La participación de POSCO en el ambicioso proyecto energético que busca llevar gas natural licuado desde Alaska volvió a quedar envuelta en dudas. Un grupo que representa a fabricantes estadounidenses expresó su preocupación por el posible uso de acero producido en Corea para construir el extenso gasoducto que conectará la región del North Slope con una terminal de exportación en la península de Kenai. Ese cuestionamiento renovó la presión sobre la administración de entonces, que había impulsado el proyecto como parte de su estrategia para ampliar la infraestructura energética del país.
La advertencia surgió pocos días después de que POSCO International, la unidad de comercio y energía del conglomerado coreano, firmara un acuerdo con Glenfarne, responsable principal del desarrollo. El entendimiento contemplaba el suministro de acero a cambio de futuras compras de gas licuado. Para la Coalición por una América Próspera, esa asociación abrió la puerta a un escenario que, en su mirada, contradice los mensajes que el gobierno había intentado instalar respecto del apoyo a la producción nacional.
En un comunicado difundido en Estados Unidos, la organización remarcó que el gasoducto previsto, que se extendería a lo largo de Alaska para abastecer la nueva terminal, sería fabricado fuera del país, pese a que la administración defendía públicamente un arancel que buscaba proteger al acero estadounidense. A juicio del grupo, permitir que una obra de esa magnitud dependa de proveedores extranjeros deja en evidencia inconsistencias en la política industrial y genera riesgos en una cadena de suministros que consideran estratégica.
La crítica también apuntó al modo en que se calcula la tarifa arancelaria del cincuenta por ciento para el acero importado. Según el grupo, la metodología se basa en los precios reportados por los propios fabricantes extranjeros, lo que abre la posibilidad de subestimar el valor real y reducir la carga fiscal. Para la organización, esa fórmula habilita maniobras que podrían vaciar de contenido la medida proteccionista. Sostuvieron que sería necesario volver a un sistema de tarifas específicas para evitar interpretaciones favorables a los exportadores y garantizar reglas más claras para la industria local.
Además de reclamar una revisión de los criterios arancelarios, el grupo insistió en la necesidad de aplicar un estándar uniforme de producción nacional a las inversiones federales en infraestructura y energía. Desde su perspectiva, esa coherencia permitiría fortalecer a los proveedores estadounidenses, asegurar empleo en sectores clave y reducir la exposición a proveedores extranjeros en áreas que consideran sensibles para el interés nacional.
El planteo dejó en evidencia la tensión entre la intención de avanzar con un proyecto energético de gran escala y las presiones políticas para que la cadena de suministros se mantenga dentro de Estados Unidos. Mientras POSCO busca consolidar su rol en un mercado de alto potencial, la discusión sobre quién debe proveer los componentes centrales del proyecto vuelve a poner bajo la lupa la relación entre prioridades económicas y compromisos con la industria local en un momento en que el debate sobre el origen de los insumos se volvió más presente que nunca.
