El primer ministro japonés, Fumio Kishida, destituyó Yasuhiro Hanashi como ministro de Justicia, tras las críticas recibidas por sus declaraciones, consideradas en general como una forma de ridiculizar su papel en la autorización de ejecuciones de presos condenados a muerte.
Según informó Kyodo News, la destitución de Hanashi supuso un nuevo golpe para Kishida después de que otro ministro fuera destituido a finales de octubre por sus sospechosos vínculos con la controvertida Iglesia de la Unificación, y los índices de aprobación pública del Gabinete se han desplomado recientemente.
Hanashi, que asumió el cargo en agosto, dijo el miércoles en una reunión política que el de ministro de Justicia es un puesto «de bajo perfil» y se convierte en «una noticia principal en los programas de noticias diurnos sólo cuando se estampa un sello en los documentos de ejecución» por la mañana.
Más tarde, el viernes, Hanashi dijo a los periodistas en la oficina del primer ministro que había presentado una carta de dimisión a Kishida, declarando: «Siento haber tratado la pena de muerte a la ligera y haber enfadado a la opinión pública».
Kishida, que se convirtió en primer ministro en octubre de 2021, dijo que había decidido elegir al ex ministro de Agricultura Ken Saito como nuevo ministro de Justicia.
El primer ministro arremetió contra Hanashi por haber «herido la confianza del público», diciendo que se ha sentido «seriamente» responsable de haber nombrado al legislador para el puesto.
Hanashi, que pertenece al grupo intrapartidista de Kishida dentro del gobernante Partido Liberal Democrático, había dicho también: «Servir como ministro de Justicia no ayudará a recaudar mucho dinero ni a asegurar muchos votos», lo que provocó que los críticos arremetieran contra él por no respetar el cargo.
Los comentarios se produjeron cuando los índices de aprobación del Gabinete de Kishida han mostrado pocos signos de mejora debido a las revelaciones de los vínculos entre los legisladores del PLD y la Iglesia de la Unificación, así como a los escándalos relacionados con otros ministros.
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A finales del mes pasado, Kishida se vio obligado a destituir a Daishiro Yamagiwa como ministro de Revitalización Económica por sus estrechos vínculos con el grupo religioso, mientras que el ministro de Asuntos Internos, Minoru Terada, ha sido interrogado por los escándalos de fondos políticos.
En medio de la confusión que rodea a Hanashi, Kishida retrasó su partida hacia el Sudeste Asiático.
El sistema de la pena capital en Japón ha sido criticado durante mucho tiempo, y los opositores piden una mayor transparencia en el momento de las ejecuciones, ya que los condenados a muerte suelen ser notificados apenas unas horas antes o no reciben ninguna notificación previa.
También afirman que el procedimiento priva a los condenados a muerte de la oportunidad de reflexionar sobre sus crímenes.
Japón fue uno de los 18 países del mundo que llevaron a cabo ejecuciones el año pasado, según el grupo de derechos Amnistía Internacional, que añadió que un total de 108 naciones no tenían la pena de muerte a finales de año.
Hanashi, que lleva seis mandatos en la Cámara de Representantes y representa a una circunscripción de la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, fue anteriormente viceministro de Justicia y viceministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca.
