ZTE vuelve a quedar bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. La compañía china, una de las mayores proveedoras de equipos de telecomunicaciones del mundo, podría tener que pagar más de mil millones de dólares para cerrar una investigación por presunto soborno en el extranjero. Fuentes con conocimiento directo del caso señalan que la cifra incluso podría duplicarse si se toma en cuenta el beneficio que la empresa habría obtenido a través de contratos sospechados de irregularidades.
El Departamento de Justicia volvió a avanzar este año sobre un expediente que llevaba largo tiempo abierto y que examina posibles violaciones a la ley FCPA, que prohíbe entregar dinero o favores a funcionarios extranjeros para obtener negocios. La pesquisa apunta a acuerdos firmados en Sudamérica y otras regiones, y varios indicios conducen a operaciones realizadas en países como Venezuela. El caso revive una historia compleja para ZTE, que ya había pagado fuertes multas en Estados Unidos y se vio envuelta en sanciones que amenazaron su continuidad.
La reacción del mercado fue casi inmediata. Sus acciones cayeron con fuerza en Hong Kong y también en Shenzhen. Ante la consulta de los inversores, la empresa aseguró que mantiene conversaciones permanentes con el Departamento de Justicia y que está reforzando los controles internos para evitar nuevas violaciones. Subrayó además que rechaza cualquier forma de corrupción y que aplica una política estricta contra posibles infracciones. Aun así, evitó dar explicaciones adicionales.
La posibilidad de un acuerdo enfrenta un obstáculo adicional: cualquier resolución necesitará la aprobación del Gobierno chino. Un portavoz de la embajada en Washington sostuvo que no conocía los detalles, pero recordó que Pekín exige a sus compañías operar de manera legal en el extranjero. Más allá de esas declaraciones, el proceso no parece cerca de concluir. Los casos de FCPA suelen demorar años, ya que exigen reconstruir operaciones que, en ocasiones, datan de más de una década.
El historial de ZTE añade complejidad al escenario. En 2017 la compañía admitió haber exportado bienes estadounidenses a Irán en contra de las sanciones vigentes y acordó una multa significativa. Un año más tarde quedó nuevamente expuesta cuando el Departamento de Comercio la acusó de incumplir compromisos asumidos en ese acuerdo, lo que derivó en un bloqueo total que puso en riesgo sus operaciones globales. El Gobierno de Donald Trump finalmente intervino y, tras otro pago importante, levantó la prohibición.
Hoy ese antecedente vuelve a pesar. El Departamento de Comercio está revisando los mismos hechos que analiza el Departamento de Justicia para determinar si ZTE incumplió el acuerdo de 2018, que continúa vigente. Un eventual fallo adverso podría reinstalar la prohibición de venderle componentes estadounidenses, lo que tendría un impacto grave en la empresa, que depende de proveedores como Qualcomm, Intel y AMD para el desarrollo de teléfonos, servidores y equipos de red.
La firma logró ganancias por encima de los mil millones de dólares el año pasado, pero un acuerdo de la magnitud que se discute podría golpear sus finanzas y su capacidad de proyectar nuevos negocios. También pondría a la compañía otra vez en el centro de una tendencia que viene marcando al sector desde hace años. Las investigaciones por corrupción en telecomunicaciones han involucrado a empresas de distintos países y han provocado pagos multimillonarios en varios casos.
Las próximas semanas serán decisivas. Si ZTE llega a un acuerdo, deberá enfrentar un golpe económico significativo para intentar dejar atrás un capítulo que se ha extendido durante más de una década. Si no lo logra, podría enfrentar sanciones que amenacen nuevamente su acceso a tecnología clave y su presencia global.
