El gobernante Partido Liberal Democrático aprobó el martes un proyecto de ley que prohibiría la profanación de la bandera nacional de Japón, con el objetivo de que sea aprobado en la sesión del Parlamento que se extenderá hasta mediados de julio.
El proyecto de ley, redactado por los legisladores, es una de las principales prioridades legislativas de la primera ministra Sanae Takaichi, pero se enfrenta a críticas de sectores de la oposición que consideran que podría infringir el derecho constitucional a la libertad de expresión.
«Si bien se respeta plenamente la libertad de expresión, es responsabilidad del Estado castigar los actos que dañan la bandera nacional, símbolo de nuestro país, con fines insultantes», declaró Koichi Hagiuda, secretario general ejecutivo interino del PLD, añadiendo que el partido buscará la cooperación de los partidos de la oposición para la aprobación del proyecto de ley.
El proyecto de ley propuesto fue aprobado por la Junta del Consejo de Investigación Política del LDP y posteriormente por su Consejo General, poniendo fin a las deliberaciones dentro del partido.
Se prevé que se presente al parlamento tras las consultas con el Partido de la Innovación de Japón, socio minoritario de la coalición gobernante. Esta política se incluyó en el acuerdo de coalición alcanzado en octubre del año pasado, que contribuyó a que Takaichi llegara al poder.
El proyecto de ley propuesto establece que «quien dañe, retire o profane públicamente» la bandera japonesa de manera que «provoque fuertes sentimientos de incomodidad o disgusto en los demás» podría ser castigado con una pena de prisión de dos años o menos o una multa de hasta 200.000 yenes (1.250 dólares).
Estas medidas también se aplicarán a las personas que transmitan en directo o publiquen vídeos en línea de la profanación de la bandera.
Las penas se corresponden con las disposiciones vigentes del Código Penal que prohíben la profanación de las banderas de otros países. La falta de medidas equivalentes para tales actos contra la bandera japonesa se señaló como una contradicción que debía corregirse en el acuerdo de la coalición gobernante.
Parte de la oposición ha argumentado que no existe una justificación clara para la legislación propuesta. Takeshi Shina, secretario general de la Alianza de Reforma Centrista, declaró a la prensa el martes que sus castigos penales «restringen gravemente los derechos humanos» y que «no hay una razón clara» para su uso como medida disuasoria.
En un intento por disipar las preocupaciones sobre la libertad de expresión, se han establecido excepciones a los actos punibles de profanación de banderas, entre las que se incluyen escribir en banderas para apoyar a los atletas que representan a Japón y la proyección de escenas que muestran destrucción en una película de acción real.
También se excluyen las obras de ficción, como el anime, el manga y los videojuegos, así como el contenido generado por inteligencia artificial. En discusiones previas del partido, se acordó que las pequeñas banderas japonesas decorativas que suelen incluirse en los menús infantiles de los restaurantes no se verían afectadas.
