El gobierno japonés está considerando la posibilidad de solicitar una orden judicial para disolver la polémica Iglesia de la Unificación, que ha estado en el centro de un escándalo político desde el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022, dijo el domingo una fuente gubernamental.
Si las pruebas y los testimonios de las víctimas reunidos hasta ahora se consideran adecuados, podría presentarse una solicitud de disolución del grupo ante el Tribunal de Distrito de Tokio tan pronto como en octubre, tras una reunión del consejo de organizaciones religiosas del gobierno, dijo la fuente.
Pero la disolución sigue siendo incierta, dado que algunas personas del gobierno se muestran cautelosas y desean que se revisen detenidamente las pruebas antes de tomar una decisión. Entre otras cosas, preocupa que no sea posible demostrar que se produjeron actividades ilegales a nivel organizativo.
Si se disolviera, la Iglesia de la Unificación perdería su condición de corporación religiosa y se vería privada de beneficios fiscales, aunque podría seguir operando como entidad. La medida de considerar la emisión de una orden de disolución se produce después de que la Agencia de Asuntos Culturales del gobierno comenzara en octubre de 2022 a investigar si las actividades de la iglesia contravienen la ley sobre corporaciones religiosas.
Como parte de la investigación, la agencia ha realizado siete rondas oficiales de interrogatorios a la iglesia desde noviembre. En estas indagaciones se han solicitado diversos informes, incluidos los relacionados con la gestión y los asuntos financieros de la iglesia, los casos civiles en los que ha reconocido su responsabilidad legal y sus registros de comunicación con su sede surcoreana.
En total, la agencia ha enviado más de 600 preguntas, pero en cada ronda la iglesia ha proporcionado cada vez menos documentación e incluso se ha negado a responder en algunos casos.
Debido a lo que considera una aparente negativa del grupo a responder, la agencia está considerando multar a la iglesia y también tiene la intención de poner fin a su interrogatorio con la séptima ronda, ya que sería difícil reunir más pruebas.
La ley de corporaciones religiosas de Japón permite a las autoridades competentes pedir a los tribunales que ordenen la disolución en los casos en que una organización religiosa «cometa un acto que se demuestre claramente que perjudica sustancialmente el bienestar público».
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Si el gobierno puede demostrar que se han producido actos maliciosos e ilegales de forma continuada a nivel organizativo, puede solicitar la disolución de la iglesia.
En total, la agencia ha enviado más de 600 preguntas, pero en cada ronda la iglesia ha proporcionado cada vez menos documentación e incluso se ha negado a responder en algunos casos
La Iglesia sostiene que sus altos cargos nunca han estado implicados en un caso penal y que una actividad ilegal que infrinja la legislación civil japonesa no constituiría motivo para ordenar su disolución. También afirma que el cuestionamiento de la organización por parte del gobierno es ilegal.
La Iglesia de la Unificación es una organización religiosa surcoreana fundada por un acérrimo anticomunista en 1954. En Japón, la iglesia ha sido criticada durante mucho tiempo por obtener enormes donaciones de sus seguidores mediante «ventas espirituales», en las que se presiona a las víctimas para que compren artículos a precios exorbitantes.
El grupo atrajo de nuevo la atención pública en julio de 2022, cuando Abe recibió un disparo mortal durante un discurso electoral por sus presuntos vínculos con la iglesia.
La policía ha declarado que Tetsuya Yamagami, que está siendo juzgado por el incidente, afirmó que atacó a Abe en parte porque su abuelo, el ex primer ministro Nobusuke Kishi, ayudó a traer la iglesia a Japón en 1968. También declaró a la policía que su madre donó grandes sumas a la iglesia, lo que arruinó económicamente a la familia.
