Seis grupos de defensa de víctimas de violencia de género cuestionaron la enmienda a la Ley de Procedimiento Penal impulsada por el oficialista Partido Democrático, reforma que elimina la facultad de la fiscalía de realizar investigaciones suplementarias. Alertan que las pesquisas policiales deficientes quedarían sin corrección y que los costos legales para las víctimas se dispararían.
Seis organizaciones de mujeres de Corea del Sur, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos de las Mujeres de la agrupación Abogados por una Sociedad Democrática (Minbyun), expresaron su preocupación por la enmienda a la Ley de Procedimiento Penal que incluye la eliminación del derecho de la fiscalía a realizar investigaciones suplementarias, según reportó la prensa surcoreana. Las agrupaciones advirtieron que con el cambio se reducirá el proceso de descubrimiento de la verdad sustantiva y remarcaron que la reforma no debe convertirse en un retroceso para las víctimas.
El reclamo llega en un contexto sensible: en los últimos tiempos salieron a la luz múltiples casos de investigaciones policiales deficientes que solo pudieron corregirse gracias a las pesquisas suplementarias de los fiscales, lo que alimentó las críticas contra la enmienda.
Una conferencia de prensa con respaldo legislativo
Los seis grupos realizaron una conferencia de prensa el 13 de julio en el Centro de Comunicaciones de la Asamblea Nacional, en Yeouido, Seúl, donde cuestionaron si la enmienda impulsada por el Partido Democrático de Corea garantizará adecuadamente los derechos de las víctimas. Participaron organizaciones como el Centro de Asesoramiento sobre Violencia Sexual de Corea y la Línea Directa de Mujeres Coreanas, junto a las legisladoras oficialistas Kim Nam-hee y Kim Dong-a y la diputada del Partido Progresista Son Sol.
Las agrupaciones sostuvieron que, si la enmienda se implementa, las víctimas enfrentarán mayores limitaciones para esclarecer los hechos. Señalaron que el proceso penal actual funciona más como una trampa que como una solución para las víctimas, que la evidencia suele perderse durante las investigaciones o que son las propias damnificadas quienes deben conseguirla. Argumentaron que incluso la ley vigente, que permite las investigaciones suplementarias de los fiscales, no protege adecuadamente a las víctimas, y que abolir esa facultad podría derivar en pesquisas aún más deficientes.
Demoras y costos legales en alza
Las críticas también apuntaron al impacto económico. Las organizaciones advirtieron que la resolución de los casos se demoraría, obligando a las víctimas a asumir mayores costos legales, y describieron un escenario en el que la expansión descontrolada del mercado jurídico ya elevó los honorarios mientras las víctimas luchan por sostener procesos judiciales cada vez más largos.
El frente jurídico también cuestiona
El malestar excede a las organizaciones de mujeres. El Colegio de Abogados de Corea emitió un comunicado el 10 de julio en el que definió las investigaciones suplementarias de la fiscalía como un mecanismo clave de control sobre los organismos de investigación, y pidió que se permitan las pesquisas suplementarias directas de los fiscales en casos civiles. Por su parte, la comisión de derechos humanos de las mujeres de Minbyun ya había advertido en un comunicado del 7 de julio que abolir por completo esa facultad eliminaría un mecanismo práctico para corregir investigaciones policiales deficientes e ilegales.
La enmienda fue propuesta el 9 de julio por el equipo de trabajo de revisión de la Ley de Procedimiento Penal del Partido Democrático, y contempla eliminar el derecho de la fiscalía a realizar investigaciones suplementarias, conservando únicamente la facultad de solicitarlas. El Comité de Legislación y Judicatura de la Asamblea Nacional revisó el proyecto en reuniones de subcomité el 10 y el 13 de julio.
Colaboradora, especialista en Comunicación & Relaciones Internacionales.
