El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha solicitado la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder de Hamás, Yahya Sinwar, entre otros, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta solicitud marca un momento crítico en las investigaciones sobre los conflictos en los territorios palestinos.
Khan indicó en un comunicado que ha tramitado las órdenes de detención contra Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos como «matar deliberadamente de hambre a civiles», «homicidio intencionado» y «exterminio y/o asesinato». Además, el fiscal solicita autorización para emitir órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe de Hamás, Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante de las Brigadas Al Qassam, y contra Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamás.
Durante una rueda de prensa en la sede de la CPI en La Haya, Khan argumentó: «Las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana». Subrayó que las solicitudes son el resultado de una investigación independiente e imparcial.
Reacciones Internacionales
El anuncio ha generado críticas en ambos lados del conflicto. Miembros del gobierno israelí y de Hamás han expresado su desacuerdo. Sami Abu Zuhri, alto funcionario de Hamás, señaló que la decisión «equipara a la víctima con el verdugo» y anima a Israel a continuar su «guerra de exterminio» en Gaza.
Por otro lado, Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra israelí, afirmó que «establecer paralelos entre los líderes de un país democrático decidido a defenderse del terrorismo despreciable y los líderes de una organización terrorista sedienta de sangre es una profunda distorsión de la justicia». El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó el anuncio como una «muestra de hipocresía y odio a los judíos».
Incluso el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, describió la decisión como «un desastre». La Cámara de Representantes de EE.UU. ha calificado las posibles órdenes de arresto como «vergonzosas» e «ilegales».
Legisladores republicanos en EE.UU. están considerando represalias legislativas contra la CPI. Israel ha tildado las posibles órdenes de arresto de «crimen de odio antisemita» y «un abuso».
Desde 2021, la CPI ha estado investigando denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos desde 2014 por el Ejército israelí y todas las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados, incluyendo el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre y la subsiguiente guerra en Gaza. La CPI, con jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión, tiene 124 miembros, entre los cuales no se encuentra Israel, que no reconoce la investigación sobre la situación en los territorios palestinos.
