La asamblea de Tsushima, en el suroeste de Japón, aprobó el martes una solicitud para que la ciudad lleve a cabo un estudio preliminar con el fin de evaluar su idoneidad para albergar un vertedero subterráneo de residuos altamente radiactivos.
El alcalde de Tsushima, Naoki Hitakatsu, dijo que tomaría una decisión definitiva durante la sesión de la asamblea de septiembre sobre si autorizar o no el estudio, la primera parte de un proceso en tres fases que durará unos 20 años para seleccionar un vertedero permanente para los residuos de la generación de energía nuclear.
Si Tsushima decide llevar a cabo el estudio, solicitado por cuatro asociaciones locales de la construcción, la ciudad insular de la prefectura de Nagasaki, que lucha contra la despoblación y una economía en recesión, recibiría hasta 2.000 millones de yenes (13,6 millones de dólares) en subvenciones estatales.
En 2020, dos municipios de Hokkaido, en el norte de Japón, Suttsu y Kamoenai, fueron los primeros en aprobar encuestas preliminares.
Sin embargo, los sondeos no se han completado en los dos años previstos y no está claro si el proceso pasará a la segunda fase, ya que la oposición local sigue siendo fuerte.
Los estudios de la primera fase, realizados por la Organización de Gestión de Residuos Nucleares, un organismo cuasi gubernamental de Tokio, consisten en comprobar las condiciones del terreno y la actividad volcánica basándose en fuentes geológicas publicadas.
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Japón, como muchos otros países con centrales nucleares, se esfuerza por encontrar vertederos permanentes.
En 2020, dos municipios de Hokkaido, en el norte de Japón, Suttsu y Kamoenai, fueron los primeros en aprobar encuestas preliminares
Los residuos radiactivos de alta actividad, producidos al extraer el uranio y el plutonio del combustible gastado, deben almacenarse en el lecho rocoso a una profundidad mínima de 300 metros durante decenas de miles de años hasta que la radiactividad descienda a niveles que no supongan un daño para la salud humana o el medio ambiente.
Tsushima fue identificada en un mapa de posibles lugares de almacenamiento definitivo publicado por el gobierno central en 2017.
