El inicio de las elecciones generales por fases en Myanmar, convocado por la junta militar este 28 de diciembre de 2025, ha generado una respuesta contundente de las organizaciones étnicas armadas. La Unión Nacional Karen (KNU), uno de los actores insurgentes más antiguos y con mayor capacidad operativa del país, ha advertido que este proceso electoral no representa una solución política, sino un detonante para la intensificación de las hostilidades. Según portavoces de la organización, la insistencia del régimen en validar su autoridad mediante las urnas, en un contexto de guerra civil abierta, cerrará las puertas a cualquier salida negociada en el corto plazo.
La situación en el sudeste asiático es crítica. Desde el golpe de Estado de febrero de 2021, el país ha descendido a un estado de conflicto generalizado que ha desplazado a más de tres millones de personas. La junta militar, liderada por el general Min Aung Hlaing, justifica la realización de los comicios basándose en la Constitución de 2008, que obliga a convocar elecciones tras el fin del estado de emergencia. Sin embargo, para la resistencia y gran parte de la comunidad internacional, este ejercicio carece de los estándares mínimos de transparencia, inclusión y libertad necesarios para ser considerado legítimo.
El inicio de un proceso electoral cuestionado
El calendario electoral propuesto por la Comisión Electoral de la Unión (UEC), controlada por los militares, contempla una votación dividida en etapas que se extenderá hasta enero de 2026. Este esquema responde a la incapacidad del ejército nacional, conocido como Tatmadaw, para garantizar la seguridad en la totalidad del territorio nacional. Estimaciones de organismos internacionales y agencias de inteligencia sugieren que el régimen militar solo ejerce control efectivo sobre aproximadamente el 20% del país, concentrándose principalmente en las grandes ciudades de la zona central y la capital, Naipyidó.
La Unión Nacional Karen ha manifestado que el censo poblacional realizado previamente fue una herramienta de vigilancia estatal. En entrevista con medios internacionales, Saw Taw Nee, portavoz de la KNU, señaló que la recolección de datos biométricos y personales tuvo como objetivo identificar a los opositores y sus familias, en lugar de conformar un padrón electoral fiable. En las regiones bajo control de la resistencia, como el estado de Kayin, la infraestructura de la junta ha sido desmantelada, lo que imposibilita la instalación de centros de votación que no estén fuertemente militarizados.
La postura de la Unión Nacional Karen
La KNU sostiene que la participación en estos comicios será mínima y forzada. La organización ha declarado que cualquier ciudadano o funcionario que colabore con la organización de las mesas electorales será considerado cómplice del régimen dictatorial. Esta postura no es exclusiva de los karen; otros grupos poderosos como el Ejército de la Independencia de Kachin (KIA) y el Ejército de Arakan (AA) han emitido comunicados similares, consolidando un frente de rechazo que abarca casi todas las fronteras de Myanmar.
La advertencia sobre la escalada de la guerra se fundamenta en la necesidad del ejército de recuperar territorios para simular normalidad electoral. Durante los meses previos a diciembre, la junta intensificó sus campañas de reclutamiento forzoso y el uso de drones suministrados por aliados externos para intentar frenar el avance de la resistencia. Según la KNU, este despliegue militar para proteger las urnas en zonas en disputa provocará choques directos de alta intensidad, eliminando las treguas locales que aún persistían por motivos humanitarios.
Pérdida de control territorial y ofensivas aéreas
El panorama militar para la junta ha sufrido reveses significativos desde finales de 2023, tras el éxito de la denominada «Operación 1027». Aunque el Tatmadaw ha intentado recuperar terreno mediante tácticas de tierra quemada y bombardeos aéreos sistemáticos, las fuerzas de la resistencia han mantenido su dominio sobre pasos fronterizos clave con Tailandia, China e India. La pérdida de estos puntos estratégicos ha asfixiado las finanzas del régimen, que ahora depende de la legitimación electoral para intentar atraer inversión extranjera y reconocimiento diplomático de potencias regionales.
Informes recientes indican que, ante la imposibilidad de combatir en el terreno, el ejército ha recurrido de forma creciente a la aviación. Solo en el mes de diciembre de 2025, se han registrado ataques contra hospitales en el estado de Rakhine y aldeas civiles en la región de Sagaing, resultando en decenas de víctimas mortales. Estos ataques son interpretados por la resistencia como una medida desesperada para castigar a las poblaciones que apoyan a los Gobiernos de Unidad Nacional (NUG) y evitar que se organicen boicots masivos durante las fechas de votación.
Un sistema diseñado para la permanencia militar
El marco legal bajo el cual se desarrollan estas elecciones ha sido modificado para asegurar la victoria de los partidos vinculados a los militares, como el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP). La junta cambió el sistema de votación de mayoría simple a representación proporcional, una medida que, según analistas políticos, busca fragmentar el voto de la oposición y garantizar que el brazo político del ejército mantenga una cuota de poder decisiva en el parlamento.
Además, la disolución de la Liga Nacional para la Democracia (LND), partido que ganó por abrumadora mayoría en 2020, y el encarcelamiento de sus líderes, incluida Aung San Suu Kyi, dejan el proceso sin competidores reales. La KNU y otras fuerzas de la resistencia han enfatizado que votar bajo estas condiciones solo prolongará el mandato de una dictadura que ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad. La resistencia propone, en cambio, la redacción de una nueva constitución federal que garantice la autonomía de las minorías étnicas, algo que el actual proceso ignora por completo.
El impacto humanitario y la respuesta internacional
La crisis en Myanmar tiene ramificaciones que superan sus fronteras. El desplazamiento forzado ha generado una presión constante sobre Tailandia y la India, países que han visto aumentar el flujo de refugiados en las últimas semanas ante el temor de nuevas ofensivas. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) mantiene su política del «Consenso de los Cinco Puntos», que incluye el cese de la violencia, pero su implementación ha sido nula. La cumbre de líderes de la ASEAN celebrada en Kuala Lumpur en octubre de 2025 reiteró que el diálogo debe preceder a cualquier elección, un llamado que la junta ignoró deliberadamente.
El costo humano de la guerra civil se refleja en el colapso de los sistemas de salud y educación. En las zonas controladas por la KNU, la organización ha tenido que establecer sistemas administrativos paralelos para atender a la población civil afectada por los bombardeos. La falta de acceso a ayuda humanitaria, bloqueada frecuentemente por el ejército en las rutas principales, ha dejado a miles de personas en riesgo de hambruna y enfermedades prevenibles. El inicio de las votaciones solo añade una capa de inestabilidad a un entorno ya devastado por la violencia estructural.
Proyecciones para el año 2026
La advertencia de la Unión Nacional Karen marca el tono de lo que se espera para el próximo año. Con el anuncio de los resultados previsto para finales de enero de 2026, la resistencia anticipa que la junta militar declarará una victoria total para intentar normalizar sus relaciones diplomáticas. Este movimiento será respondido con una ofensiva coordinada de los grupos étnicos y las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), que ven en este momento una oportunidad para demostrar la debilidad administrativa del régimen.
La comunidad internacional se encuentra ante el dilema de ignorar el proceso o sancionar aún más a la junta militar. Mientras China y Rusia mantienen un apoyo cauteloso basado en intereses estratégicos y venta de armamento, las Naciones Unidas han reiterado que no existen condiciones para elecciones creíbles. La resolución del conflicto parece alejarse de las mesas de votación y trasladarse definitivamente a la determinación militar en el campo de batalla, donde la KNU y sus aliados aseguran estar preparados para una guerra de desgaste prolongada.
