La reciente gira del presidente Daniel Noboa por China ha culminado en un anuncio que, lejos de traer certidumbre, ha sembrado nuevas dudas y profundas preocupaciones en el ya turbulento expediente de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS). El acuerdo con Power China, la casa matriz de la controvertida constructora Sinohydro, para la operación y mantenimiento de la megaplanta, valuado en 400 millones de dólares, ha sido presentado con una opacidad que raya en la irresponsabilidad, despertando críticas y alimentando sospechas sobre los verdaderos términos y las implicaciones de esta negociación.
La canciller Gabriela Sommerfeld fue la encargada de dar la noticia, casi de pasada, en una entrevista televisiva el 8 de julio. Un anuncio escueto, sin mayores detalles sobre las implicaciones técnicas, financieras o legales, y lo más alarmante: sin clarificar si este pacto pone fin al complejo y millonario arbitraje internacional que Ecuador mantiene con Sinohydro. La falta de información oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ha sido, hasta el momento, rotunda, a pesar de las insistentes consultas periodísticas. Esta omisión de transparencia es inaceptable para una obra que es, al mismo tiempo, la más grande del país y un monumento a los fracasos de la planificación y la ejecución.
Coca Codo Sinclair, con una potencia instalada de 1.500 megavatios, ha sido desde su concepción un símbolo de promesas incumplidas y una fuente inagotable de problemas. Iniciada su construcción en julio de 2010 con un costo que superó los 3.000 millones de dólares, la planta, operativa desde 2016, ha sido una pesadilla ingenieril. Informes de la Contraloría General del Estado han revelado la existencia de más de 7.000 fisuras en sus distribuidores de presión, un número que en 2022 se había multiplicado a casi 17.500, a pesar de múltiples intentos de reparación.
Estas fallas estructurales han impedido que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) reciba oficialmente la obra, lo que derivó en un arbitraje internacional contra Sinohydro ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Celec reclama una millonaria indemnización de 580 millones de dólares por estos defectos, mientras que Sinohydro ha contrarreclamado por supuestos incumplimientos de la parte ecuatoriana. En medio de esta disputa legal, el acuerdo con Power China aparece como un as bajo la manga, pero también como una potencial trampa.
Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, ha sido una de las voces más críticas. Para él, los 400 millones de dólares ofrecidos por Power China son un monto «muy bajo», «inaceptable» y «demasiado poco» en comparación con las reparaciones que la central necesita y los daños reclamados por Ecuador. En 2023, durante negociaciones previas, se había llegado a hablar de una posible indemnización de hasta 1.500 millones de dólares por parte de la contratista. Este contraste hace que la cifra actual suene a una renuncia tácita a una compensación justa.
La opacidad del acuerdo es aún más preocupante si se considera la advertencia de Santos Alvite: este monto debería ser evaluado por un banco internacional imparcial para determinar el valor real de lo invertido por Sinohydro, los daños acumulados y el beneficio recibido por Ecuador. Sin esta auditoría independiente, el acuerdo con Power China podría ser percibido como una forma de «maquillar» las responsabilidades de la empresa constructora bajo el pretexto de un nuevo contrato de operación y mantenimiento.
Xi Jinping se reunió en Beijing con el presidente Daniel Noboa
Más allá de las fisuras, Coca Codo Sinclair enfrenta una amenaza existencial: la erosión regresiva del río Coca. Este fenómeno geológico, acelerado tras el colapso de la majestuosa cascada de San Rafael en 2020 (un evento cuya relación con la construcción de la planta sigue siendo objeto de debate), avanza implacablemente hacia la toma de agua de la central. Un estudio del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. ha advertido que el riesgo de que la erosión alcance la planta es inminente, posiblemente para 2026. Además, la acumulación de sedimentos debido a la falta de compuertas amenaza con enterrar otra parte de la infraestructura.
En este contexto, la falta de información detallada sobre cómo el acuerdo con Power China abordará la amenaza de la erosión regresiva es un agujero negro. ¿Se contempla una inversión sustancial para mitigar este riesgo? ¿O el contrato de operación y mantenimiento es solo un parche temporal mientras la infraestructura se desmorona lentamente? La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se protegerán los intereses del país ante una inversión que, si bien es vital, fue fundamentalmente defectuosa desde su origen y sigue bajo una amenaza estructural constante.
El hecho de que Power China sea la casa matriz de Sinohydro, la empresa demandada por los defectos de construcción, añade una capa de complejidad y potencial conflicto de interés al acuerdo. ¿Cómo se manejarán los reclamos pendientes? ¿Este nuevo contrato influirá, o incluso anulará, los procesos técnicos o legales abiertos? El riesgo es que el mantenimiento se convierta, eventualmente, en una forma de asumir responsabilidades sin reconocerlas formalmente, diluyendo la rendición de cuentas por los errores pasados.
La narrativa oficial intenta pintar un cuadro optimista, hablando de «modernización», «incorporación de tecnología» e «inversión internacional». Fernando Salinas, presidente del Foro Energético, ha destacado la «importancia» de que Power China se muestre dispuesta a invertir a pesar del litigio. Sin embargo, estas declaraciones parecen ignorar el elefante en la habitación: la posibilidad de que este acuerdo sea una salida negociada que favorezca más a la constructora original que a los intereses económicos y energéticos de Ecuador.
Para el exministro Santos Alvite, la transparencia es clave. Sugiere la creación de una comisión interministerial (Energía, Finanzas, Procuraduría) junto con la Comisión Nacional Anticorrupción para supervisar el proceso. Esta propuesta resalta la profunda desconfianza que genera la falta de divulgación. Sin información completa y un escrutinio riguroso, el contrato con Power China corre el riesgo de alimentar dudas legítimas sobre posibles renuncias implícitas a futuras demandas y de consolidar un pacto que priorice la diplomacia sobre la justicia.
La crisis eléctrica que ha vivido Ecuador recientemente, con apagones de hasta 14 horas, subraya la dependencia crítica del país de su infraestructura hidroeléctrica. Coca Codo Sinclair, a pesar de sus problemas, es el «baluarte» que ha evitado un agravamiento mayor. Sin embargo, esta dependencia se convierte en una vulnerabilidad extrema cuando la joya de la corona energética es intrínsecamente defectuosa y está amenazada por fuerzas naturales imparables.
El presidente Daniel Noboa ha prometido diversificar la matriz energética y responsabiliza a sus predecesores por la crisis actual. Pero el acuerdo con Power China, en lugar de ser un paso hacia una solución estructural transparente y a largo plazo, parece una decisión precipitada y velada. La percepción pública de un «avance significativo» contrasta con las voces críticas que ven en este acuerdo una oportunidad perdida para exigir una compensación justa y una solución definitiva a los vicios de origen de la obra.
Ecuador necesita, más que nunca, que su infraestructura estratégica se gestione con la máxima transparencia y rigor técnico. El «ambiente optimista» que algunos buscan proyectar sobre este acuerdo, sin detalles cruciales, es una cortina de humo que no disipa las legítimas interrogantes. Coca Codo Sinclair es una obra emblemática y problemática. Todo lo que ocurra con su gestión debe ser público y debe resistir un escrutinio implacable. La transparencia no es una concesión del Gobierno; es una obligación ineludible con un país que ha invertido miles de millones en un proyecto que sigue, literalmente, en el filo del abismo.
Colaborador en ReporteAsia.
