política exterior y de seguridad. La rápida y exitosa resolución de esta crisis, aunque no sin tensiones, muestra que los canales diplomáticos siguen siendo efectivos para abordar conflictos y proteger los intereses de ambas naciones en medio de un complejo panorama geopolítico y económico.
