La Corte Penal Internacional (CPI) resolvió este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte se encuentra en condiciones de participar en el proceso judicial abierto en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada guerra contra las drogas en Filipinas. Con esta decisión, el tribunal dejó sin efecto el pedido de la defensa para suspender el procedimiento y fijó para fines de febrero el inicio de la audiencia destinada a confirmar los cargos.
En una resolución extensa, la Sala de Cuestiones Preliminares concluyó que Duterte puede ejercer de manera efectiva sus derechos procesales y comprender el alcance del proceso, pese a los argumentos de su equipo legal sobre un supuesto deterioro cognitivo. Los jueces consideraron que el exmandatario entiende los cargos que se le imputan, puede seguir el desarrollo del caso y dar instrucciones a sus abogados, al menos en esta etapa preliminar.
La defensa había solicitado una suspensión indefinida del procedimiento al sostener que el estado de salud del acusado le impedía afrontar un juicio justo. De manera alternativa, había pedido una audiencia específica para interrogar a los médicos que evaluaron a Duterte. Ambas solicitudes fueron rechazadas por el tribunal, que entendió que no existían fundamentos suficientes para frenar el avance del caso.
Para resolver la controversia, la Corte había ordenado meses atrás una evaluación médica independiente a cargo de un panel de especialistas en psiquiatría forense, neuropsicología y neurología geriátrica. Si bien los expertos no coincidieron plenamente en todos los diagnósticos, llegaron a una conclusión común: Duterte conserva la capacidad necesaria para comprender la naturaleza del proceso y sus posibles consecuencias. Los magistrados subrayaron que la aptitud procesal no exige un conocimiento técnico del derecho, sino una comprensión general que garantice el respeto al debido proceso.
El fallo también dispuso que, durante las audiencias, se adopten medidas prácticas para atender eventuales necesidades médicas del acusado, teniendo en cuenta su edad. De esta manera, la Corte buscó equilibrar el avance del proceso con las condiciones personales del exjefe de Estado.
La Fiscalía y los representantes legales de las víctimas respaldaron la reanudación del calendario judicial, que había quedado en suspenso tras las objeciones planteadas por la defensa. Para el tribunal, los informes médicos no presentaron contradicciones de fondo que justificaran una nueva etapa probatoria, por lo que descartó la realización de una audiencia adicional sobre el estado de salud del acusado.
Con la decisión, el caso vuelve a tomar ritmo. Las partes deberán presentar sus escritos previos y eventuales observaciones antes de la audiencia en la que los jueces evaluarán si existen elementos suficientes para llevar a Duterte a juicio. El expresidente fue detenido el año pasado en Manila tras la emisión de una orden de arresto de la Corte y trasladado posteriormente a La Haya, donde permanece bajo custodia.
Duterte enfrenta acusaciones por asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, por hechos presuntamente ocurridos tanto durante su gestión como alcalde de Davao como en su etapa al frente del gobierno filipino. La decisión de la Corte marca un punto de inflexión en un proceso seguido de cerca a nivel internacional y reabre el debate sobre la rendición de cuentas por la violencia ejercida en el marco de políticas de seguridad estatales.
