El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes tras una orden de la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad vinculados a su controvertida «guerra contra las drogas». Duterte, de 79 años, fue detenido en el aeropuerto de Manila a su regreso de Hong Kong, donde realizaba campaña política de cara a las elecciones municipales del 12 de mayo.
El gobierno filipino confirmó que la Interpol entregó formalmente la orden de arresto emitida por la CPI y que el exmandatario quedó bajo custodia de las autoridades nacionales. “Al arribar a Manila, el fiscal general presentó la notificación de detención contra el expresidente Duterte por crímenes de lesa humanidad”, informó la Oficina de Comunicaciones Presidenciales en un comunicado.
Por su parte, el CPI emitió un comunicado dando las razones de la captura y los pasos a seguir:
La Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) celebra el arresto y la transferencia del sospechoso Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, el 11 de marzo de 2025 por parte de las autoridades de la República de Filipinas. Duterte ha sido detenido en el marco de la investigación en curso de la Oficina sobre la situación en la República de Filipinas.
Basándose en sus investigaciones independientes e imparciales, la Oficina del Fiscal sostiene que Duterte, como fundador y líder del Escuadrón de la Muerte de Davao, luego como alcalde de la ciudad de Davao y posteriormente como presidente de Filipinas, es penalmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato (artículo 7(1)(a) del Estatuto de Roma), cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Se le acusa de haber cometido estos crímenes como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil.
En la orden de arresto emitida el 7 de marzo de 2025, la Sala de Cuestiones Preliminares I determinó que existen motivos razonables para creer que Duterte tiene responsabilidad penal por el crimen de lesa humanidad de asesinato. La Sala también señaló que el caso contra Duterte entra dentro de la jurisdicción de la Corte, ya que los crímenes presuntamente ocurrieron durante el período en que Filipinas era un Estado Parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
El arresto de Duterte es un desarrollo significativo en la búsqueda de la Oficina de rendición de cuentas en la situación en la República de Filipinas por los presuntos crímenes cometidos en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”.
La Oficina ha podido llevar a cabo este trabajo gracias a los esfuerzos coordinados de su Equipo Unificado de Filipinas, bajo la dirección del Fiscal Adjunto Mame Mandiaye Niang, así como de su recientemente establecida Sección de Rastreo y Fusión de Información y otros componentes relevantes de la Oficina. Asimismo, la Oficina reconoce el trabajo del Registro y la eficaz coordinación de esfuerzos para garantizar la detención del sospechoso.
Este es un paso crucial en nuestro trabajo continuo para garantizar la rendición de cuentas por parte de los responsables de los crímenes más graves bajo la jurisdicción de la CPI. La Oficina ahora inicia los preparativos para la comparecencia inicial y los procedimientos judiciales subsiguientes ante la Corte.
La Oficina desea agradecer a todas las víctimas, sobrevivientes, testigos y activistas de Filipinas que han dado un paso adelante para cooperar en la investigación. Su fortaleza, valentía y perseverancia hacen posible estos avances significativos. Aquellos que deseen seguir cooperando o que tengan información relevante son alentados a hacerlo a través del portal de Apelación a Testigos de la Oficina.
La investigación de la Oficina sobre la situación en la República de Filipinas continúa. En su búsqueda de mayor rendición de cuentas en este caso, la Oficina espera entablar diálogo con las autoridades filipinas sobre posibles vías de cooperación y seguirá contando con la colaboración de las autoridades nacionales, organizaciones regionales e internacionales, la sociedad civil y las comunidades afectadas por los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.
