La decisión, adoptada el 23 de junio por unanimidad de los cuatro magistrados del Tercer Tribunal Menor, confirma órdenes de instancias inferiores y cierra el proceso judicial iniciado tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Es el primer caso en la historia judicial japonesa en que un tribunal superior ordena la disolución de una corporación religiosa por violaciones al Código Civil.
La Corte Suprema de Japón ratificó este lunes la orden de disolución de la Federación Familiar para la Paz y la Unificación Mundial, conocida internacionalmente como Iglesia de la Unificación, en un fallo sin precedentes en el derecho japonés. El Tercer Tribunal Menor, presidido por la magistrada Eriko Watanabe, resolvió que la orden de disolución «no viola la Constitución, que garantiza la libertad de religión y de asociación», con el apoyo unánime de los cuatro jueces.
Décadas de captación abusiva de donaciones
El tribunal determinó que la captación sistemática y prolongada de donaciones por parte de la organización causó daños económicos y psicológicos a numerosas personas, y concluyó que el grupo cometió actos que perjudicaron de manera sustancial el bienestar público, circunstancia que habilita una orden de disolución en virtud de la Ley de Corporaciones Religiosas. El fallo señala que, ante la ausencia de mecanismos eficaces para frenar esa práctica, la disolución resultaba la única vía efectiva disponible.
Según el tribunal de apelaciones, desde la década de 1980 la organización obtuvo de aproximadamente 1.500 personas unos 20.400 millones de yenes —cerca de 130 millones de dólares— a través de las llamadas «ventas espirituales», mediante las cuales se presionaba a los fieles a realizar grandes donaciones para redimir sus pecados.
El contexto político: el asesinato de Abe y el escrutinio al PLD
El caso cobró dimensión política tras el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en julio de 2022. Tetsuya Yamagami, el autor del atentado, declaró haber actuado por el resentimiento acumulado contra la Iglesia de la Unificación, cuya presencia en Japón atribuyó a gestiones del abuelo de Abe. El crimen desencadenó una ola de escrutinio sobre los vínculos históricos entre la organización y legisladores del Partido Liberal Democrático, en lo que se convirtió en un escándalo político de alcance nacional.
La liquidación de los activos de la corporación religiosa estará a cargo de un abogado designado por el tribunal, con el objetivo de indemnizar a las víctimas con los fondos obtenidos. La organización perderá su estatus como corporación religiosa y quedará limitada a continuar sus actividades únicamente como asociación voluntaria, sin acceso a los beneficios impositivos que tenía hasta ahora.
Interrogantes sobre libertad religiosa
El fallo no está exento de controversias. La Corte Suprema de Japón había reinterpretado previamente la Ley de Corporaciones Religiosas para ampliar el concepto de «actos en violación de leyes y reglamentos» e incluir ilícitos civiles, lo que creó la base doctrinal que habilitó la disolución. En mayo, el tribunal rechazó el pedido de recusación de la magistrada Masami Okino, cuya participación en un seminario donde exponentes habían denunciado a la organización generó cuestionamientos sobre la neutralidad del proceso.
Voces académicas especializadas en derecho internacional señalan que la decisión podría colisionar con compromisos asumidos por Japón ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en materia de libertad religiosa, un debate que, previsiblemente, se prolongará más allá del cierre judicial.
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