El nuevo arancel global impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a aplicarse este martes con una tasa general del diez por ciento sobre importaciones de prácticamente todos los países, en un contexto de creciente confusión jurídica y tensiones comerciales luego de que la Corte Suprema invalidara una pieza central de su política arancelaria.
La medida sustituye a los llamados aranceles recíprocos y a los gravámenes vinculados al combate del fentanilo que habían sido impuestos a socios como China, Canadá y México bajo una ley de emergencia de la década de los setenta. El máximo tribunal determinó que Trump se había excedido en el uso de esa normativa al establecer tarifas de amplio alcance sin la aprobación del Congreso, lo que obligó a la Casa Blanca a buscar una nueva base legal.
Para sostener el nuevo esquema, el mandatario recurrió a una disposición de la Ley de Comercio de mil novecientos setenta y cuatro que permite aplicar aranceles temporales cuando existen desequilibrios graves en la balanza de pagos. Esa herramienta autoriza gravámenes de hasta quince por ciento por un período limitado, salvo que el Congreso apruebe su extensión. Hasta ahora, ningún presidente había utilizado esa cláusula con este fin.
Aunque la tasa inicial fijada fue del diez por ciento, Trump adelantó que podría elevarla al quince por ciento y dejó abierta la posibilidad de adoptar otras medidas impositivas si considera que los socios comerciales intentan beneficiarse del fallo judicial. En un mensaje dirigido a gobiernos extranjeros, advirtió que aquellos países que “jueguen” con la decisión de la Corte enfrentarán tarifas más altas, en especial si mantienen superávits comerciales frente a Estados Unidos.
La nueva tarifa contempla excepciones para ciertos bienes considerados esenciales, entre ellos minerales críticos, productos aeroespaciales, carne vacuna, tomates y fármacos. Asimismo, no se superpone con aranceles sectoriales ya vigentes, como los aplicados al acero y a los automóviles por razones de seguridad nacional. Sin embargo, en otros casos sí se sumará a gravámenes previos, lo que podría incrementar los costos de importación para empresas estadounidenses.
En la práctica, los aranceles son abonados por los importadores en Estados Unidos, lo que suele traducirse en mayores precios para los consumidores. El impacto final dependerá de cómo las compañías distribuyan ese aumento de costos y de la reacción de los mercados internacionales.
Algunos países mantienen acuerdos específicos con Washington que establecen tratamientos diferenciados. En el caso de Japón, por ejemplo, existe un esquema que evita la acumulación de ciertos aranceles ya pactados, aunque otros productos quedan alcanzados por tasas elevadas.
La entrada en vigor del nuevo arancel reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y añade incertidumbre a las relaciones económicas de Estados Unidos con sus principales socios, en un momento en que el comercio global enfrenta presiones crecientes y redefiniciones estratégicas.
