Las constituciones socialistas fueron la principal norma jurídica con la que los partidos marxista-leninistas procuraron organizar políticamente el Estado y superar la contradicción liberal entre imperium y dominium –derecho público y derecho privado– forjando el camino hacia el comunismo. Estas constituciones tuvieron por característica principal la síntesis de política y economía a través de principios y prescripciones en torno a la socialización del aparato productivo y del aparato político del Estado.
Si bien desde una óptica marxista toda constitución contiene un componente ideológico, como abstracción de las condiciones materiales de existencia, las constituciones socialistas buscaron dialectizar (mediar) jurídicamente la contradicción entre política y economía, al postular al Estado como propietario dominante de los medios de producción y como aparato político en manos del pueblo en una fase ineludible en la construcción de una sociedad sin capitalismo y, por lo tanto, sin Estado. En esta fase, la propiedad estatal y colectiva de los medios de producción que las constituciones socialistas prescribían tuvo por correlato una economía planificada y centralizada bajo la burocracia del Partido.
Con la crisis económica y el posterior derrumbe de los Estados socialistas a fines de la década del ochenta y, en especial, con el colapso de la URSS, los estados marxista-leninistas aún en pie debieron implementar reformas económicas con miras a conservar la estabilidad política y a revitalizar la economía en un contexto geopolítico unipolar y de hegemonía global del capital. Estas reformas económicas, en su mayoría agenciadas por el Consenso de Washington y su terapia de shock, se vieron reflejadas en (y legitimadas por) reformas constitucionales con el fin de dotar de un marco legal al capital privado, concebido este como catalizador de las fuerzas productivas.
La República Popular China (RPC), distanciada en los años sesenta de la URSS y cercana en los años setenta a los EEUU, fue pionera en la reforma de su Constitución (1982) secundada a comienzos de la década del noventa por las tres repúblicas marxista-leninistas que aún se sostenían: Lao (1991), Vietnam (1992) y Cuba (1992). Si bien la Constitución de la URSS de 1977 se anticipó a la Constitución china de 1982, fue esta última la que por primera vez reconoció que el Estado ha de implementar un «socialismo de mercado». Asimismo, la República Democrática Popular de Corea reformó su Constitución en 1972, pero adoptó el socialismo al estilo juche como ideología superadora del marxismo-leninismo.
A diferencia de los socialismos reales de Occidente previo a su colapso económico, el socialismo de la RPC operó a partir de 1978 modificaciones tácticas para evitar el debilitamiento del Partido, de la capacidad de intervención del Estado en la economía y la clausura del proyecto socialista. Si los primeros buscaron enfrentar al capitalismo mediante la aceleración de las fuerzas productivas bajo monopolio de la propiedad estatal, el segundo buscó acelerar esas fuerzas mediante la incorporación del capitalismo. Y, para ello, descentralizó la propiedad estatal en gobiernos locales, adoptó mecanismos de competencia y gestión corporativa de las empresas públicas, reconoció la propiedad privada de los medios de producción, consolidó las empresas mixtas y mantuvo el control estatal sobre recursos estratégicos (Harvey, 2007).
En este contexto, las reformas y enmiendas de la Constitución de la RPC reportan un interés especial, pues condensan los principales postulados ideológicos del Partido Comunista Chino (PCC). Sus cambios revelan cómo se articula y jerarquiza el poder político y el poder económico, el socialismo y el capitalismo, la vanguardia y la masa, la propiedad pública y la propiedad privada.
El estudio de la Constitución de la RPC ofrece elementos para entender mejor cómo China transitó de una economía planificada a una orientada al mercado, y cómo esa transición se llevó a cabo de manera gradual y meticulosa bajo las directrices del Partido. Describir el proceso de reforma y enmienda de la Constitución china a lo largo de sus setenta años nos brinda algunas pautas sobre el arte de gobierno del PCC.
La reintroducción de la propiedad privada de los medios de producción; el desplazamiento de la cuestión de clase por la cuestión nacional; la importancia que adquiere la propiedad pública de los medios de producción como instrumento económico y político del PCC; y su rol determinante en todo este proceso, son algunas de las cuestiones que la Constitución de la RPC ofrece para el análisis de la China contemporánea.
En lo que sigue, se propone estudiar la relación entre Partido y propiedad privada a partir de la Constitución de 1954 y sus sucesivas reformas y enmiendas, reconociendo en su Ley Suprema un elemento primordial del orden jurídico-económico socialista. La resonancia de la Constitución en todo el aparato político y económico de la RPC (definiendo las coordenadas soberanas de lo legal e ilegal) la convierten en un objeto de análisis clave para pensar el socialismo chino en las primeras décadas del siglo XXI.
Las constituciones marxista-leninistas, derecho y economía
Para comprender el fundamento ideológico de las constituciones marxista-leninistas del bloque soviético es necesario retomar las consideraciones de Marx y Lenin sobre el programa comunista. Estas consideraciones permiten aclarar dos aspectos centrales de la teoría marxista presentes en las constituciones de los socialismos reales: por un lado, el carácter transicional del capitalismo al comunismo y, por otro, la relación sistémica y contradictoria de elementos precapitalistas y capitalistas en los Estados socialistas. En su Crítica al Programa de Gotha (1875), Marx explica cómo estas dos dimensiones dan cuenta de las contradicciones del orden jurídico en la fase incipiente del comunismo, señalando que:
[…] estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. (Marx y Engels, 2004, p. 30)
Para Marx, en la primera fase del comunismo la norma jurídica se encuentra doblemente condicionada. Por un lado, por la emergencia desde la sociedad capitalista (un largo y doloroso parto) y por otro, por la estructura económica con la que se relaciona con defectos inevitables. Desarrollo, estructura económica y contradicción se convierten en las ideas centrales del debate acerca de la producción de normas jurídicas en las experiencias socialistas posteriores a 1917. Por otro lado, y en anotaciones subsiguientes, Marx se pregunta por la transformación del régimen estatal bajo el comunismo y por la subsistencia de funciones sociales análogas a las del Estado. A lo que responde:
Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado (2004, p. 41).
En 1917, Lenin retoma estas glosas marginales, tanto en las Tesis de Abril como en su escrito El Estado y la Revolución, apuntando que, si bien la primera fase del comunismo no podrá proporcionar justicia ni igualdad, no será posible ya la explotación del hombre por el hombre, porque los medios de producción privados se abolirán y el proletariado será la clase dominante. Esta es una primera fase del comunismo necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas hacia la sociedad comunista, en la que la estructura económica pasará a estar bajo el control político del proletariado y las contradicciones aún persistentes se resolverán en favor de una sociedad sin clase (Lenin, 2009).
Para Lenin la conducción del proletariado es una tarea del Partido, el Estado deviene un instrumento transitorio del Partido, y la producción social y la distribución de los productos estará bajo el control de los sóviets. Este voluntarismo de Lenin y los bolcheviques permite entrever el carácter instrumental que asumirá el Estado y el derecho soviéticos (Faraldo, 2001).
En 1918, la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR), la primera constitución socialista de la historia, normará estas ideas en sus dos primeros capítulos. El primero, declara la república de los sóviets de diputados obreros, soldados y campesinos, «a los que pertenece todo el poder central y el poder local». El segundo, decreta la transferencia sin indemnización a las masas trabajadoras de la propiedad individual sobre la tierra y propiedades rústicas declarada como parte del dominio público (art. 3).
Los otros incisos del artículo aclaran que «todas las aguas y bosques, suelo y subsuelo, que ofrezcan interés público, así como el material y herramientas, el ganado, las granjas modelos y las explotaciones agrícolas, son declarados bienes públicos» (inc. b). Además, «quedan ratificadas las leyes de inspección obrera y la ley del Consejo Superior de la Economía Nacional, como primeros pasos hacia la transferencia de las fábricas, industrias, minas y ferrocarriles y otros medios de la producción y de transporte […]» a la RSFSR (inc. c). Finalmente, se decreta «la anulación de préstamos negociados por los Gobiernos del zar, de propietarios y de la burguesía» (inc. d), y «la nacionalización de los bancos» (inc. e).
La Constitución del 1918 servirá de modelo a las constituciones de las repúblicas socialistas de Azerbaiyán, Ucrania, Armenia y Georgia, adoptadas entre 1919 y 1922. Destacan estas por combinar el centralismo político y económico con la dominación de clase ejercida por los sóviets. En este sentido, Dardot y Laval (2021) señalan cómo la convivencia de «sansimonismo de los sóviets» y «blanquismo de Partido» (p. 631) al interior del bolchevismo, que a partir del X Congreso prohibió las tendencias facciosas, hubiera desconcertado a Marx. Este centralismo se acentuará en las constituciones de la URSS de 1924 y 1936. Esta última, considerada ley fundamental, pero que paradójicamente contó con la influencia decisiva de Stalin, sirvió de modelo a la primera Constitución de la República Popular China de 1954.
En lo que respecta a la Constitución de 1936 de la URSS, contiene por primera vez en la historia constitucional, siete artículos de su primer capítulo dedicados a determinar las características del régimen de propiedad socialista. En este aspecto, Faraldo (2001) y Arch Getty (2013) describen y analizan las percepciones de trabajadores y campesinos respecto a la nueva normativa y su nivel de participación.
Esta correlación entre Partido y propiedad, mediada por el derecho cual fuente de legitimación política, será una constante de las constituciones marxista-leninistas, en especial, la de la República Popular China a partir de 1954.
La primera Constitución de la RPC
En 1952, Stalin responde negativamente a Liu Shaoqi quien le confiaba en una carta su satisfacción con el Programa Común de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino como documento base para la organización política del Estado en la transición hacia el socialismo. El Programa Común había sido adoptado en septiembre de 1949 luego de la victoria de la revolución socialista en la Primera Sesión Plenaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Como señala Li (2020), este Programa compartiría mucho con la Constitución de 1954 y fue muy significativo en la historia del gobierno constitucional.
Sin embargo, para Stalin este documento era insuficiente, China necesitaba una Constitución. Así, en un tercer intento buscó convencer a Mao de promulgar una constitución socialista argumentando que solo una constitución podía dotar de legalidad al proceso político ante la nación y el mundo. Stalin veía en la Constitución de la RPC una fuente retroactiva de legitimidad para el Partido, y una manera de acercar a China al bloque soviético imitando lo hecho en materia constitucional por Albania en 1946 y Polonia en 1952 (Martínez Mitchell, 2023).
El tercer intento de Stalin dio su fruto. El 13 de enero de 1953 el Comité Central del Gobierno Popular creó el Comité para el Proyecto de Constitución de la República Popular China. El 20 de enero la 20a Reunión de la Comisión Central del Gobierno Popular adoptó la decisión de avanzar en la redacción de una constitución estatal. Ese mismo año se nombró un Comité de Redacción de la Constitución, presidido por Mao Zedong e integrado por los líderes del Partido Deng Xiaoping, Peng Zhen, Dong Biwu, Li Weihan, Zhang Jichun, Hu Qiaomu, Tian Jiaying y Chen Boda. El proceso inicial de redacción fue dirigido en gran medida por Mao y este grupo durante su estancia en el Lago del Oeste de Hangzhou, desde el 24 de diciembre de 1953 hasta principios del año siguiente.
Si bien se consultaron muchas constituciones extranjeras, los modelos constitucionales en los que Mao hizo hincapié fueron los de la Unión Soviética.
El 14 de junio de 1954 el Comité Central del Gobierno Popular publicó el proyecto de Constitución para que toda la nación lo debatiera en un plazo de tres meses. El 20 de septiembre de 1954, en la primera sesión del Primer Congreso Nacional Popular se aprobó la Constitución de la República Popular China mediante votación secreta. En el discurso pronunciado el 15 de junio de 1954 ante la 30o Sesión del Consejo del Gobierno Popular Central, Mao reconocía los argumentos de Stalin:
¿Tendrá o no este proyecto, una vez publicado, repercusión en el extranjero? Sí, la tendrá tanto en el campo democrático como en los países capitalistas. La gente del campo democrático se regocijará al ver que hemos trazado un camino claro, definido y correcto. (Mao, 2013, p. 155)
Mao destacaba dos virtudes de la primera constitución socialista de la RPC. La primera es la síntesis de «las experiencias del pasado, en particular, las de la revolución, y las relativas a la cuestión constitucional acumuladas a partir de los últimos años de la dinastía Qing». Esta experiencia se nutría ahora de «lo que hay de positivo en las constituciones de la Unión Soviética y las democracias populares» (2013, p. 152). La segunda virtud de la nueva constitución era la integración de la fidelidad de los principios democrático-populares y socialistas con la flexibilidad.
Si bien la Constitución de la RPC de 1954 tuvo por modelo a la Constitución soviética de 1936, en materia de gobierno y propiedad mostraba algunas diferencias importantes. En primer lugar, su preámbulo consagraba el inicio de una «dictadura democrática-popular» en «una época de transición» desde la fundación de la RPC hasta la sociedad socialista. Asimismo, señalaba que «los órganos a través de los cuales el pueblo ejerce el poder son la Asamblea Popular Nacional y los congresos populares locales. La Asamblea Popular Nacional, los congresos populares locales y otros órganos del Estado practican el centralismo democrático» (art. 2).
La Asamblea Popular Nacional (APN) contaba con un Comité Permanente (art. 30) y el Estado tenía, además, un presidente (art. 37) al mando de las fuerzas armadas y del Consejo Nacional de Defensa (art. 42), así como un Consejo de Estado (art. 47). Si bien esta estructura de gobierno era similar a la de la URSS, la figura ejecutiva del presidente de Estado, y la existencia de un Comité Permanente de la APN representaban una importante novedad.
Por otro lado, en materia de propiedad, la Constitución consignaba diez artículos (del 4 al 14) dedicados al régimen de propiedad en los que reconocía la propiedad estatal, es decir, la propiedad de todo el pueblo; la propiedad cooperativa; la propiedad individual del trabajo; y la propiedad capitalista (art. 5). La existencia de esta última se explicaba en el art. 10:
El Estado protege la propiedad de los capitalistas sobre los medios de producción y otros capitales de acuerdo con la ley. El Estado adopta una política de utilización, restricción y reforma de la industria y el comercio capitalistas […]
Para el PCC, la propiedad capitalista debía ser reconocida constitucionalmente en una primera fase de desarrollo de las fuerzas productivas, aprovechando sus funciones positivas hasta conseguir gradualmente su sustitución por la propiedad de todo el pueblo, es decir, por la propiedad estatal (art. 15).
El Partido y la propiedad en las enmiendas de 1988 a 2018
El 12 de abril de 1988, la primera sesión de la Séptima APN añade algunas disposiciones que autorizan «la existencia y desarrollo de la economía privada dentro de los límites prescritos por la ley», al tiempo que reconoce al sector privado de la economía como un «complemento de la economía pública socialista» (Enmienda a la Constitución de la RPC, 1988, art. 11). Asimismo, levanta la prohibición del arrendamiento de tierras, permitiendo la transferencia del derecho de uso de la tierra de conformidad con la ley (art. 10). Ese año se sanciona la ley de empresas industriales propiedad del pueblo, que amplía las disposiciones sobre administración de la propiedad estatal, facilitando a sus gestores mayor autonomía en la administración de las empresas ahora con orientación en el mercado. También se revisa la ley de administración de la tierra (propiedad del Estado), autorizando la transmisión de derechos de uso más amplios a entidades privadas. Asimismo, y por solicitud de los Estados Unidos se promulga en 1990 la ley de derecho de autor (Potter, 2005). En 1992, en pleno colapso de la Unión Soviética, y bajo la administración de Jiang Zemin, se incorpora en el informe ante el XIV Congreso del Partido la expresión «economía de mercado socialista» (Jeffreys, 2009). Ese mismo año, China adhiere al Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y a la Convención Universal sobre Derecho de Autor.
El 29 de marzo de 1993, la primera sesión de la Octava APN revisó nuevamente la Constitución, realizando seis enmiendas. Entre ellas, se repuso la idea de transición presente en la de 1954, afirmando que China estaba en la primera fase del socialismo y que concentraría «sus esfuerzos en la modernización conforme a la teoría de la construcción del socialismo con características chinas» (Enmienda a la Constitución de la RPC, 1993, preámbulo). La APN no omitió la importancia del PCC en el proceso de Reforma y Apertura, al agregar en el preámbulo que el «sistema de cooperación multipartidista y consulta política dirigido por el Partido Comunista de China existirá y se desarrollará durante mucho tiempo». Las demás enmiendas flexibilizaron gradualmente el régimen de propiedad y de planificación económica. En el artículo 7 se afirma que la economía estatal (de propiedad pública) será la fuerza rectora de la economía nacional, y en el artículo 15 se modifica la sentencia «el Estado practica la economía planificada sobre la base de la propiedad pública socialista», por esta otra: «el Estado practica una economía de mercado socialista». A esto, el artículo 15 se añade como recordatorio del poder público que el Estado fortalece su regulación de la economía y prohíbe que cualquier entidad o individuo altere el orden socioeconómico. Por su parte, en los artículos 16 y 17 se suprimen las orientaciones económicas del plan estatal, como corolario de la sustitución de la economía planificada por la economía de mercado socialista.
Durante estos años, China avanza con la privatización y reconversión de empresas públicas, conservando las grandes y deshaciéndose de las pequeñas bajo el principio de zhuada fangxiao. Aprovechando este impulso reformista, el 15 de marzo de 1999 la Segunda Sesión de la Novena APN realizó nuevas enmiendas. Se añadió al preámbulo que China seguirá en la primera fase del socialismo durante mucho tiempo, bajo la guía del pensamiento de Mao y la teoría de Deng Xiaoping, para lograr, entre otras cosas, «el desarrollo de la economía socialista de mercado» (Enmienda a la Constitución de la RPC, 1999, preámbulo). Además, se refuerza el carácter institucionalista y legal de la RPC, agregando al artículo 5 que se «construye un país socialista bajo el imperio de la ley». En cuanto al régimen de propiedad, el artículo 6 es intervenido en una clara señal hacia la flexibilidad elogiada por Mao. Se afirma ahora que en: la etapa primaria del socialismo, el Estado mantiene el sistema económico básico en el que domina la propiedad pública y coexisten diversas formas de propiedad y mantiene el sistema de distribución en el que domina la distribución según el trabajo y coexisten diversas formas de distribución.
Por su parte, el artículo 16 flexibiliza las operaciones de la propiedad colectiva rural, y el artículo 17 reconoce al sector individual y privado de la economía y su importancia, al señalar que los sectores no públicos de la economía que operen dentro de la ley son un engranaje importante de la economía socialista de mercado. Finalmente, el artículo 28 modifica la amenaza de las actividades contrarrevolucionarias por la amenaza de las «actividades criminales», alejándose de la retórica maoísta, pero ampliando la órbita de lo punible. En 1999, las reformas de mercado se habían consolidado; como contracara, la liberalización de precios y las privatizaciones provocaron un aumento del desempleo, una baja en los salarios y grandes dificultades en el acceso a los servicios públicos para los asalariados. Las huelgas, la represión y la conflictividad social durante la administración de Jiang Zemin habían ido en aumento (Fewsmith, 2008; Friedman, 2014). A la gran migración de campesinos a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, se sumaban las expropiaciones de viviendas particulares con fines comerciales y sin una justa compensación por parte de los Gobiernos locales.
Ese mismo año era posible identificar ya en el terreno tres tipos de propiedad de los medios de producción entre la pública y la privada. Esto es, la empresa pública reformada (con cesión parcial de derechos de control e ingresos a las empresas y sus directores); la empresa pública contratada (con contratación de un gestor para la administración del capital público), y los bienes públicos arrendados (donde el arrendatario asume todos los derechos de control e ingresos a cambio de pagos fijos de alquiler) (Oi y Walder, 1999).
Conclusión
Tras un siglo de sancionada la primera Constitución comunista, la última enmienda a la Constitución de la RPC dibuja una línea accidentada en la historia de las repúblicas socialistas, marcada por nacimientos, muertes, caídas y ascensos. En el primer apartado se presentaron los postulados marxista-leninistas que atraviesan las constituciones de los socialismos reales, resumida en la contradic- ción entre Partido y régimen de propiedad.
Esta contradicción se evidenció en la Constitución de la URSS de 1936 que serviría luego de modelo a la primera Constitución de la RPC, aunque bajo una concepción maoísta todavía cauta sobre el proceso revolucionario y la etapa inicial del socialismo. Por el contrario, la reforma de 1975 cargaba con el impulso transformador del Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. La reforma de 1978 anticipó el proceso de Reforma y Apertura que luego se normó en la Constitución de 1982 y que reenviaba a la de 1954, especialmente, en lo tocante al régimen de propiedad y a la institucionalización política.
Las sucesivas enmiendas a la Constitución de 1982 analizadas en el último apartado permitieron ver la combinación de la flexibilidad económica (enmiendas de 1988, 1993, 1999 y 2004) con la fidelidad política (enmienda de 2018). Esto es, la búsqueda de un equilibrio entre los alcances de la economía capitalista (la propiedad privada) y los intereses del PCC (el custodio del pueblo y de la propiedad pública).
Para finalizar, el artículo ofrece una lectura de la Constitución china como documento normativo fundamental, tanto por lo que instituye y prescribe, como por la serie de cambios y revisiones a las que el propio texto fue sometido a lo largo de seis décadas: una muestra, no solo de la importancia que la Ley Fundamental tiene para el PCC, sino también de su condición plástica. Esta condición sirve de metáfora a la propia RPC bajo el liderazgo del Partido: la incesante revisión y ajuste de la práctica de gobierno mediando entre los principios doctrinarios del socialismo y el curso de la historia. Esta práctica ha sido la característica distintiva de las constituciones socialistas desde 1918, signadas por la contradicción entre Estado y economía, Partido y régimen de propiedad.
Si, como afirmó Marx, el derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural alcanzado por la sociedad, la Constitución de la RPC cabe ser tenida por un eslabón fundamental que se tensa y afloja en la larga cadena de la historia socialista.
Maximiliano Lagarrigue es Doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales.
