Un tribunal de China condenó este miércoles a tres años y seis meses de prisión a un ciudadano japonés por cargos de espionaje, según confirmó la Embajada de Japón en Pekín. La sentencia, impuesta por el Tribunal Popular Intermedio N.º 2 de Pekín, recae sobre un empleado de la farmacéutica Astellas Pharma Inc., cuya identidad no ha sido revelada públicamente. El veredicto amenaza con agravar la ya frágil relación entre ambos países.
El embajador japonés en China, Kenji Kanasugi, calificó la decisión judicial como «extremadamente lamentable» y aseguró que su gobierno continuará exigiendo la liberación anticipada del ciudadano y brindándole apoyo consular. Japón ha elevado esta solicitud en varias ocasiones, incluso en la cumbre entre el primer ministro Shigeru Ishiba y el presidente chino Xi Jinping celebrada en Perú el pasado noviembre.
El condenado, un hombre de unos 60 años que se desempeñaba como alto ejecutivo de la filial china de Astellas Pharma y había ocupado un cargo directivo en la Cámara de Comercio e Industria de Japón en China, fue detenido en marzo de 2023, justo antes de regresar a su país. Su arresto formal se produjo en octubre del mismo año, y fue acusado oficialmente en agosto de 2024. El juicio, que se desarrolló a puerta cerrada, tuvo su primera audiencia en noviembre pasado.
Kanasugi, quien asistió a la audiencia de 15 minutos donde se dictó el fallo, dijo que el proceso careció de transparencia desde la perspectiva japonesa. Indicó además que el propio condenado aceptó el veredicto en silencio, aunque aún tiene la posibilidad de apelar dentro de los próximos diez días.
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino, por su parte, defendió el proceso. Su portavoz, Lin Jian, aseguró que el caso se manejó «de acuerdo con la ley» y que se respetaron los derechos del acusado. Lin añadió que China sigue dando la bienvenida a la inversión extranjera, incluyendo la japonesa, siempre que las empresas «cumplan con la legislación local».
Sin embargo, los detalles precisos sobre los presuntos actos de espionaje no fueron divulgados. Esta opacidad, sumada al creciente número de detenciones de extranjeros bajo la ley china de contraespionaje, alimenta las preocupaciones en la comunidad internacional. Desde la entrada en vigor de dicha ley en 2014, al menos 17 ciudadanos japoneses han sido detenidos en China por acusaciones similares. Actualmente, cinco de ellos siguen en el país, según datos del gobierno japonés.
Este mismo año, otro ciudadano japonés fue condenado en Shanghái a 12 años de prisión por cargos también relacionados con espionaje. Japón ha elevado una «firme solicitud» a la embajada china en Tokio para que libere a sus nacionales detenidos, los trate de forma humanitaria y garantice mayor transparencia en sus procesos judiciales, según informó el Ministerio de Exteriores japonés tras la sentencia.
Kanasugi advirtió que estos casos representan «uno de los mayores obstáculos» para promover los intercambios personales entre Japón y China, además de afectar negativamente la percepción pública mutua.
La versión revisada de la ley de contraespionaje, en vigor desde 2023, amplía considerablemente el alcance de lo que puede considerarse como actividad de espionaje, lo que ha generado inquietud entre empresas extranjeras y comunidades expatriadas. Como reflejo de ese clima, el número de ciudadanos japoneses viviendo en China cayó por debajo de los 100.000 por primera vez en dos décadas, con 97.538 registrados en octubre de 2023, según cifras oficiales.
