Durante casi treinta años, Argentina siguió dos caminos completamente diferentes para resolver el mismo problema: llevar internet a donde nunca llegaría la fibra óptica. Uno apostó a abrir el país a la innovación tecnológica mediante reglas inteligentes. El otro eligió invertir cientos de millones de dólares de deuda pública en un satélite geoestacionario que aún no presta servicios. Esta es la historia de dos modelos de Estado y de una pregunta que ya tiene respuesta en el territorio: ¿quién terminó conectando a los argentinos que vivían fuera del mapa digital?
La verdadera competencia nunca fue Starlink contra SG1 (Arsat 3)
No es una historia de Elon Musk. Tampoco es una historia sobre un satélite argentino. Es la historia de dos maneras completamente distintas de entender las políticas públicas. Una creyó que el Estado debía resolver el problema construyendo y financiando directamente la infraestructura. La otra entendió que el Estado podía cumplir un papel aún más importante: crear reglas claras para que la mejor tecnología disponible llegara rápidamente a los ciudadanos.
Los resultados hoy pueden verse desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego.
Todo comenzó con una resolución de apenas unas páginas
El 8 de agosto de 1997 se publicó la Resolución 2325/SECOM, que aprobé como Secretario de Comunicaciones del Presidente Carlos Menem.
En aquel momento nadie hablaba de Starlink. SpaceX ni siquiera existía. Pero aquella resolución tomó una decisión extraordinariamente moderna para su época: abrir el mercado argentino a las constelaciones de satélites de órbita baja (LEO).
Primero llegó ORBCOMM, que instaló su gateway satelital en la provincia de San Luis. Luego Globalstar, que desarrolló su estación terrena en Falda del Carmen, Córdoba. Iridium comenzó a prestar servicios globales y colaboró con las comunicaciones de los Cascos Azules argentinos y de los Cascos Blancos durante operaciones humanitarias en distintas regiones del mundo, donde las redes terrestres habían desaparecido.
Aquella política no costó cientos de millones de dólares. No necesitó endeudar al país. Simplemente creó las condiciones para que la innovación pudiera llegar.
Tres décadas después, esa misma arquitectura regulatoria permitió el desembarco de Starlink y abrirá el camino a Kuiper, OneWeb y nuevas generaciones de satélites.
Mientras tanto, Argentina eligió otro camino
Durante esos mismos años el Estado argentino impulsó la construcción de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2. Más tarde comenzó el desarrollo del SG1, el aún no nato Arsat 3.
El proyecto es financiado mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por USD 243 millones, complementado con un aporte estatal adicional de USD 22 millones. Posteriormente, la propia información oficial remitida por la Jefatura de Gabinete al Congreso mostró una actualización del costo total estimado hasta aproximadamente USD 337 millones, con una parte importante de esos recursos ya comprometida y desembolsada. Esto incluye las millonarias sumas en euros de satélites sin uso “gap filler”, que se usan para preservar puntos orbitales, aunque la UIT permite otro tipo de mecanismos de negociación de plazos cuando hay justificaciones para ello.
El proyecto continúa consumiendo recursos para su terminación. Todo ello deberá ser afrontado por la República Argentina conforme a las condiciones del financiamiento.
No es una discusión sobre ingeniería. Los ingenieros argentinos merecen reconocimiento.
La pregunta es otra: ¿llegará el SG1 a resolver un problema que la tecnología ya resolvió por otro camino? ¿Y que ya está en plena marcha?
Los caminos alternativos: ¿eran inevitables los gap fillers?
Por las sucesivas demoras en el desarrollo del satélite SG1, el Estado argentino adquirió los denominados “gap fillers”, satélites en órbita pero sin uso posible que se adquieren supuestamente para proteger la posición satelital argentina. Solamente uno, del que se tiene información, costó 7 millones de euros que debió erogar el Estado nacional. Según información pública, para el SG1 ya se adquirieron otros “satélites gap fillers”, dejando una enorme cantidad de interrogantes.
Los millones invisibles: el costo de preservar una posición orbital mientras el satélite no llega
2020: contrato con Avanti para un nuevo gap filler. 2021: llegada del gap filler a la posición 81° Oeste. Según información pública, cada “gap filler” tuvo un costo para el Estado argentino de 7 millones de euros.
La contratación de satélites gap filler para preservar una posición orbital ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es una de las herramientas conocidas y utilizada por operadores satelitales de todo el mundo. No constituye, por sí misma, una irregularidad. Su finalidad es mantener los derechos sobre una posición geoestacionaria cuando un proyecto experimenta demoras que impiden poner en servicio el satélite definitivo dentro de los plazos regulatorios.
Sin embargo, precisamente por tratarse de un proyecto financiado con deuda pública y recursos del Estado, la utilización de este mecanismo abre una serie de interrogantes que merecen ser respondidos con la mayor transparencia.
Entre ellos:
- ¿Qué gestiones realizó la Argentina ante la UIT para solicitar una eventual prórroga de los plazos regulatorios sin tener que erogar esas millonarias cifras en euros?
- ¿Se presentaron justificaciones técnicas o de fuerza mayor para explicar las demoras del SG1? ¿Hubo mecanismos de consulta con expertos satelitales y de contratos internacionales?
- ¿Qué respuestas obtuvo la administración argentina por parte de la UIT? ¿Fueron formales y están incorporadas en las actuaciones administrativas?
- ¿Se evaluaron alternativas regulatorias antes de decidir la contratación de un gap filler?
- ¿La adquisición o contratación del satélite transitorio fue precedida por una licitación o concurso internacional competitivo? ¿Hay evidencias de que se convocó a otros proveedores?
- ¿Cuántos operadores internacionales fueron invitados a presentar propuestas?
- ¿Cuál fue el criterio técnico y económico utilizado para seleccionar el proveedor?
- ¿Existieron informes comparativos de costos entre distintas alternativas disponibles en el mercado?
- ¿Cuál fue el costo total —incluyendo seguros, traslado, operación y adecuaciones técnicas— que implicó preservar la posición orbital mediante un gap filler?
- ¿Se evaluó el impacto económico que las sucesivas demoras del SG1 tendrían sobre el costo final del proyecto?
- ¿Existen dictámenes de la SIGEN o de la AGN sobre estas decisiones?
La utilización de un satélite puente (gap filler) es una práctica conocida en la industria satelital internacional, pero Argentina va por el cuarto, con el alto costo a las arcas públicas. La cuestión relevante no es si debía utilizarse esa herramienta, sino si las demoras que hicieron necesario recurrir a ella pudieron haberse evitado, qué alternativas se analizaron, cuál fue el costo total de la decisión y qué enseñanzas deja el caso para futuros proyectos.
Mientras tanto, ¿quién conectó realmente a los desconectados?
La respuesta ya no está en los laboratorios. Está en el territorio. Hoy la conectividad satelital de órbita baja (Starlink por ahora) llega a escuelas rurales, a establecimientos ganaderos, a explotaciones agrícolas, a puestos sanitarios, a proyectos de litio, a minas metalíferas, a Vaca Muerta, a yacimientos gasíferos, a plataformas petroleras, a embarcaciones pesqueras, a los parques nacionales, a las comunidades cordilleranas, a hogares donde nunca existirá una red de fibra óptica económicamente viable.
La revolución tecnológica ya ocurrió. Y ocurrió antes del lanzamiento del SG1.
Una simple, sólida y moderna resolución dictada en 1997 abrió las puertas para que Argentina disfrute de los beneficios de las constelaciones satelitales de órbita baja, que fueron llegando una a una, algunas con sus gateway regionales en nuestro territorio, como Orbcomm en San Luis o Globalstar en Córdoba, y teniendo a Iridium como donante para las comunicaciones para los Cascos Azules y los Cascos Blancos. Decenas de miles de usuarios disfrutaron de esas modernas comunicaciones. Con la llegada de Starlink, ya son millones de usuarios que disfrutan el acceso de banda ancha de calidad. Alguna vez se escribirá cómo fue la conspiración de personajes de trastienda de organismos públicos que demoraron dos años el acceso de Starlink para ingresar a nuestro país con trabas burocráticas, exigencias de coordinación satelital entre satélites LEO y GEO en donde claramente el interés público no era la prioridad. Aunque finalmente Starlink llegó, y con Kuiper y otras constelaciones argentinas ya con sus autorizaciones están por ingresar a prestar servicios, sin dinero del erario público, fueron conectando a los no conectados.
Los verdaderos beneficiarios
Hasta hoy, los grandes beneficiarios de las redes LEO son visibles y millones de argentinos lo saben.
En el caso del nonato satélite SG1, en cambio, el principal beneficio social esperado todavía depende de que el proyecto concluya, entre en servicio y demuestre su capacidad para prestar servicios competitivos frente a un mercado que cambió profundamente desde que fue concebido. Esa es precisamente una de las cuestiones que merece un debate público transparente y, mientras tanto, dinero útil para otras prioridades sociales.
La verdadera discusión
La verdadera competencia nunca fue Starlink contra SG1. Nunca fue sector privado contra Estado. Fue entre dos formas de hacer política pública: una apostó a construir infraestructura pública para resolver un problema; la otra apostó a crear un marco regulatorio que permitiera que la innovación lo resolviera.
Treinta años después, el resultado puede medirse en millones de argentinos conectados.
La gran lección
Nada de esto significa abandonar la industria espacial argentina. Todo lo contrario. Los SAOCOM son motivo de orgullo nacional. El futuro SABIA-Mar puede transformarse en otra herramienta estratégica. INVAP es una empresa de prestigio internacional. Satellogic demuestra que el talento argentino puede competir en los mercados más exigentes. LIA Aerospace representa una nueva generación de emprendedores espaciales.
Precisamente porque existe semejante capital humano, Argentina necesita una política espacial moderna. Una política basada en prioridades. En evaluación permanente. En transparencia. En resultados. Y una Agencia Nacional Aeroespacial que coordine todos los recursos hoy dispersos.
Porque la misión del Estado no es construir satélites por sí mismos, sino resolver los problemas de los ciudadanos. Y cuando una decisión regulatoria tomada hace casi treinta años logra conectar antes y mejor a millones de argentinos que una inversión pública de cientos de millones de dólares, no estamos solamente frente a una discusión tecnológica. Estamos frente a una lección sobre cómo deben diseñarse las políticas públicas en el siglo XXI.
Quizás esa sea la verdadera definición de un Estado presente: no el que más gasta, sino el que mejor resuelve los problemas de su gente.
Ex Secretario de Comunicaciones de la Nación. Ex Intendente de la Ciudad de Córdoba, 1999-2003.
