La crisis política en Corea del Sur se intensifica mientras el partido oficialista, Poder del Pueblo (PPP), busca bloquear una moción de destitución contra el presidente Yoon Suk Yeol. Esto ocurre tras la polémica declaración de ley marcial que, aunque duró solo seis horas, generó indignación pública y llevó al país a una profunda turbulencia política.
El líder del PPP, Han Dong Hoon, aseguró que el partido hará todo lo posible para evitar la aprobación de la moción, argumentando que una destitución podría llevar a un caos político aún mayor. Sin embargo, Han fue contundente al exigir que Yoon renuncie a su afiliación al partido y asuma la responsabilidad de lo que calificó como una decisión inconstitucional que causó una «ansiedad innecesaria» en la población.
La ley marcial, implementada por el presidente el martes por la noche para frenar lo que describió como «actividades antinacionales,» fue revocada tras una resolución parlamentaria de emergencia. Durante esas horas, soldados fueron desplegados en el edificio de la Asamblea Nacional, pero se retiraron rápidamente una vez que los legisladores anularon la medida.
El miércoles, el opositor Partido Democrático (DP), que cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional, junto con otros cinco partidos, presentó formalmente una moción de destitución. La votación está programada para el sábado por la noche, y se necesitarán al menos ocho votos del PPP para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para suspender a Yoon de sus funciones presidenciales.
Japón observa con preocupación la crisis en Corea del Sur tras la breve declaración de ley marcial
Si se aprueba la moción, el caso será remitido al Tribunal Constitucional, que decidirá si confirma o rechaza la destitución. Mientras tanto, el gobierno de Yoon enfrenta una crisis interna: todos los miembros de su gabinete han ofrecido renunciar, y el jueves el presidente aceptó la dimisión del ministro de Defensa, Kim Yong Hyun, quien supuestamente sugirió declarar la ley marcial.
Además, Kim enfrenta cargos legales después de que un grupo de partidos minoritarios presentó una denuncia por traición contra él, el presidente Yoon y el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Park An Su. Tanto la fiscalía como la policía han impuesto restricciones de viaje al exministro y planean investigar el procedimiento llevado a cabo para la implementación de la ley marcial, el cual presuntamente no cumplió con los requisitos constitucionales.
La situación ha desatado una polarización profunda en el panorama político surcoreano. Mientras el oficialismo trata de contener el daño, la oposición busca responsabilizar al presidente por lo que considera un ataque directo a los principios democráticos del país. La resolución de esta crisis será crucial no solo para el futuro de Yoon, sino también para la estabilidad de Corea del Sur en un momento de gran incertidumbre interna y externa.
