Corea del Sur se encuentra sumida en una intensa crisis política luego de que el presidente Yoon Suk Yeol declarara inesperadamente la ley marcial, una medida que duró solo seis horas, pero que desató una ola de críticas tanto de legisladores como de la ciudadanía. Este miércoles, los partidos de oposición, liderados por el principal bloque opositor, el Partido Democrático (DP), presentaron una moción de destitución contra el presidente en la Asamblea Nacional, argumentando que su decisión fue antidemocrática e inconstitucional.
La ley marcial, declarada la noche del martes, fue justificada por Yoon como una respuesta a las «actividades antinacionales» del DP, a las que acusó de paralizar el gobierno. Sin embargo, la medida fue revocada en la madrugada del miércoles tras una sesión parlamentaria de emergencia, donde 190 de los 300 legisladores votaron unánimemente a favor de su retiro. Según la Constitución surcoreana, el parlamento tiene la autoridad de derogar la ley marcial si la mayoría lo aprueba.
El decreto de Yoon marcó la primera vez que se impuso la ley marcial en Corea del Sur desde su transición a la democracia en 1987, evocando recuerdos de décadas de dictaduras militares. En su discurso televisado, el presidente afirmó que su decisión buscaba «erradicar a elementos antinacionales pro-norteños» y «restaurar la felicidad del pueblo». Sin embargo, la movilización de soldados al edificio del parlamento y los enfrentamientos con legisladores generaron una fuerte condena, incluso dentro de su propio partido, el conservador Poder del Pueblo (PPP).
La ciudadanía también expresó su indignación. «Es un enfoque desfasado intentar cambiar la situación política por la fuerza», dijo Kim Se Ra, una residente de 55 años. Por su parte, Jang Dong Geun, de 70 años, defendió la medida, argumentando que era la única opción para superar el estancamiento político provocado por los constantes bloqueos del DP.
Repercusiones políticas y un incierto panorama
La moción de destitución, respaldada por seis partidos, será votada el viernes. Si es aprobada por dos tercios del parlamento, los poderes presidenciales de Yoon serán suspendidos mientras la Corte Constitucional decide si valida la destitución. Esto requeriría el apoyo de al menos seis de los nueve magistrados, un proceso que podría extenderse por meses.
Mientras tanto, los principales asesores de Yoon han ofrecido su renuncia en masa tras la controversia, incluidos Chung Jin Suk, jefe de gabinete presidencial, y Shin Won Sik, asesor de seguridad nacional. Aunque aún no está claro si el presidente aceptará estas renuncias, la situación refleja la magnitud del descontento dentro de su administración.
El impacto de la crisis también ha traspasado las fronteras. Tanto Estados Unidos, el principal aliado de Corea del Sur, como Japón, su vecino estratégico, han expresado preocupación por la estabilidad política del país en un momento clave para la seguridad regional.
La declaración de ley marcial y la subsecuente reacción han colocado al gobierno de Yoon en una posición precaria. Aunque algunos sectores justifican su decisión como un intento desesperado por desbloquear un gobierno paralizado, la mayoría de los líderes políticos y ciudadanos la ven como un ataque directo a los principios democráticos.
