En un caso que ha generado gran interés público y controversia a nivel mundial, la policía de Corea del Sur confirmó este viernes que ha interrogado al presidente en funciones, Han Duck-soo, como parte de la investigación sobre la breve imposición de la ley marcial por el presidente Yoon Suk Yeol a principios de este mes de diciembre. Esto se debe a que Han ha sido señalado como uno de los asistentes a la reunión del Gabinete donde se tomó la decisión de implementar esta medida de emergencia.
La declaración de la ley marcial, realizada la noche del día martes 3 de diciembre, ha sido objeto de numerosas críticas debido a las circunstancias y el trasfondo político que rodearon su anuncio. Según han informado las autoridades, Han Duck-soo es una de las nueve personas interrogadas hasta ahora debido a su participación en la reunión que precedió al polémico decreto. A partir de ahora, el actual presidente en funciones es considerado formalmente como sospechoso en el marco de la investigación.
Los avances hasta el momento en la investigación
El oficial a cargo de la investigación señaló que, hasta el momento, la policía de Corea del Sur ha interrogado a nueve de los doce asistentes a la reunión del Gabinete, excluyendo al presidente Yoon, al exministro de Defensa Kim Yong-hyun y al ministro de Unificación Kim Yung-ho. Este último, aunque no compareció ante la policía, optó por presentarse directamente ante la fiscalía, donde también fue interrogado.
«De las doce personas que asistieron a la reunión del Gabinete, hemos investigado a nueve. No obstante, el ministro de Unificación eligió cooperar con la fiscalía, lo que está dentro de sus derechos, aunque complica el avance coordinado de las investigaciones,» explicó el oficial.
La policía trabaja en colaboración con la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Defensa surcoreano para realizar una investigación conjunta en la búsqueda por aclarar las acusaciones de abuso de poder y presunta incitación a la insurrección por parte del presidente Yoon y otros altos funcionarios. Entre las denuncias, una de las que ha causado más indignación entre los ciudadanos es el supuesto despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de bloquear posibles acciones legislativas para derogar la ley marcial.
El número de solteros en Corea del Sur se multiplica por seis en las últimas dos décadas
Una investigación paralela de la fiscalía
Por su parte, la fiscalía ha lanzado una investigación independiente sobre el caso, centrándose en las acciones de Yoon y del exministro del Interior y Seguridad, Lee Sang-min. Sin embargo, esta semana decidió transferir su investigación sobre estos dos implicados al equipo conjunto liderado por la policía, el CIO y el Ministerio de Defensa, en un esfuerzo por consolidar los hallazgos y evitar duplicación de esfuerzos.
«La transferencia de la investigación busca una mayor eficacia y unificación en el proceso, considerando la magnitud y la gravedad de las acusaciones,» comentó un representante de la fiscalía.
La imposición de la ley marcial por parte del presidente Yoon ha generado un intenso debate en Corea del Sur. Aunque la medida se justificó oficialmente como una respuesta a una supuesta amenaza a la seguridad nacional, críticos y legisladores de la oposición argumentan que fue un intento de consolidar el poder y evitar el escrutinio parlamentario.
El despliegue de tropas en la Asamblea Nacional fue particularmente polémico y fue interpretado por algunos como un gesto intimidatorio hacia los legisladores que buscaban derogar la ley marcial. Esto ha llevado a llamados generalizados para que se investigue exhaustivamente la legalidad y la ética de las acciones del presidente y su administración.
Han Duck-soo anteriormente había desempeñado un papel como primer ministro. Ahora, como presidente en funciones, ha tenido que enfrentar un escrutinio significativo en medio de estos sucesos. Su implicación en la reunión del Gabinete y las decisiones tomadas en ella podrían tener importantes repercusiones políticas y legales.













