La madrugada del sábado pasado, maquinaria pesada derribó un paifang —arco ceremonial chino— ubicado en el mirador del Puente de Las Américas, a la entrada del Canal de Panamá. La demolición, ordenada por la alcaldesa de Arraiján, se produjo en un momento de máxima tensión geopolítica: mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica sus amenazas de retomar el control de la vía interoceánica alegando una supuesta influencia china sobre ella.
El monumento, erigido en 2004 para conmemorar el 150° aniversario de la llegada de inmigrantes chinos a Panamá, simbolizaba la amistad entre ambas naciones. La estructura incluía un paifang decorativo, dos esculturas de leones guardianes de la tradición china y un obelisco que, curiosamente, permanece en pie tras la demolición.
La justificación oficial de la municipalidad de Arraiján aludió a supuestos daños estructurales que representarían un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, esta explicación fue rápidamente desestimada tanto por el gobierno nacional panameño como por la representación diplomática china en el país.
El presidente José Raúl Mulino calificó el acto como una «barbaridad» e «irracionalidad imperdonable» sin justificación alguna. El mandatario panameño exigió una investigación inmediata para esclarecer responsabilidades y, bajo la presión de la indignación pública, ordenó la restauración inmediata del monumento en su ubicación original, en coordinación con la comunidad china del país.
La embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, acudió personalmente al lugar de la demolición y expresó que se trata de «un día ensombrecido» para los 300.000 chino-panameños que residen en el país. La diplomática reveló que desde mayo pasado la comunidad china conocía las intenciones de demoler la estructura y que en repetidas ocasiones intentó comunicarse con las autoridades locales, ofreciéndose incluso a financiar una restauración integral tanto del monumento como del mirador completo. Todas estas gestiones fueron ignoradas.
La Embajada de China emitió una declaración calificando el derribo como acciones «ilegales, irregulares y vandálicas», exigiendo una investigación exhaustiva y sanciones severas contra los responsables. Según la misión diplomática, el acto «es incompatible y va en contra de la tradición cultural panameña de respeto por la historia, apertura e inclusión».
Cuando el domingo los miembros de la comunidad china intentaron acercarse al sitio donde se encontraba el monumento, efectivos policiales les impidieron el acceso al mirador, que fue acordonado con cintas amarillas. Los visitantes que lograron llegar al lugar se fotografiaban junto a las esculturas de leones, ahora aisladas del resto de la estructura.
Este incidente ocurre en un contexto de creciente presión estadounidense sobre Panamá respecto a la presencia china en el canal. Trump ha reiterado sus amenazas de retomar el control de la vía, sosteniendo que está bajo influencia de Beijing debido a que la compañía hongkonesa Hutchison Holdings opera dos terminales portuarias —una en el Pacífico y otra en el Atlántico— bajo régimen de concesión.
El Canal de Panamá, una franja de 80 kilómetros que moviliza el 5% del comercio marítimo mundial, estuvo bajo administración estadounidense entre 1914 y 1999, cuando fue transferido a manos panameñas. Estados Unidos y China son actualmente los dos principales usuarios de la vía.
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Como parte de estas presiones, Hutchison Holdings accedió recientemente a vender ambas terminales a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock. No obstante, China observa con recelo esta operación y empresas del gigante asiático han manifestado interés en participar en dos nuevas obras portuarias que serán licitadas próximamente.
Trump ha exigido condiciones preferenciales para el tránsito de embarcaciones estadounidenses por el canal, intensificando las tensiones entre Washington, Beijing y Ciudad de Panamá.
La crisis desatada por la demolición del monumento trasciende lo simbólico. Expertos en diplomacia señalan que el timing del derribo —en pleno escalamiento de la presión estadounidense— resulta sospechoso y podría interpretarse como una señal política, intencional o no, que afecta profundamente las relaciones bilaterales sino-panameñas.
La comunidad china en Panamá, con más de 300.000 integrantes, representa una de las diásporas más antiguas y arraigadas en el país centroamericano. Su contribución al desarrollo nacional ha sido históricamente reconocida, lo que explica la ola de indignación que generó la demolición, sumándose a la condena expresidentes y diversos líderes políticos panameños de distintas tendencias.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá manifestó inicialmente su disposición a identificar un nuevo espacio para honrar el legado histórico y cultural chino, propuesta que posteriormente fue rectificada por la Presidencia, que insistió en la restauración del monumento en su ubicación original como «muestra de respeto».
Meses atrás, Mulino había solicitado explícitamente no vincular este monumento con las tensiones geopolíticas provocadas por los reclamos de Trump sobre el canal. La demolición nocturna ha convertido ese pedido en letra muerta, insertando de lleno al símbolo de la amistad chino-panameña en el centro del conflicto entre las dos mayores potencias económicas del planeta.
El episodio evidencia cómo las disputas geopolíticas globales pueden manifestarse violentamente en símbolos locales, convirtiendo monumentos culturales en víctimas colaterales de tensiones que los trascienden. La reconstrucción del paifang será vigilada de cerca tanto por Beijing como por Washington, en un canal que, pese a su soberanía panameña, sigue siendo objeto de apetencias imperiales.
Periodista con sede en Brasil, experto en Relaciones Internacionales.
