La sospecha central del equipo investigador es que Yoon ordenó directamente al DOC enviar drones hacia Pyongyang con el propósito de provocar una respuesta del régimen norcoreano. El escenario resultante habría servido, semanas más tarde, como justificación para declarar la ley marcial, una medida que nunca llegó a concretarse pero que habría estado en los planes de la administración en ese momento.
Un informe oficial del DOC, entregado en febrero al Ministerio de Defensa, sostuvo que un dron se había estrellado el 15 de octubre durante un entrenamiento rutinario en territorio surcoreano, sin mayores detalles. No obstante, la investigación del fiscal Cho sugiere que ese informe habría sido fabricado para ocultar una misión de carácter ofensivo. Según esta nueva línea de indagación, dos drones habrían sido lanzados hacia Pyongyang el 8 de octubre, y uno de ellos se habría accidentado en territorio norcoreano.
El supuesto encubrimiento se habría reforzado con la manipulación de registros de vuelo, simulando que el aparato perdido formaba parte de una operación de entrenamiento doméstico. Esta narrativa buscaba desviar la atención del hecho de que se trataba de una incursión en espacio aéreo enemigo.
La noche del 17 de octubre, poco después del incidente, se reportó la presencia de varios drones sobrevolando el Comando de Contrainteligencia de Defensa (DCC), en dirección a Gwacheon, al sur de Seúl. El DCC activó su sistema antidrones para interceptarlos, pero tras dos horas de búsqueda no logró localizarlos. Las autoridades investigadoras creen que este sobrevuelo pudo formar parte del intento del DOC de construir una coartada que justificara la desaparición del dron en cuestión dentro de territorio nacional.
De confirmarse estas hipótesis, el caso podría tener serias implicancias legales y políticas, al implicar el uso deliberado de operaciones militares encubiertas para fines de manipulación institucional. Hasta el momento, el expresidente Yoon no ha emitido declaraciones públicas sobre el avance de la investigación.
El fiscal Cho Eun-suk continúa reuniendo pruebas y analizando documentos internos del DOC y del Ministerio de Defensa, mientras crecen las expectativas sobre la posibilidad de que se cite a declarar a figuras clave del anterior gobierno. La investigación pone bajo lupa uno de los episodios más opacos del último año de la administración Yoon, con implicancias que podrían ir mucho más allá del ámbito militar.