Un tribunal japonés condenó el viernes al gobierno a indemnizar por daños y perjuicios a una mujer con discapacidad auditiva que fue sometida a esterilización forzosa en virtud de una ley de protección de la eugenesia ya desaparecida, la cuarta sentencia de este tipo según Kyodo News.
El Tribunal del Distrito de Shizuoka declaró inconstitucional la ley de 1948 y concedió 16,5 millones de yenes (123.000 dólares) a la demandante, residente en la prefectura del centro de Japón, que presentó la demanda en 2019 alegando que se había sometido a una operación de esterilización en 1970.
Es el cuarto caso en el que se conceden indemnizaciones por esterilización forzada, tras las sentencias de los tribunales superiores de Tokio y Osaka y del Tribunal de Distrito de Kumamoto.
Al dictar sentencia, el presidente del tribunal, Yoshinori Masuda, declaró que la esterilización vulneraba la libertad de la mujer a decidir si deseaba tener un hijo, en violación de la Constitución, que garantiza el derecho a buscar la felicidad.
La intervención quirúrgica no consentida «basada en la idea discriminatoria de que debe impedirse el nacimiento de descendientes discapacitados» provocó «un enorme sufrimiento mental y físico», afirmó.
El tribunal dictaminó que el gobierno estaba obligado a indemnizar a la mujer, y que no se aplicaba el plazo de prescripción de 20 años para un acto ilegal según el Código Civil.
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Se han presentado demandas similares en 10 tribunales y una sucursal de todo Japón. La mayoría de los tribunales de distrito han desestimado las demandas de indemnización por prescripción.
El Tribunal del Distrito de Shizuoka declaró inconstitucional la ley de 1948 y concedió 16,5 millones de yenes (123.000 dólares) a la demandante
Entre 1948 y 1996, la ley de protección de la eugenesia autorizó la esterilización de personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o trastornos hereditarios, incluso sin su consentimiento. Unas 25.000 personas fueron esterilizadas, según datos del gobierno.
El abogado de la mujer había afirmado que «la esterilización forzada fue la mayor violación de los derechos humanos de la posguerra según la Constitución japonesa.»
En 2019 entró en vigor una ley para pagar 3,2 millones de yenes en compensación estatal a cada persona que se sometió a esterilización forzada, pero ha habido muchas críticas sobre la cantidad uniforme.
