La administración del presidente Donald Trump anunció esta semana la revocación de autorizaciones de seguridad a 37 funcionarios actuales y antiguos de seguridad nacional, en una medida que críticos califican como un acto de represalia destinado a acallar disensos dentro de la comunidad de inteligencia.
Los afectados incluyen exintegrantes del equipo de seguridad nacional del expresidente Joe Biden, así como exfuncionarios de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. La lista fue publicada por la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, aunque no está claro cuántos de los mencionados mantienen aún credenciales activas.
Entre los señalados figura Joel Willett, exoficial de la CIA y veterano militar que trabajó en la Sala de Situación de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. “Creo que hay una profunda tristeza y decepción de que esto sea en lo que se ha convertido nuestro país en 2025”, declaró tras recibir la notificación.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha usado la revocación de credenciales como táctica contra adversarios políticos. En su primer día en el cargo retiró las autorizaciones a más de 50 exfuncionarios de inteligencia que en 2020 habían firmado una carta sugiriendo que la polémica sobre la computadora portátil de Hunter Biden tenía señales de una operación rusa de desinformación.
Entre ellos figuraban altos exdirectores de inteligencia como James Clapper, John Brennan y Leon Panetta, así como John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional y posteriormente crítico de Trump.
El mandatario también ordenó suspender el acceso a información clasificada del propio Joe Biden y de antiguos altos cargos de su administración, como la exvicepresidenta Kamala Harris y el exsecretario de Estado Antony Blinken.
Otros adversarios en la mira
Otros críticos de Trump también han sido objeto de estas medidas, entre ellos Andrew Weissmann, exfiscal del equipo que investigó la injerencia rusa en 2016; Alvin Bragg, fiscal de distrito de Manhattan que procesó a Trump por pagos de encubrimiento; y Mark Zaid, abogado especializado en casos de seguridad nacional, quien presentó una demanda alegando “represalia política indebida”.
Las revocaciones también alcanzaron a bufetes de abogados con los que Trump mantiene enfrentamientos. En órdenes ejecutivas firmadas este año, intentó suspender autorizaciones a firmas como Perkins Coie, WilmerHale, Susman Godfrey y Jenner & Block. Todas presentaron demandas y lograron que los tribunales bloquearan las medidas.
Críticos advierten que, aunque el impacto práctico de las suspensiones es incierto, el efecto político es claro: “se busca intimidar a la comunidad de inteligencia para que no llegue a conclusiones contrarias a los intereses del presidente”, señaló un exfuncionario afectado.
