Decenas de miles de refugiados rohinyás en Bangladesh conmemoraron este lunes el octavo aniversario de su huida masiva de Myanmar, reclamando garantías de seguridad para regresar a su hogar en el estado de Rajine. La jornada estuvo marcada por manifestaciones en campos de refugiados de Cox’s Bazar, donde los desplazados recordaron la violencia que los obligó a abandonar su país y reafirmaron su derecho a volver.
En el campo de Kutupalong, considerado el mayor del mundo, los refugiados se reunieron en un amplio descampado portando pancartas con mensajes como “No más vida de refugiados” y “La repatriación es la solución definitiva”. Muchos de ellos expresaron que, tras ocho años de incertidumbre y dificultades, su único deseo es recuperar una vida digna en Myanmar. “Queremos regresar a nuestro país con los mismos derechos que disfrutan otros grupos étnicos”, declaró Nur Aziz, un joven de 19 años que participó en las protestas.
La fecha fue reconocida como el “Día de la Memoria del Genocidio Rohinyá”, en recuerdo de la ofensiva lanzada en agosto de 2017 por el ejército birmano tras ataques insurgentes contra puestos de seguridad. Aquella operación, caracterizada por la comunidad internacional como limpieza étnica e incluso genocidio, provocó la huida de más de 700.000 personas hacia Bangladesh, en medio de bombardeos, matanzas indiscriminadas y otras atrocidades.
En paralelo a la conmemoración, el líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, participó en una conferencia internacional en Cox’s Bazar dedicada al futuro de los rohinyás. El premio Nobel de la Paz instó a la comunidad internacional a garantizar el retorno seguro, voluntario y digno de los refugiados. “La relación de los rohinyás con su tierra no puede ser rota. Su derecho a regresar debe ser asegurado”, sostuvo en su intervención, en la que también pidió el diseño de una hoja de ruta práctica que permita avanzar hacia la repatriación.
Representantes de Naciones Unidas, diplomáticos y autoridades locales abordaron en la conferencia las crecientes dificultades para sostener a la población desplazada, especialmente tras los recortes en la ayuda internacional. Aunque Bangladesh ha intentado en dos ocasiones organizar el retorno, las condiciones en Myanmar siguen siendo inestables, con el estado de Rajine bajo control de grupos insurgentes y sumido en una profunda crisis humanitaria y de seguridad.
Desde su llegada en 2017, los refugiados se han enfrentado a múltiples desafíos en los campamentos, desde la precariedad sanitaria hasta la reducción de la asistencia alimentaria. A pesar de ello, el gobierno de Daca ha mantenido su postura de que la solución definitiva pasa por el regreso a Myanmar y ha buscado apoyo de actores regionales como China para mediar en el proceso.
Yunus subrayó que el respaldo de la comunidad internacional sigue siendo vital, no solo en el plano humanitario sino también en la presión diplomática para lograr avances. “Pedimos a todas las partes que trabajen para resolver cuanto antes esta crisis prolongada”, afirmó, apelando a un compromiso global que evite que los refugiados queden atrapados indefinidamente en el exilio.
