El presidente Ferdinand Marcos Jr. firmó el martes 24 de marzo la Orden Ejecutiva N.º 110, declarando el estado de emergencia energética nacional en Filipinas. La medida, que tendrá vigencia de un año, convierte al archipiélago en el primer país de Asia en adoptar una postura de contingencia formal ante la crisis desatada por el conflicto en Medio Oriente y el cierre logístico del estrecho de Ormuz.
La decisión no sorprende a quienes conocen la estructura energética filipina. El país importa el 98% de su combustible a través de esa vía marítima, por donde transita en tiempos de paz alrededor del 20% del petróleo y el gas natural licuado que se comercializa en el mundo. Con 116 millones de habitantes, una red eléctrica históricamente frágil y costos energéticos entre los más elevados de la región, Filipinas tenía escaso margen de absorción ante una perturbación de esta magnitud.
Un decreto con nombre propio
La orden ejecutiva activa el denominado Paquete Unificado para los Medios de Vida, la Industria, la Alimentación y el Transporte, conocido por sus siglas en inglés como UPLIFT. El mecanismo centraliza las decisiones del gabinete para contener la escalada de precios y asegurar el abastecimiento en sectores críticos: transporte, industria, salud y alimentación. Se constituye además un comité interministerial con facultades para aplicar subsidios al combustible, medidas de ahorro energético y acciones contra el acaparamiento y la especulación.
La ministra de Energía, Sharon Garin, fue explícita: el gobierno filipino explora «todas las opciones» para importar crudo. Las gestiones incluyen a Rusia, un proveedor que Manila históricamente no había contemplado. También se mantienen conversaciones con la administración Trump para evaluar alternativas de abastecimiento provenientes de países bajo sanciones estadounidenses, una señal del carácter excepcional de la crisis.
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Señales de alerta previas
El decreto no llegó sin advertencias. El fin de semana anterior, el gobierno ya había autorizado de manera temporal el uso de combustibles de estándar Euro II —más contaminantes— en el transporte y la industria. Marcos Jr. también alertó sobre el sector aéreo: la escasez obliga a las aerolíneas locales a embarcar combustible suficiente para el trayecto de ida y vuelta, ante la negativa de aeropuertos extranjeros de reabastecer sus aeronaves. La conectividad internacional de Filipinas está bajo amenaza concreta.
Un caso testigo con réplicas en toda la región
Lo que ocurre en Manila no es un episodio aislado. Corea del Sur declaró su propia emergencia energética en las mismas horas. China, Japón, Croacia y Hungría implementaron topes de precios al crudo. El Banco Asiático de Desarrollo anunció un paquete de fondos de contingencia para gobiernos y empresas de Asia y el Pacífico. El barril de Brent para entrega en mayo superó nuevamente los 100 dólares.
Filipinas actúa como caso testigo de una vulnerabilidad compartida: las economías asiáticas que no cuentan con reservas estratégicas robustas ni diversificación de proveedores se encuentran expuestas de manera directa a cualquier interrupción en Ormuz. Lo que hoy es emergencia en Manila podría replicarse en Yakarta, Hanói o Colombo si el conflicto se extiende.
El impacto en América Latina
La crisis energética asiática no es ajena a la región latinoamericana. El encarecimiento del petróleo presiona los costos de importación de países que aún dependen del crudo para su matriz energética, mientras que los productores —Venezuela, Brasil, México, Ecuador, Colombia— enfrentan una oportunidad de colocación en mercados alternativos que Asia comenzará a explorar con urgencia.
Para Argentina, que avanza en el desarrollo de Vaca Muerta, el escenario abre una ventana de posicionamiento exportador que merece atención política, comercial y diplomática inmediata.
Co-fundador de ReporteAsia.
