La relación entre Estados Unidos y Japón se encuentra en un punto de tensión ante la insistencia del presidente Donald Trump de que Tokio incremente su contribución económica para mantener a las tropas estadounidenses en su territorio. La reciente declaración del nominado a embajador de Washington en Japón, George Glass, confirmó que la administración estadounidense espera que el gobierno japonés asuma una mayor carga financiera en materia de defensa.
Durante una audiencia en el Senado, Glass argumentó que la sofisticación militar de China ha elevado significativamente los costos para mantener una postura disuasoria efectiva en la región. Actualmente, Japón aporta aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales para el sostenimiento de las bases militares estadounidenses en su territorio, pero la Casa Blanca busca incrementar esa cifra. La presión no es nueva: en su primer mandato, Trump exigió un pago de 8.000 millones de dólares anuales, y algunos analistas sugieren que podría insistir en una cifra mayor esta vez.
El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha indicado estar dispuesto a aumentar moderadamente el gasto en defensa, pero el temor en Tokio es que ceder a estas presiones allane el camino para demandas cada vez más elevadas. «Si Japón cede ahora, se volverá vulnerable y las exigencias de Washington no tendrán fin», señaló Ben Ascione, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Waseda de Tokio.
La exigencia de Trump ha avivado el escepticismo en Japón sobre la confiabilidad de Washington como socio estratégico. La opinión pública japonesa ha sido especialmente crítica respecto a la voluntad de Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones de defensa, incluso si Japón accede a aumentar sus contribuciones. El descontento ha crecido tras los constantes cambios en la política exterior de Trump, incluyendo su crítica a la OTAN y su reticencia a brindar un respaldo inquebrantable a Ucrania en su guerra con Rusia. «Como vemos en Ucrania, Estados Unidos puede retirarse cuando le conviene», comentó un usuario en la plataforma de noticias Tokyo Broadcast News. Otro usuario cuestionó: «¿Es razonable pagar más por una defensa que no está garantizada?».
Además de la presión financiera, Tokio también enfrenta una amenaza en el ámbito comercial. La administración de Trump ha considerado la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio japoneses, lo que ha generado preocupación en la industria y en el gobierno nipón. Ishiba ha buscado un diálogo con Washington para evitar estas medidas, pero el ambiente diplomático sigue siendo incierto.
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Japón se ha comprometido a incrementar su gasto en defensa al 2% del PIB para 2027, un objetivo alineado con las demandas de la OTAN, aunque aún por debajo del 5% que Trump ha exigido a los aliados europeos. En 2024, el gasto en defensa japonés representó el 1.6% del PIB, por lo que alcanzar la meta del 2% requerirá un esfuerzo presupuestario considerable.
Sin embargo, la economía japonesa enfrenta obstáculos. Según un informe del gobierno, el PIB nominal del país alcanzó un récord de 609 billones de yenes (4.1 billones de dólares) en 2024. Aunque esto es positivo en términos de crecimiento, también implica que el gasto en defensa deberá aumentar proporcionalmente para cumplir con la meta establecida. Con un crecimiento económico sostenido, la presión para destinar más recursos a la defensa podría generar tensiones dentro del gobierno japonés.
Trump y el tratado de seguridad con Japón
Otro factor que agrava la situación es la retórica de Trump sobre el tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón. El presidente estadounidense ha cuestionado públicamente la equidad del acuerdo, argumentando que obliga a Estados Unidos a defender a Japón sin que haya una obligación recíproca por parte de Tokio. «Tenemos un acuerdo interesante con Japón: nosotros tenemos que protegerlos, pero ellos no tienen que protegernos a nosotros. ¿Quién hace estos tratos?», dijo Trump en una conferencia de prensa.
El pacto de seguridad entre ambos países fue diseñado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, cuando impuso la Constitución pacifista de Japón en 1947. En 1951, se firmó el primer Tratado de Seguridad, permitiendo a Washington establecer bases militares en suelo japonés. En 1960, el acuerdo fue revisado para comprometer a Estados Unidos a defender a Japón en caso de ataque, sin exigir la misma obligación de Tokio hacia Washington.
En la actualidad, aproximadamente 60.000 tropas estadounidenses están estacionadas en Japón, principalmente en Okinawa. Aunque Trump insiste en que el acuerdo es injusto, expertos en seguridad argumentan que la presencia militar estadounidense en Japón no solo protege a Tokio, sino que también refuerza la posición estratégica de Washington en la región del Indo-Pacífico, permitiéndole monitorear a China y responder rápidamente a crisis en Asia.
Las crecientes demandas de Washington han impulsado un debate dentro de Japón sobre la necesidad de fortalecer su independencia en materia de defensa. Algunos sectores políticos han planteado la posibilidad de desarrollar nuevas alianzas con países como Australia, India y naciones europeas. Además, se ha discutido la posibilidad de revisar el Artículo 9 de la Constitución, que prohíbe a Japón mantener fuerzas militares con capacidad ofensiva.
Los ciudadanos también están divididos. Mientras algunos consideran que Japón debe asumir un papel más activo en su propia defensa, otros temen que un distanciamiento de Estados Unidos debilite la seguridad del país frente a potencias como China y Corea del Norte.
En este contexto, el futuro de la relación entre Japón y Estados Unidos depende de las negociaciones en curso. La administración de Ishiba se enfrenta a un desafío complejo: equilibrar las demandas de Washington sin comprometer la estabilidad económica y política del país.
Colaboradora en ReporteAsia.
