El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, considera disolver la Cámara de Representantes si la principal fuerza opositora presenta una moción de censura, según informó una fuente cercana a la cúpula del gobierno. La posibilidad de un llamado anticipado a elecciones generales se da en un contexto de fragilidad parlamentaria, ya que la coalición gobernante no cuenta con mayoría en la cámara baja.
La disolución podría producirse incluso antes de que la moción sea votada, lo que evitaría que el proceso formal imponga al gobierno la obligación constitucional de disolver la cámara o forzar la renuncia del gabinete en un plazo de diez días. De acuerdo con la misma fuente, Ishiba ya ha manifestado a sus colaboradores que una moción por parte del Partido Democrático Constitucional de Japón sería suficiente para poner en marcha el mecanismo de disolución.
Dentro del oficialismo, la idea ha comenzado a tomar forma. El secretario general del Partido Liberal Democrático, Hiroshi Moriyama, habría compartido esta estrategia con otros dirigentes partidarios. Si la cámara baja se disuelve, crece la posibilidad de que se convoquen elecciones conjuntas con la cámara alta, cuya renovación parcial está prevista para el verano.
Sin embargo, dentro del propio gobierno hay quienes se muestran reticentes. La situación económica, marcada por una inflación creciente y el aumento sostenido del precio del arroz, genera dudas sobre la conveniencia de abrir una instancia electoral. Además, el nuevo régimen arancelario impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump complica aún más el escenario.
Un llamado a las urnas podría crear un vacío político en un momento delicado, y no se descarta que la ciudadanía reaccione con dureza ante la iniciativa del oficialismo, cuya imagen se encuentra desgastada. En los últimos comicios generales, ni la coalición gobernante ni la oposición lograron alcanzar la mayoría absoluta de 233 escaños, lo que ha obligado a negociaciones constantes para avanzar con los proyectos legislativos.
En ese marco, el oficialismo cedió la semana pasada ante una de las principales exigencias del bloque opositor, accediendo a modificar el proyecto de reforma previsional. El gesto buscó facilitar el tratamiento parlamentario y garantizar la aprobación de la ley antes de que finalice la actual sesión legislativa el 22 de junio.
