La situación política en Corea del Sur dio un nuevo giro este viernes, cuando Han Dong Hoon, líder del partido oficialista Poder del Pueblo (PPP), declaró que es urgente suspender las funciones del presidente Yoon Suk Yeol. Esta declaración, motivada por informes que señalan que Yoon habría ordenado la detención de políticos clave tras declarar ley marcial, marca un cambio significativo en la postura de Han, quien previamente había manifestado su intención de bloquear la moción de destitución presentada por la oposición.
Han afirmó que fuentes confiables confirmaron la supuesta orden de arresto, calificando estas acciones como una amenaza para la República de Corea y su pueblo. Sin embargo, la oficina presidencial negó categóricamente estas acusaciones, indicando que el presidente no emitió tales instrucciones.
La moción de destitución, presentada el miércoles por el opositor Partido Democrático (DP) y cinco partidos adicionales, se someterá a votación en la Asamblea Nacional, donde se requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación. Con el DP controlando la mayoría parlamentaria, el apoyo de al menos ocho legisladores del PPP será crucial para que la moción prospere.
Uno de los miembros del PPP, Cho Kyoung Tae, se convirtió en el primer legislador del partido en respaldar públicamente la destitución de Yoon. Según declaraciones de Cho, la votación podría adelantarse a este viernes, reflejando la creciente urgencia de resolver la crisis política que ha sacudido al país desde la declaración de ley marcial, revocada apenas seis horas después de su implementación.
El líder del DP, Lee Jae Myung, enfatizó la necesidad de actuar con rapidez para limitar los poderes de Yoon, argumentando que no se puede confiar el gobierno a un presidente que ha puesto en peligro la vida de los ciudadanos a través de acciones inconstitucionales.
Mientras tanto, la Fiscalía Suprema anunció la formación de un equipo especial para investigar los procedimientos seguidos por Yoon al declarar la ley marcial. Por su parte, el ministerio de Defensa expresó su disposición a colaborar plenamente con la investigación y descartó apoyar cualquier nueva declaración de este tipo.
El exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, quien habría sugerido la implementación de la ley marcial, renunció el jueves y enfrenta una prohibición de viajar mientras se investigan posibles cargos de traición contra él, Yoon y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Park An Su.
Con una Asamblea Nacional dividida y un clima de incertidumbre política, el desenlace de esta crisis podría tener profundas repercusiones no solo para la administración de Yoon, sino también para la estabilidad de Corea del Sur en un momento clave para la región.
