Durante la madrugada del miércoles, las Fuerzas Armadas de India lanzaron una serie de ataques aéreos contra lo que describieron como bases terroristas ubicadas tanto en Pakistán como en la región de Cachemira bajo administración pakistaní. La ofensiva, bautizada como Operación Sindoor, se presenta como una respuesta directa a un ataque perpetrado el 22 de abril en la localidad de Pahalgam, del lado indio de Cachemira, donde murieron veintiséis personas, en su mayoría ciudadanos indios.
Según el Ministerio de Defensa indio, la operación tuvo un carácter preciso, limitado y cuidadosamente calculado. El gobierno aseguró que no se apuntó contra instalaciones militares paquistaníes, subrayando que se trató de una acción enfocada exclusivamente en blancos vinculados al terrorismo. A través de un comunicado oficial, las autoridades señalaron que los ataques se dirigieron contra infraestructuras desde las cuales, aseguran, se planifican y ejecutan atentados contra territorio indio.
Desde el otro lado de la frontera, el gobierno de Pakistán ofreció una versión distinta. Funcionarios de seguridad confirmaron que los misiles indios provocaron la muerte de un niño y causaron heridas a otras dos personas. Además, el ejército pakistaní declaró que tres ubicaciones fueron impactadas: dos en la región de Cachemira bajo su control y una tercera en la ciudad de Bahawalpur, dentro de la provincia de Punjab. Corresponsales que se encuentran en el terreno confirmaron haber escuchado múltiples explosiones, lo que refuerza la magnitud del operativo.
El ataque, que marca un claro aumento de la tensión entre ambos países, fue catalogado por Pakistán como una provocación grave, el portavoz militar, el teniente general Ahmed Sharif Chaudhry, advirtió que su país responderá al ataque de la India en el momento que lo considere apropiado. Aunque aún no se ha producido una réplica militar concreta, el tono de las declaraciones anticipa un escenario volátil.
India sostiene que el ataque del 22 de abril fue perpetrado por el grupo armado Lashkar-e-Taiba, al que la ONU considera una organización terrorista. Las autoridades indias no dudaron en responsabilizar directamente a Pakistán por facilitar apoyo a dicha organización, lo que provocó un cruce de acusaciones que rápidamente escaló en intensidad. Islamabad, por su parte, rechazó categóricamente estas imputaciones.
Mientras tanto, las fuerzas de seguridad indias emitieron carteles de búsqueda para tres sospechosos vinculados al atentado, dos de ellos de nacionalidad pakistaní y uno indio. La tensión en la Línea de Control, frontera de facto entre ambos países en la región disputada, ha aumentado desde el 24 de abril con intercambios esporádicos de fuego reportados por Nueva Delhi.
En medio de este clima hostil, el primer ministro indio, Narendra Modi, endureció su discurso. En una declaración pública, advirtió que todos los responsables del ataque y sus cómplices serían identificados, rastreados y castigados. Además, anunció que se detendrá el flujo de agua hacia Pakistán, una medida que pone en jaque el Tratado de las Aguas del Indo, en vigencia desde hace más de seis décadas. Aunque no mencionó a Islamabad de forma explícita, la decisión fue interpretada como un movimiento estratégico con fuertes implicancias políticas y humanitarias. Pakistán ya había advertido que cualquier modificación en el caudal de los ríos compartidos sería considerada un acto de guerra.
Por su parte, el ejército de Pakistán informó que ha realizado recientemente pruebas de misiles de corto alcance, en lo que muchos analistas interpretan como una muestra de fuerza ante la creciente presión regional, en tanto, India ha comenzado a organizar ejercicios de defensa civil con el objetivo de preparar a la población frente a una posible escalada militar.
En este contexto, la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, adquiere relevancia. Tras reunirse con el primer ministro paquistaní en Islamabad, se espera que llegue a Nueva Delhi para intentar mediar entre ambas potencias nucleares. Teherán ha manifestado su voluntad de actuar como intermediario, lo que lo convierte en el primer actor diplomático extranjero en intervenir directamente tras los hechos del 22 de abril.
La región de Cachemira continúa siendo el epicentro del conflicto, arrastrando una historia de violencia y tensiones desde hace décadas. Desde 1989, diversos grupos armados han mantenido una insurgencia con el objetivo de obtener la independencia del territorio o su anexión a Pakistán. India acusa regularmente a su vecino de facilitar apoyo a estos grupos, lo que contribuye a mantener vivo un conflicto que ha cobrado miles de vidas y que, con los últimos acontecimientos, vuelve a colocarse al borde de una peligrosa escalada.
