En una decisión que podría redefinir el panorama de las energías renovables en Japón, el gobierno central se prepara para suspender el respaldo financiero a nuevos megaproyectos solares, marcando un giro significativo en la política energética implementada tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011.
El gobierno ha elaborado una propuesta que excluiría a los nuevos operadores de los programas de subsidios a partir del año fiscal 2027, señalando un posible alejamiento de las políticas de expansión solar agresiva que caracterizaron la última década. Esta medida responde a la creciente oposición ciudadana contra las instalaciones solares masivas que se han multiplicado en todo el archipiélago.
Hokkaido endurece su postura contra megaproyectos
La controversia alcanza particular intensidad en Hokkaido, donde el gobernador Naomichi Suzuki endureció drásticamente su posición a principios de diciembre contra empresas que solicitan permisos para construir parques solares a gran escala en la prefectura norteña.
«En cuanto a los megaproyectos solares, tengo la intención de tomar medidas estrictas, incluyendo emitir recomendaciones de suspensión al descubrir violaciones legales y ordenar suspensiones si se ignoran esas recomendaciones», declaró Suzuki en su cuenta de la red social X, evidenciando un cambio radical en la política prefectural.
Esta declaración surgió tras su reunión del 1 de diciembre con el ministro de Medio Ambiente, Ishihara Hirotaka, durante la cual Suzuki presionó al gobierno central para fortalecer las regulaciones que rigen el desarrollo de megainstalaciones solares. El endurecimiento refleja la presión ciudadana que enfrenta la administración prefectural ante múltiples proyectos controvertidos.
Humedales de Kushiro: epicentro de la controversia
Entre los casos más polémicos destaca la instalación planificada junto a los emblemáticos Humedales de Kushiro por Japan Ecology, empresa con sede en Osaka. La compañía continúa avanzando con planes para instalar aproximadamente 6.600 paneles solares, con muestreo de suelo programado para el 13 de enero.
La ubicación ha desatado intensa controversia por la proximidad a estos humedales —los primeros de Japón con protección internacional, designados en 1980 por la Convención de Ramsar— que sirven como hábitat crítico para especies en peligro de extinción como el pigargo europeo y la grulla de Manchuria, una de las aves más emblemáticas del país nipón.
Nemuro enfrenta resistencia masiva
En la ciudad de Nemuro, la oposición ciudadana logró retrasar un megaproyecto que contempla instalar aproximadamente 38.000 paneles solares en una zona silvestre ubicada a un kilómetro de la estación ferroviaria. El mes pasado, un grupo de ciudadanos presentó casi 24.000 firmas ante las autoridades municipales, exigiendo la cancelación del proyecto.
Durante una reunión informativa con residentes, Yotsuya Energy —empresa gestora del proyecto— enfrentó masiva oposición que la obligó a posponer la construcción, inicialmente prevista para noviembre, hasta marzo como mínimo. El inicio de operaciones también se retrasó de febrero de 2028 hasta agosto de ese año o más tarde.
«Sentimos profundamente el deseo de los residentes locales de proteger su comunidad y su rico entorno natural», declaró Toshiaki Isoi, director de Yotsuya Energy, a medios locales tras la reunión conflictiva.
Reformas legislativas a nivel nacional
A principios de diciembre, el gobierno central anunció planes para implementar un sistema que exigirá que organizaciones externas verifiquen la seguridad de los proyectos megasolares antes del inicio de construcción. Se revisarán siete leyes y regulaciones relevantes para reducir el impacto negativo en comunidades circundantes.
La primera ministra Sanae Takaichi, antes de asumir el cargo, criticó duramente el proyecto de Kushiro: «¿No parece fundamentalmente erróneo cubrir los humedales de Kushiro con paneles solares?», cuestionó, culpando al sistema nacional de tarifas de alimentación (feed-in tariff) por incentivar desarrollos ambientalmente cuestionables.
El gobernador Suzuki enfatizó que el problema trasciende Hokkaido y señaló que la administración Takaichi considera reformas que endurecerían nacionalmente las reglas de aprobación. Mientras tanto, instó al gobierno central a implementar «una política de ‘ningún proyecto megasolar incompatible con las comunidades locales’ a través de medidas como directrices efectivas y regulaciones fortalecidas para garantizar resultados prácticos».
Esta controversia ilustra la tensión entre objetivos de descarbonización y preocupaciones ambientales locales que Japón deberá equilibrar en su transición energética.
Co-fundador de ReporteAsia.
