La Cámara Baja de Japón aprobó un controvertido proyecto de ley que modificaría una ley de inmigración para permitir a las autoridades deportar a las personas que soliciten repetidamente el estatuto de refugiado.
Según informó Kyodo News, la aprobación se produjo a pesar de la fuerte oposición de los partidarios de los solicitantes de asilo, que afirman que las revisiones previstas podrían dar lugar a la devolución de personas en riesgo de persecución en sus países de origen. El proyecto de ley se debatirá ahora en la Cámara de Consejeros.
En la actualidad, Japón no puede deportar a extranjeros a sus países de origen mientras estén pendientes sus solicitudes del estatuto de refugiado, y el gobierno sospecha que muchos han abusado del sistema al solicitar varias veces por el mismo motivo la permanencia en el país.
Con la modificación de la ley de inmigración, el gobierno dirigido por el primer ministro Fumio Kishida pretende poner fin a la detención prolongada en centros de inmigración de los extranjeros que no cumplen las órdenes de deportación dictadas por estancia excesiva y otros motivos.
El proyecto de ley permitiría al gobierno repatriar a quienes no demuestren por qué se les debería conceder el estatuto de refugiado al solicitarlo por tercera vez o más.
La enmienda prevista también incluye conceder a las personas procedentes de regiones afectadas por conflictos el estatus de cuasi-refugiados para permitirles permanecer en Japón aunque no cumplan los criterios para ser refugiados.
Como parte de los esfuerzos para evitar las detenciones de larga duración, el gobierno permitiría a las personas que soliciten el estatuto de refugiado vivir fuera de las instalaciones de inmigración bajo la supervisión de sus partidarios.
Durante las deliberaciones de la comisión de asuntos judiciales de la Cámara Baja, el principal partido de la oposición, el Partido Constitucional Democrático de Japón, pidió que se creara un organismo externo que examinara el proceso de reconocimiento de la condición de refugiado, que actualmente llevan a cabo las autoridades de inmigración, para garantizar la imparcialidad del procedimiento.
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Pero el bloque gobernante, liderado por el Partido Liberal Democrático de Kishida, rechazó la petición y sólo introdujo cambios menores en el proyecto de ley, incluida la formación de los funcionarios de inmigración sobre cómo examinar a los solicitantes de asilo, tal y como propuso el opositor Partido de la Innovación de Japón.
En 2021, el gobierno archivó un proyecto de enmienda de la ley de inmigración en medio de una creciente reacción después de que una mujer de 33 años de Sri Lanka muriera mientras se encontraba retenida en un centro de inmigración de Nagoya, en el centro de Japón.
Llevaba unos meses quejándose de dolor de estómago y otros síntomas, y finalmente murió por falta de la atención médica necesaria. Su familia sostiene que fue detenida ilegalmente y ha presentado una demanda contra el gobierno japonés.
A principios de este año, el gobierno presentó al parlamento el último proyecto de ley, que mantiene en gran medida el contenido del que fue retirado anteriormente.
En 2022, Japón concedió el estatuto de refugiado a 202 personas, una cifra récord desde que comenzó a concederlo en 1982. Pero la cifra está por detrás de las de los países europeos, donde las solicitudes de asilo y refugio suelen aceptarse por decenas de miles al año, así como de las de Estados Unidos.
