En 2013, la empresa minera china Chinalco (中国铝业集团有限公司) desató una conversación internacional sobre los impactos extractivos al anunciar que había reubicado con éxito a toda una ciudad en Perú de 5.000 residentes para despejar el espacio necesario para una mina de cobre. En ese momento, el proyecto de reubicación en Morococha, en el centro de Perú, fue presentado como una solución para proteger a los habitantes de la contaminación y la degradación ambiental resultantes de las prácticas mineras, y como un posible modelo para la inversión china en América Latina.
Diez años después, los expertos describen la medida como una «tragedia.»
Joselyn Jaua, una periodista peruana que cubre temas ambientales y comunidades en la región, explicó a Global Voices que las políticas de Chinalco han impactado profundamente tanto a la antigua Morococha como a la nueva Morococha: “El aumento de la pobreza es notorio tanto para las personas reubicadas como para las no reubicadas.”
El proyecto de reubicación fue percibido como un enfoque pionero por parte de las empresas mineras chinas para gestionar las relaciones con las comunidades en el extranjero. Chinalco, la empresa estatal que adquirió la mina de cobre más grande de Perú en 2007, y que ha invertido 4.476 millones de dólares en el megaproyecto, prometió en papel proporcionar oportunidades laborales locales, consultar a los representantes de las comunidades y priorizar los problemas ambientales y sociales planteados por los habitantes de Morococha.
Raúl Las Madrid, Gerente de Asuntos Legales de Chinalco Peru Mining, lo mencionó en un video de ProInversión, una agencia del gobierno peruano, a principios de este año.
Sin embargo, muchos residentes y activistas ambientales argumentan que la empresa no ha cumplido con sus promesas. Un estudio de 2019 realizado por la Universidad Nacional del Centro de Perú reveló que la mayoría de la población de la nueva Morococha cree que su economía, la estabilidad laboral y el acceso a los beneficios sociales prometidos por Chinalco no se han cumplido.
Jaime Borda, un activista peruano de la Red Muqui, una red local que aboga por los derechos de las comunidades afectadas por proyectos mineros, dijo a Global Voices.
Desde 2013, el 96 por ciento de los residentes de la antigua Morococha se han visto obligados a reubicarse en una zona de humedales propensa a inundaciones, que también está aislada de la carretera central. La situación es aún peor para unas 20 familias que se han negado a reasentarse.
“Las familias que quedan en la antigua Morococha enfrentan acoso diario por parte de la empresa minera china Chinalco”, dijo Borda. “Cada día están destruyendo las pocas casas de los colonos, hasta que desaparece el último ladrillo.”
Según él, estas familias han sido privadas de electricidad y agua potable, viviendo en condiciones «como en los tiempos de las cavernas». También se les ha bloqueado el acceso a rutas clave, restringiendo su capacidad para satisfacer necesidades básicas como el trabajo, la comida y la atención médica.
Un informe publicado en 2018 por las Naciones Unidas concluyó que cuatro empresas mineras de propiedad china, incluida Chinalco, violaron los derechos humanos de los peruanos. El informe señaló que el proyecto minero de cobre Toromocho de Chinalco ha generado conflictos con la población de Morococha, y que el proceso de reasentamiento de los miembros de la comunidad ha sido incompleto y peligroso.
Anatomía de una reubicación
Chinalco no planeaba inicialmente reubicar la ciudad. La ciudad de Morococha, ahora conocida como la antigua Morococha, está situada en la provincia de Yauli, a unos 140 kilómetros al este de la capital, Lima. Es conocida como el lugar de nacimiento del auge minero peruano de la década de 1930. Después de décadas de minería mal regulada en la antigua Morococha, la ciudad quedó con un legado peligroso e impredecible: un depósito tóxico de relaves mineros sin cobertura en el medio de la ciudad. La ciudad también carecía de un sistema de alcantarillado adecuado y los residentes usaban letrinas comunales antes de la reubicación.
En 2006, Peru Copper Inc., una empresa minera canadiense que había adquirido los derechos de concesión del proyecto Toromocho, buscó la aprobación del gobierno peruano para convertir la mina subterránea en una mina a cielo abierto. La empresa contrató a Social Capital Group, una consultora minera peruana, para realizar un análisis de viabilidad y ambiental del proyecto. El informe destacó que la reubicación de la ciudad era la única solución viable y sostenible, dadas las condiciones deterioradas de Morococha y su proximidad al sitio minero de Toromocho.
Aunque la mayoría de la población local estaba a favor del reasentamiento en ese momento, la escala sin precedentes de reubicar una ciudad tan grande planteaba un desafío significativo. Cuando Peru Copper invitó a licitar por la concesión, solo una empresa expresó interés: Chinalco. «Ninguna otra empresa estaba dispuesta a invertir 50 millones de dólares en un proyecto social sin ninguna garantía de retorno», explicó Cynthia Sanborn, politóloga especializada en China y América Latina de la Universidad del Pacífico en Perú, a Dialogue Earth en 2013.
Chinalco, el tercer mayor productor de aluminio del mundo, ha desempeñado un papel importante en la expansión de la influencia de China en el sector minero de América Latina. Como empresa estatal, Chinalco es fundamental para la estrategia nacional de China de asegurar recursos minerales tanto a nivel nacional como en el extranjero. El proyecto Toromocho, que Chinalco adquirió de la empresa canadiense con una inversión total de 860 millones de dólares en 2007, fue la primera mina de cobre de nueva creación desarrollada por una corporación china en el extranjero.
En 2018, la empresa invirtió otros 1.300 millones de dólares en la expansión. A pesar de los retrasos en el desarrollo durante la pandemia, Toromocho sigue siendo el quinto mayor productor de cobre del país. Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo.
La empresa china afirmó que ha «traído cambios trascendentales a la vida de los residentes locales» («这些举措给矿区居民的生活带来了翻天覆地的变化») en la provincia de Yauli. Los esfuerzos promovidos por la empresa incluyen la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, la facilitación de la reubicación de 1.050 hogares de la zona minera y la inversión en la infraestructura de salud local. Chinalco también prometió realizar una «Mesa de Diálogo» con las comunidades y se comprometió a contratar personal local para tomar decisiones importantes sobre el futuro de la comunidad. Para 2023, la empresa afirmó haber contratado a 1.500 empleados para el proyecto Toromocho, con solo 20 trabajadores chinos.
Borda argumentó que, aunque la nueva ciudad cuenta con servicios básicos, las actividades económicas en Morococha siguen estancadas porque la empresa externaliza trabajos con bajos salarios. La empresa tampoco estableció el campamento prometido para los trabajadores mineros, un asentamiento diseñado para albergar a los obreros que participan en las operaciones mineras. Este tipo de campamentos generalmente cuenta con alojamientos básicos, instalaciones comunitarias y los servicios necesarios para apoyar a la fuerza laboral. También se espera que el campamento impulse la economía local. Los espacios de diálogo prometidos por la empresa también se han reducido en los últimos años, dijo Borda, y las familias no reasentadas fueron excluidas de ellos.
En 2022, los mineros protestaron contra Chinalco con una huelga y un bloqueo después de que la empresa despidió a casi 1.000 trabajadores, entre otros conflictos sociales y ambientales.
Chinalco no respondió a una solicitud de comentarios de Global Voices.
Las promesas incumplidas de Chinalco y la insatisfacción de los residentes
Para entender la responsabilidad de Chinalco hacia la población de Morococha, es necesario comprender dos acuerdos básicos: El Acuerdo Marco, un contrato entre la empresa y la población de Morococha que aborda la pobreza, los servicios básicos de salud y la vivienda, y que esboza una estrategia para impulsar la economía local; y el Estudio de Impacto Ambiental, que define el impacto del proyecto Toromocho en la comunidad y el medio ambiente. Hasta la fecha, el Acuerdo Marco no ha sido firmado, y el Estudio de Impacto Ambiental no ha sido implementado.
Según el informe de 2017 del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (INGEMMET), la ciudad de la antigua Morococha enfrenta un «peligro inminente e inmitigable» debido a graves riesgos, incluidos daños estructurales visibles, proximidad a desechos y relaves mineros, y riesgos sísmicos continuos exacerbados por las operaciones mineras activas. La combinación de estos factores hace que cualquier esfuerzo de mitigación sea ineficaz, lo que subraya la extrema vulnerabilidad de la zona
Aquellos que se han mudado a la nueva Morococha también están expuestos a algunos riesgos ambientales.
La nueva ciudad, que también se llama Carhuacoto, fue construida en medio de dos lagunas y sobre lo que anteriormente era un pantano, por lo que la humedad no solo afecta los edificios, sino también la salud de los residentes. En una investigación de 2015, a una mujer y su familia se les asignó una pequeña unidad de 50 metros cuadrados en la nueva Morococha, pero la humedad del pantano le causó serios problemas de salud, lo que los obligó a regresar a la antigua Morococha. Ahora viven en una antigua escuela superpoblada, compartiendo el espacio y un baño con varias familias.
El informe de INGEMMET concluyó que las inundaciones frecuentes y la licuefacción del suelo provocada por terremotos pueden afectar la seguridad de los residentes que viven en los edificios de la nueva Morococha, donde la mayoría de las instalaciones urbanas, incluidas escuelas, templos religiosos y centros de salud, se construyeron en un plazo de 26 meses entre 2010 y 2012. El informe señaló que la empresa aún no ha informado a los residentes sobre qué medidas tomarían para mitigar esos riesgos.
Además, los residentes que aún no se han mudado se muestran reacios a aceptar las ofertas de Chinalco. Alegan que la empresa solo ofreció 9 dólares por cada metro cuadrado de sus viviendas, lo que apenas es suficiente para comprar una nueva casa en la nueva Morococha.
Aunque Chinalco afirma que «todos los riesgos han sido resueltos», su informe también reconoce que los peruanos, que han soportado una historia de colonización y explotación de recursos, albergan profundas preocupaciones sobre el desarrollo minero. Esta aprensión es especialmente pronunciada entre las comunidades indígenas que viven en los Andes, quienes son particularmente sensibles a estos temas.
Borda enfatizó que las autoridades peruanas comparten la responsabilidad del fracaso del proyecto de reasentamiento. Descuidaron su papel de protectores de los derechos de la población, modificando leyes para favorecer a las empresas mineras sobre las comunidades locales. También aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa, a pesar de las preocupaciones persistentes sobre los problemas ambientales y de agua que pueden afectar a la población local. Casos similares ocurren no solo en Morococha, sino también en otras ciudades mineras de Perú.
Nota: este es un artículo republicado de Global Voices por licencia Creative Commons Attribution 3.0. Link al artículo original.
Alicia Chen es una periodista independiente y productora de documentales con sede en Taiwán. Sus enfoques son la migración, los movimientos sociales, la justicia climática y los derechos humanos. Trabajó para The Washington Post en 2021, cubriendo China, Taiwán y Hong Kong. Los idiomas que utiliza en su trabajo son inglés, español y mandarín taiwanés. Su trabajo también ha aparecido en The Guardian, Al Jazeera English, The Reporter, Initium Media, entre otros.
Periodista, escritora y traductora bilingüe. Editora para América Latina y líder del equipo de redes sociales en Global Voices. Cofundadora de la Red de Periodistas Venezolanas, una comunidad de periodistas de género diverso en Venezuela. Especializada en la cobertura de temas de género, emergencias humanitarias, comunidades LGBTQ, migración y derechos sexuales y reproductivos.
