En una jornada histórica para la democracia en Corea del Sur, el Tribunal Constitucional confirmó por unanimidad la destitución del presidente Yoon Suk Yeol por haber violado gravemente la Constitución al imponer brevemente la ley marcial en diciembre de 2024. La decisión, leída en vivo por el juez interino Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y obliga a convocar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo de 60 días, con el 3 de junio como fecha más probable.
Con esta resolución, Yoon se convierte en el segundo presidente de Corea en ser removido de su cargo mediante juicio político, después de Park Geun-hye en 2017.
Una decisión unánime por la defensa del orden constitucional
El fallo del tribunal fue claro y contundente: Yoon violó la Carta Magna al declarar la ley marcial sin justificación legal válida, desplegar tropas en el Congreso Nacional, ordenar arrestos de legisladores opositores y obstruir el funcionamiento del sistema democrático.
“El presidente abandonó su deber de proteger la Constitución y traicionó gravemente la confianza del pueblo soberano”, sostuvo el juez Moon. “Los efectos negativos de su accionar sobre el orden constitucional son tan graves que los beneficios de su destitución superan ampliamente cualquier perjuicio institucional”, agregó.
El fallo se tomó por unanimidad, con ocho votos afirmativos de los ocho jueces que integran actualmente el tribunal. Solo algunos emitieron opiniones separadas sobre aspectos técnicos, pero no hubo disidencias respecto al fondo.
La trayectoria política de Yoon Suk Yeol ha sido tan meteórica como tumultuosa. Exfiscal general, alcanzó la presidencia en 2022 como candidato del Partido del Poder Popular (PPP), pero su gobierno se caracterizó por una intensa confrontación con la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, es imputado por insurrección tras imponer la ley marcial
La tensión política alcanzó su punto máximo el 3 de diciembre de 2024, cuando Yoon decretó sorpresivamente la ley marcial, acusando al Parlamento de paralizar la gestión con sus constantes intentos de destitución de funcionarios clave y recortes presupuestarios. Ese mismo mes, fue destituido por el Congreso y posteriormente arrestado por cargos de sedición, aunque recuperó su libertad tras una resolución judicial que consideró inválida su detención.
El juicio político se desarrolló durante 111 días y fue seguido de cerca por una ciudadanía polarizada. Las calles de Seúl fueron escenario de protestas tanto a favor como en contra del mandatario hasta último momento.
Tras conocerse el veredicto, Yoon emitió un comunicado en el que reconoció su salida del cargo con palabras conciliadoras. “Fue un honor servir a la República de Corea. Agradezco a todos quienes me acompañaron y pido perdón a aquellos cuyas expectativas no pude cumplir. Siempre rezaré por esta nación que tanto amo”, expresó.
Poco después, se reunió con las principales autoridades de su partido para agradecer el apoyo y alentar al PPP a prepararse con firmeza para las elecciones anticipadas.
El jefe interino de Estado en Corea, Han Duck-soo, pronunció un mensaje a la nación en el que asumió “con gravedad” la transición política; “garantizaremos la estabilidad institucional, la seguridad nacional y la continuidad de los asuntos exteriores y económicos”, prometió Han, quien ocupará el cargo hasta la elección del nuevo presidente.
División política y movilización ciudadana
El impacto político fue inmediato. El líder del PPP, Kwon Young-se, ofreció disculpas a la población y declaró que el partido acepta “humildemente” el fallo judicial. “Respetar esta decisión es el único camino para fortalecer nuestra democracia y el Estado de derecho”, afirmó.
En contraste, el principal opositor y actual favorito en las encuestas para la presidencia, Lee Jae-myung, celebró el fallo como “una victoria del pueblo y de la democracia”. En un mensaje desde la Asamblea Nacional, Lee llamó a la “unidad nacional” y a reconstruir el país “con esperanza y respeto por las instituciones”.
La ciudadanía también expresó sus emociones en las calles. Manifestantes opositores al expresidente celebraron entre lágrimas, banderas y carteles de agradecimiento al tribunal. Del otro lado, seguidores de Yoon reaccionaron con tristeza, gritos y desazón. “No lo puedo creer, esto es injusto”, expresó una de sus simpatizantes frente a la residencia presidencial.
La Constitución surcoreana establece que, tras una destitución presidencial, debe convocarse una elección en un plazo no mayor a 60 días. Todo indica que la fecha será el martes 3 de junio, replicando el precedente de 2017, cuando Moon Jae-in fue elegido dos meses después de la destitución de Park Geun-hye.
Yoon pierde así todos los beneficios asociados a su condición de ex presidente, como pensión vitalicia, oficina, personal y derecho a ser enterrado en un cementerio nacional de Corea. No obstante, conservará protección de seguridad personal durante al menos cinco años, según establece la legislación vigente.
Mientras tanto, las principales fuerzas políticas se movilizan para definir candidatos, alianzas y estrategias de cara a una campaña electoral que ya comenzó, aunque el país aún atraviesa el impacto de la crisis institucional más grave desde 2017.
Más allá de la figura de Yoon, este episodio deja una advertencia institucional sobre los límites del poder presidencial y el respeto por los principios democráticos. La Corte ha dejado en claro que incluso el más alto cargo del Estado debe responder por sus acciones, y que la Constitución es el marco supremo que rige la vida política de Corea del Sur.
Como lo expresó el juez Moon durante la lectura del fallo: “Ninguna intención política justifica el atropello a las instituciones ni la movilización de las fuerzas armadas contra el propio pueblo. Esta decisión es, ante todo, una defensa de la democracia”.
En un mundo donde los liderazgos autoritarios resurgen con fuerza, la firmeza del sistema institucional surcoreano se erige hoy como un ejemplo de madurez republicana.
Colaboradora en ReporteAsia.
