Se cumplen tres años del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, una tragedia que sacudió a un país poco acostumbrado a la violencia política. El exmandatario fue baleado a corta distancia mientras ofrecía un discurso en la ciudad de Nara, en plena campaña electoral, y el juicio al presunto autor del crimen comenzará en octubre. El caso dejó al descubierto una compleja red de relaciones entre sectores del poder político y una organización religiosa cuestionada por sus prácticas financieras.
La fecha del aniversario se da en un momento clave para el actual primer ministro Shigeru Ishiba, líder del Partido Liberal Democrático, que enfrenta un escenario electoral difícil de cara a las elecciones de la Cámara Alta el 20 de julio. En ese contexto, Ishiba participó de un homenaje a Abe en un cementerio de Nara, donde calificó el asesinato como un crimen despreciable que atentó contra la democracia, y aseguró que la violencia nunca podrá condicionar los procesos electorales.
El acusado, Tetsuya Yamagami, de 44 años, fue procesado por el asesinato del ex primer ministro con un arma de fabricación casera. Según declaró ante los investigadores, apuntó contra Abe por sus vínculos con la Iglesia de la Unificación, grupo religioso al que su madre habría donado una suma cercana a los 100 millones de yenes, lo que terminó por arruinar a su familia. Yamagami también señaló al abuelo de Abe, Nobusuke Kishi, como una figura clave en la instalación del grupo en Japón y en el establecimiento de lazos con el Partido Liberal Democrático.
La investigación provocó una tormenta política, ya que sacó a la luz conexiones entre legisladores oficialistas y la Iglesia de la Unificación. Algunos funcionarios fueron señalados por haber recibido respaldo electoral por parte del grupo, cuyas tácticas de recaudación han sido duramente criticadas. En marzo, el Tribunal de Distrito de Tokio ordenó quitarle a la organización su estatus de corporación religiosa, lo que la privaría de beneficios impositivos, aunque aún continúa su apelación ante un tribunal superior.
La Iglesia, que se originó en Corea del Sur en 1954, logró en 1964 ser reconocida oficialmente en Japón. A pesar de la pérdida de su estatus legal, podrá seguir operando en el país.
En Nagato, prefectura de Yamaguchi, donde Abe tenía su distrito, su viuda Akie participó de una ceremonia conmemorativa. Allí expresó que sigue llorando a diario por la pérdida de su esposo y pidió que su legado no sea olvidado.
Abe fue una figura dominante en la política japonesa durante más de una década. Tras una primera gestión breve en 2006, regresó al poder en 2012 y se mantuvo hasta 2020. Desde la conducción de la mayor facción dentro del PLD, moldeó buena parte de la agenda política del país. Fue aclamado por asegurar victorias electorales y por reforzar la alianza con Estados Unidos, incluyendo la aprobación de leyes que permitieron la participación de las Fuerzas de Autodefensa en misiones militares en el extranjero, algo antes prohibido por la Constitución.
Sin embargo, su legado también quedó marcado por escándalos de favoritismo. Uno de los casos más recordados fue la venta a precio reducido de tierras estatales a un operador educativo vinculado a su esposa. La operación incluyó la falsificación de documentos públicos y terminó con el suicidio de un funcionario involucrado. A tres años de su muerte, el país sigue debatiendo el alcance de su influencia y las sombras que dejó su paso por el poder.
