El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong-hyun, intentó quitarse la vida en el Centro de Detención Dongbu, ubicado en el distrito de Songpa, al este de Seúl. Kim, quien enfrenta cargos de insurrección tras una controvertida declaración de la ley marcial, fue encontrado intentando ahorcarse en un baño de la instalación a las 11:52 p.m. del martes. El Ministerio de Justicia informó que, gracias a la rápida intervención del personal de seguridad, el intento fue frustrado y actualmente se encuentra en estado estable.
Se desata un debate político y judicial
Según el Ministerio de Justicia, Kim usó una soga improvisada hecha con su ropa interior para intentar ahorcarse. Poco antes del suceso, un tribunal había emitido una orden de arresto formal en su contra en medio de la investigación que se desarrolla en torno a los eventos de la semana pasada.
“Inmediatamente se envió a personal para impedírselo”, declararon funcionarios del ministerio, los cuales añadieron que, tras recibir atención médica, el ex funcionario no presentaba daños graves y que se encuentra bajo custodia en condiciones normales.
El legislador Jung Chung-rai, del Partido Democrático (DP, por sus siglas en inglés) y presidente del Comité Parlamentario Legislativo y Judicial, han comentado que especulan que el intento de suicidio de Kim podría haberse debido a la presión psicológica que enfrenta al ser considerado responsable único de los hechos, mientras que el presidente Yoon Suk Yeol, también implicado, no ha sido acusado formalmente. Sin embargo, el ministro de Justicia, Park Sung-jae, negó estas afirmaciones y señaló que no hay evidencia que respalde esta teoría.
La declaración de la ley marcial y sus consecuencias
Como se mencionó más arriba, Kim Yong-hyun fue arrestado bajo la acusación de conspirar con el presidente Yoon para imponer la ley marcial la semana pasada. Esta medida, que solo estuvo en vigor durante seis horas, generó un escándalo nacional y protestas masivas. Las tropas fueron desplegadas en la Asamblea Nacional y en la sede de la Comisión Electoral Nacional, supuestamente para impedir que los legisladores votaran contra el decreto. Finalmente, el parlamento logró anular la medida antes del amanecer del 4 de diciembre.
Según la fiscalía, el ex ministro desempeñó un papel central en la planificación y ejecución de la ley marcial, lo que podría constituir un acto de rebelión. La insurrección es un delito grave en Corea del Sur que puede ser castigado con la pena de muerte, cadena perpetua o al menos cinco años de prisión, según sea el caso.
La oposición impulsa la investigación independiente contra el presidente Yoon
El caso ha intensificado la tensión política en Corea del Sur. El Partido Democrático, la principal oposición, ha criticado la falta de acción contra el presidente Yoon, a quien consideran el principal responsable de la declaración de la ley marcial.
Este martes 10 de diciembre, el parlamento aprobó una ley para designar a un fiscal especial independiente que investigue tanto al presidente del país como a varios oficiales militares y policiales implicados en el caso.
Durante una audiencia parlamentaria, Kwak Jong-keun, comandante del Comando de Guerra Especial del Ejército, testificó que recibió órdenes directas de Kim para evitar que los legisladores accedieran a la cámara principal de la Asamblea Nacional. El comandante también reveló que Yoon lo contactó directamente para instar a las tropas a expulsar por la fuerza a los legisladores.
Otros testimonios han implicado a figuras de alto nivel en un plan para usar la ley marcial como herramienta política. Kim Dae-woo, de la agencia de contrainteligencia militar, declaró que su comandante, Yeo In-hyung, evaluó la posibilidad de detener a opositores políticos en un búnker del Ejército. Estas declaraciones han aumentado la presión para que se investigue al presidente, quien también enfrenta acusaciones de intentar consolidar su poder eliminando a sus rivales progresistas.
Implicaciones de la ley marcial en Corea del Sur
La ley marcial en Corea del Sur implica la transferencia temporal del poder civil a las autoridades militares, generalmente en situaciones de emergencia extrema como guerras o rebeliones. Históricamente, su aplicación ha generado controversia, como ocurrió durante el Levantamiento de Gwangju en 1980. Esta medida permite restricciones severas a los derechos civiles, incluyendo censura, toques de queda y la intervención militar en funciones civiles.
En este caso, muchos expertos y políticos han argumentado que la declaración de la ley marcial fue inconstitucional, ya que Corea del Sur no enfrentaba una emergencia comparable a una guerra. Además, la utilización de tropas para impedir el funcionamiento del parlamento ha sido calificada como un acto de rebeldión.
