Donald Trump prometió en 2024 la deportación masiva más grande de la historia de Estados Unidos. Movilizó al ICE, desplegó operativos en barrios latinos, construyó la narrativa del inmigrante criminal como amenaza existencial y usó cada imagen de un detenido esposado como combustible para sus redes sociales. El resultado, según el Migration Policy Institute, fue considerablemente más modesto que el anuncio: las deportaciones en el primer año de su segundo mandato fueron similares a las de la administración Biden, con más espectáculo y menos eficiencia. La política migratoria de Trump es hoy, junto con el conflicto en Irán —que mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz y disparó los precios de la energía en todo el mundo— uno de los temas peor gestionados de su administración: costosa en términos políticos, ineficiente en términos operativos y con un costo de imagen internacional que ningún comunicado de prensa logró revertir.
Javier Milei vio todo eso y tomó nota. No de los resultados: de la estética.
El operativo del 7 de agosto en el Barrio Chino de Belgrano tiene todos los elementos del manual trumpista de la política migratoria como espectáculo: la foto policial para las redes, el comunicado con lenguaje de guerra, el número grande y vago de «expulsados» y, como toque final, el llamado a la delación ciudadana. «Si conocés a un extranjero que se encuentra en situación migratoria irregular, denuncialo de forma anónima y segura a la Línea 134.» Trump tenía la ICE Tip Line. Milei tiene el 134. La lógica es idéntica: convertir al vecino extranjero en sospechoso permanente y al ciudadano en informante voluntario del Estado.
El número de Milei que Trump habría aplaudido
El gobierno argentino anunció 14.000 expulsiones de extranjeros peligrosos en el primer semestre de 2026. Es el tipo de número que Trump hubiese tuiteado en mayúsculas con tres signos de exclamación. El problema es que Chequeado lo abrió y encontró que la mayor parte corresponde a rechazos en frontera —personas que no pudieron acreditar solvencia económica al llegar— y a aplicaciones discrecionales del criterio de «falso turista», que pasó del 8% al 41% de los rechazos en dos años según datos de la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes. Las expulsiones efectivas por delitos penales son alrededor de 600 por año, un número que existía antes de Milei y que no cambió sustancialmente.
Trump hacía lo mismo: mezclaba en un solo número a personas con antecedentes penales, a quienes habían overstayed su visa y a quienes cruzaron la frontera sin papeles, y los presentaba como una masa homogénea de criminales. La estrategia comunicacional es idéntica: no importa qué tan heterogéneo sea el universo real, lo que importa es el número grande y la foto del operativo.
Los barrios elegidos no son casualidad
Trump desplegaba sus operativos en South Central Los Ángeles, en el Bronx, en los barrios de Chicago con alta concentración de mexicanos y centroamericano; Milei los despliega en el Barrio Chino, en Liniers, en Once, en Villa Celina. En ambos casos, la elección geográfica no responde a datos de criminalidad —ninguno de esos barrios encabeza los rankings de delito de sus respectivas ciudades— sino a la concentración visible de población migrante y racialmente identificable.
Y aquí está la pregunta que la imitación trumpista de Milei no puede esquivar: ¿cómo decide un policía a quién pedirle el DNI en el Barrio Chino? No puede saber quién tiene papeles y quién no. Lo que puede ver es el aspecto físico. En un barrio de alta concentración de personas de origen asiático y latinoamericano, «hacer un control migratorio» significa en la práctica pedir documentos a quienes parecen extranjeros. Eso tiene un nombre: perfilamiento racial. Es la misma práctica que los tribunales estadounidenses han limitado repetidamente cuando el ICE la aplica, y que organizaciones de derechos civiles como la ACLU llevan décadas combatiendo en los operativos migratorios de Trump.
Los taiwaneses que llevan décadas en Belgrano
Hay un dato que el comunicado del Ministerio de Seguridad no menciona: una parte significativa de la comunidad que habita y trabaja en el Barrio Chino de Belgrano no es china continental sino taiwanesa, con décadas de arraigo en Argentina. Los primeros migrantes taiwaneses llegaron al país en los años sesenta y setenta, muchos de ellos huyendo de la inestabilidad política de la isla y buscando oportunidades económicas en América del Sur. Para los años noventa, la comunidad taiwanesa en Buenos Aires era una de las más grandes de América Latina, con sus propias escuelas, asociaciones civiles, templos y negocios establecidos en Belgrano.
Muchos de esos migrantes llevan cuarenta o cincuenta años en Argentina, tienen hijos y nietos argentinos, son ciudadanos naturalizados o residentes permanentes desde hace décadas. Algunos de sus descendientes nacieron en el país y tienen DNI argentino desde siempre. El operativo del 7 de agosto no hizo ninguna distinción entre ellos y cualquier otro transeúnte del barrio: lo que activó el control policial no fue ningún indicador de irregularidad sino el aspecto físico de las personas en una zona comercial de alta concentración de población de origen asiático.
Pedirle el DNI a un taiwanés de 70 años que lleva medio siglo viviendo en Belgrano porque «parece extranjero» no es control migratorio. Es exactamente lo que la Constitución Nacional argentina prohíbe: discriminación por origen étnico. Y es también la consecuencia inevitable de un operativo diseñado para producir imágenes de impacto antes que para identificar irregularidades reales.
El sistema que genera lo que persigue
Trump construyó su narrativa sobre una paradoja que nunca resolvió: las mismas empresas agrícolas, constructoras y de servicios que financiaban al Partido Republicano dependían del trabajo no documentado que Trump prometía eliminar. La irregularidad migratoria no existía a pesar del sistema económico estadounidense: existía por él.
Milei tiene su propia versión de esa paradoja. El DNU 366/2025 elevó los requisitos de solvencia económica para acceder a la residencia permanente a niveles que la mayoría de los migrantes —y una porción significativa de los propios argentinos— no puede acreditar. El resultado fue que las residencias permanentes otorgadas cayeron de 90.000 anuales a 41.000 en 2025. El Estado cerró la puerta de la regularización y luego organizó operativos para perseguir a quienes no pudieron regularizarse. Sumado a que la Dirección Nacional de Migraciones actúa con demoras y trabas de forma sistemática.
Trump hizo exactamente lo mismo: endureció los criterios de residencia legal, redujo los programas de regularización y luego presentó el incremento de la irregularidad resultante como una invasión que requería respuesta de emergencia. El círculo es perfecto: el gobierno genera el problema que justifica la política que genera el problema.
La diferencia que Milei no menciona
Argentina tiene una Ley de Migraciones sancionada en 2004 que fue considerada durante años un modelo regional de enfoque de derechos en política migratoria. La irregularidad migratoria en Argentina no es una emergencia de seguridad nacional: es en su mayoría el resultado de trámites burocráticos lentos, costos de regularización que los migrantes de bajos ingresos no pueden afrontar y, desde el DNU de 2025, requisitos deliberadamente más altos.
Copiar la estética de los operativos de Trump en ese contexto no resuelve ningún problema real. Construye la narrativa del problema —el inmigrante irregular como amenaza— y la usa para justificar la política de persecución. Trump al menos tiene una frontera terrestre de 3.000 kilómetros que justifica retóricamente la urgencia. Milei tiene el Barrio Chino de Belgrano, sus restaurantes llenos de turistas los fines de semana y una comunidad de taiwaneses que lleva más tiempo en Argentina que algunos de los funcionarios de su gobierno.
Es, en ese sentido, la imitación más fiel posible del peor Trump: no del que deporta criminales sino del que hace fotos deportando trabajadores y llama a los vecinos a delatarse entre sí. El original al menos tiene escala. La copia tiene quince policías por esquina en una feria gastronómica de Belgrano.
Co-fundador de Reporte Asia.
