Una filtración de documentos de inteligencia y una denuncia judicial presentada este viernes pusieron al descubierto la operación encubierta más sofisticada que Rusia habría desplegado en suelo argentino: una red de propaganda conocida internamente como «La Compañía», vinculada al Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) y al extinto Grupo Wagner, que entre 2024 y 2025 habría inyectado al menos 250 artículos de desinformación en más de 20 medios argentinos con el objetivo de desacreditar al gobierno de Javier Milei.
El caso, que comenzó a gestarse en las sombras poco después de la asunción presidencial de diciembre de 2023, adquirió hoy una nueva y concreta dimensión: por primera vez, dos periodistas con identidad verificable quedaron sindicados como presuntos responsables de haber publicado contenidos financiados por Moscú.
El origen: 76 documentos y un consorcio global
La investigación surgió de una filtración de 76 documentos internos obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio de siete organizaciones periodísticas, entre ellas openDemocracy, Forbidden Stories, Dossier Center e iStories y el portal argentino Filtraleaks. Los registros, que suman 1.431 páginas, detallan las operaciones de La Compañía en más de 30 países de África y América del Sur durante 2024.
En Argentina, la operación fue coordinada por Alexey Evgenievich Shilov, excontratista de Wagner con vínculos documentados con el SVR. Su misión declarada, según su propia biografía filtrada, era «desacreditar la política proucraniana de los dirigentes de Argentina», un objetivo que se activó semanas después de que Milei se alineara con Washington y expresara apoyo a Ucrania.
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El esquema implicó un presupuesto de al menos 283.000 dólares para la colocación de artículos, con tarifas que iban de 350 a 3.100 dólares por nota según el medio, más otros 343.000 dólares destinados a inteligencia territorial, encuestas, perfiles de figuras públicas y contactos con actores políticos y sindicales locales. Según los documentos, en agosto de 2024 Argentina fue el país donde La Compañía invirtió más recursos de toda su campaña en América Latina.
Entre los medios que aparecen en los registros figuran Diario Con Vos, El Destape, Diario Registrado, Realpolitik, C5N, Big Bang News, A24, Ámbito, Tiempo Argentino, Infobae y El Cronista, entre otros. Todos negaron haber recibido dinero de fuentes rusas. El consorcio fue explícito al señalar que no pudo confirmar si los pagos se realizaron efectivamente ni a quiénes fueron dirigidos.
Periodistas fantasma y dos identidades reales
Una parte central del mecanismo fue el uso de identidades fabricadas. Nombres como Gabriel di Taranto, Manuel Godsin, Juan Carlos López y Marcelo Lopreiatto firmaron decenas de artículos críticos sobre el gobierno, pero ninguno existe: las universidades que supuestamente los avalaban negaron cualquier vínculo, y sus fotografías correspondían a imágenes generadas con software de inteligencia artificial.
Los casos de Pablo Winokur y Juan Pablo Piscetta rompen ese patrón. A diferencia de los perfiles ficticios, se trata de periodistas reales con trayectoria verificable dentro de medios de alcance nacional.
El caso A24: Pablo Winokur
El canal A24 inició un sumario interno contra su periodista Pablo Winokur, a quien identificó como el presunto autor de diez artículos que habrían formado parte del esquema financiado desde Moscú. El punto de partida fue un correo electrónico enviado el 10 de marzo al canal por la periodista Diana Cariboni, de openDemocracy, alertando sobre los artículos sospechados. La investigación interna del Grupo América estableció que todas las notas correspondían a Winokur. La información fue revelada públicamente por el periodista Pablo Rossi. Tras conocerse su nombre, Winokur puso en privado sus cuentas de Instagram y X. El Grupo América también anunció su disposición a cooperar con la Justicia si el caso lo requiere.
El caso Infobae: Juan Pablo Piscetta
El segundo caso presenta características distintas y agrega una dimensión gremial al escándalo. El señalado como responsable de los dos artículos publicados en Infobae dentro del esquema ruso es Juan Pablo Piscetta, miembro de la Comisión Gremial Interna del medio y secretario del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). A diferencia de lo ocurrido en A24, en este caso Infobae habría sido completamente ajeno a la maniobra: Piscetta habría actuado sin conocimiento de la dirección del medio. Por los dos artículos, habría recibido cerca de 1.000 dólares en total, en línea con el tarifario manejado por La Compañía para otros medios.
La situación generó un fuerte malestar interno en la redacción. Periodistas del propio Infobae impulsan un reclamo para que Piscetta sea apartado de su cargo y exigen su desafuero y despido inmediato, argumentando que su accionar compromete la credibilidad del medio y constituye una violación grave a la ética profesional. Sin embargo, el caso presenta un obstáculo legal: en su rol de delegado gremial, Piscetta cuenta con fueros sindicales que impiden su despido directo.
La denuncia judicial y los agentes en Buenos Aires
En paralelo, el abogado Jorge Monastersky presentó este viernes una denuncia penal ante la Justicia Federal solicitando que se investigue si las operaciones de La Compañía configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional. La presentación se apoya en un comunicado de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), fechado el 2 de abril, que ya había informado al Ministerio Público Fiscal sobre la existencia de la red.
La SIDE identificó como responsables locales a dos ciudadanos rusos: Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko. Según una investigación de FOPEA, ambos abandonaron el país rumbo a San Petersburgo tras la difusión de sus nombres, pero regresaron en octubre de 2025. Al momento de publicarse esta nota, siguen residiendo en Buenos Aires sin procesamientos firmes. Andriashvili negó por escrito cualquier contacto con medios, periodistas o figuras políticas argentinas.
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Bullrich: «lo denuncié, se rieron»
La senadora Patricia Bullrich, quien hasta diciembre de 2025 se desempeñó como ministra de Seguridad, fue una de las primeras voces oficiales en alertar sobre la operación. A mediados de 2025 recibió una comunicación desde la embajada de Estados Unidos en la que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la advirtió sobre pagos a medios y periodistas vinculados a una campaña rusa. «Recibimos información fehaciente sobre una campaña de desinformación rusa en contra de nuestro gobierno», declaró Bullrich en ese momento. La denuncia fue entonces desestimada por sectores de la oposición y cuestionada por distintos medios.
Hoy, con la investigación internacional ya publicada y la SIDE confirmando la existencia de la red, Bullrich retomó el tema en sus redes sociales con un mensaje que no dejó lugar a dudas: «Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace seis meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el gobierno de Javier Milei. Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista. Debe haber algunos preocupados hoy…». El posteo llevó el irónico título «Algo de ‘Conociendo Rusia'».
A medida que los nombres propios reemplazan a las estructuras abstractas, el caso deja de ser una historia de espías rusos para convertirse en un espejo incómodo del ecosistema mediático argentino: sus fragilidades editoriales, sus tensiones gremiales y su permeabilidad ante operaciones de influencia diseñadas para explotar exactamente esas grietas.
