El proyecto de ley autorizaría USD 200 millones en cuatro años para crear unidades especializadas anticarteles en departamentos policiales locales.
La Asociación Nacional de Policía (National Police Association, NPA) anunció su respaldo formal a la Ley COPS de Aplicación contra el Crimen Organizado y los Carteles (COPS Anti-Organized Crime and Cartel Enforcement Act), una iniciativa legislativa federal diseñada para proporcionar recursos críticos a las agencias policiales estatales y locales en su lucha contra los carteles de drogas y las organizaciones criminales transnacionales que operan en territorio estadounidense.
El proyecto de ley H.R. 6911, introducido por el representante Pat Harrigan (Republicano por Carolina del Norte, distrito 10) en diciembre de 2025, actualmente se encuentra en deliberación en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes y busca expandir el programa de subvenciones del Departamento de Justicia conocido como Community Oriented Policing Services (COPS) para combatir específicamente al crimen organizado.
Una respuesta a la crisis del fentanilo y la violencia de carteles
Los carteles de drogas y las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) han alimentado una devastadora epidemia de opioides que ha cobrado innumerables vidas y continúa amenazando a comunidades en todo Estados Unidos. Estas redes criminales también generan víctimas a través de delitos que incluyen lavado de dinero, tráfico de personas y armas, y homicidios.
Las agencias policiales locales y estatales, especialmente aquellas que enfrentan limitaciones de financiamiento y escasez de oficiales, frecuentemente carecen de los recursos necesarios para combatir adecuadamente a estas sofisticadas organizaciones criminales que operan con niveles crecientes de impunidad en suelo estadounidense.
«Los departamentos de policía estatales y locales están comprometidos con el combate a las redes criminales organizadas. Sin embargo, no pueden cumplir esta misión crítica sin recursos y personal suficientes», declaró Paula Fitzsimmons, directora legislativa de la Asociación Nacional de Policía. «La Ley COPS de Aplicación contra el Crimen Organizado y los Carteles proporcionará a las agencias policiales el personal, la capacitación y el equipo que necesitan para luchar contra los carteles y el crimen organizado».
Financiamiento y estructura del programa
La legislación propuesta autoriza USD 200 millones en financiamiento durante un período de cuatro años, permitiendo a las agencias policiales crear unidades especializadas anticarteles y contra el crimen organizado. Según la estructura detallada en el proyecto de ley, esto se traduce en aproximadamente USD 50 millones anuales desde el año fiscal 2026 hasta 2030.
El financiamiento para este programa provendrá del programa de subvenciones COPS (Community Oriented Police Services) del Departamento de Justicia, con subsidios no utilizados de la era COVID siendo desviados específicamente para este propósito, lo que representa un uso estratégico de recursos federales ya asignados.
Usos autorizados de las subvenciones
Las subvenciones COPS bajo esta nueva legislación podrán utilizarse para una variedad de necesidades operacionales críticas:
Contratación de personal: Permite a los departamentos policiales contratar oficiales adicionales específicamente dedicados a las unidades anticarteles, abordando directamente la crisis de personal que afecta a muchas agencias locales.
Capacitación especializada: Ofrece entrenamiento avanzado en tácticas de recopilación de inteligencia, técnicas de investigación de crimen organizado, y metodologías para desmantelar redes criminales complejas.
Equipo de protección y táctico: Proporciona fondos para adquirir equipo de protección personal avanzado, necesario dado el nivel de violencia asociado con las operaciones de carteles.
Tecnología investigativa: Permite la inversión en tecnología de vigilancia, análisis de datos, y otros recursos tecnológicos esenciales para investigaciones modernas contra el crimen organizado.
Vehículos tácticos: Autoriza la adquisición de vehículos especializados para operaciones policiales contra organizaciones criminales.
Sistemas aéreos no tripulados: Incluye la posibilidad de adquirir drones aprobados para tareas de vigilancia e investigación.
Priorización de comunidades en riesgo
Un aspecto crucial de la legislación es que las comunidades en riesgo que experimentan una alta presencia de actividad de carteles, pandillas u organizaciones criminales transnacionales recibirán tratamiento prioritario en la asignación de fondos.
Esta disposición reconoce que ciertas jurisdicciones enfrentan amenazas desproporcionadamente mayores y requieren intervención más urgente para proteger a sus residentes. Las regiones fronterizas, áreas urbanas con alta actividad de pandillas vinculadas a carteles, y comunidades afectadas por epidemias de drogas estarán entre las principales beneficiarias.
Declaraciones del representante Harrigan
El representante Pat Harrigan, quien introdujo la legislación, enfatizó la urgencia de proporcionar a las fuerzas del orden locales las herramientas necesarias para enfrentar esta amenaza:
«Los carteles de drogas y las organizaciones criminales transnacionales están operando en suelo estadounidense con casi total impunidad, y nuestras agencias policiales locales necesitan los recursos para contraatacar. Este proyecto de ley otorga a los departamentos de policía acceso a fondos federales de subvenciones COPS específicamente para crear unidades especializadas que puedan enfrentar al crimen organizado, con la capacitación, el equipo y el personal que necesitan para desmantelar estas operaciones», declaró Harrigan.
«Estamos hablando de las mismas organizaciones criminales que están inundando nuestras calles con fentanilo y alimentando la violencia en nuestras comunidades. Si somos serios sobre asegurar nuestras comunidades, necesitamos darle a nuestra policía las herramientas para hacerlo», agregó el legislador.
Contexto de la crisis de crimen organizado en Estados Unidos
La introducción de esta legislación llega en un momento en que Estados Unidos enfrenta múltiples desafíos relacionados con el crimen organizado transnacional:
Epidemia de fentanilo: Los carteles mexicanos son responsables de la producción y tráfico masivo de fentanilo sintético hacia Estados Unidos, droga que ha causado decenas de miles de muertes por sobredosis anualmente.
Tráfico humano: Las organizaciones criminales operan redes sofisticadas de tráfico de personas a través de la frontera sur, generando miles de millones de dólares y causando un sufrimiento humano incalculable.
Violencia de pandillas: Los carteles mantienen vínculos con pandillas locales en ciudades estadounidenses, exacerbando la violencia urbana y expandiendo su alcance en el territorio nacional.
Lavado de dinero: Estas organizaciones operan complejas redes de lavado de dinero que penetran el sistema financiero estadounidense.
Tráfico de armas: El contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México alimenta la violencia de los carteles, creando un ciclo de inestabilidad bilateral.
Cooperación interagencial
El representante Harrigan introdujo la legislación como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer la cooperación entre las fuerzas del orden federales, estatales y locales, y asegurar que los departamentos policiales tengan las herramientas necesarias para desmantelar redes criminales que alimentan la violencia, el tráfico de drogas y la inestabilidad en comunidades estadounidenses.
La legislación reconoce que el combate efectivo contra organizaciones criminales transnacionales requiere coordinación entre múltiples niveles de gobierno y entre agencias con diferentes jurisdicciones y especialidades.
Respaldo adicional del sector policial
Además del respaldo de la Asociación Nacional de Policía, el proyecto de ley ha recibido el apoyo de la Orden Fraternal de Policía (Fraternal Order of Police, FOP), una de las organizaciones policiales más grandes de Estados Unidos, que incluyó la legislación en su lista oficial de proyectos de ley respaldados.
Este amplio apoyo del sector policial refleja la urgente necesidad que sienten las agencias del orden en todo el país de contar con recursos adicionales y autorizaciones específicas para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional.
Precedentes y programas relacionados
El programa COPS ha sido históricamente una herramienta importante para fortalecer las capacidades policiales locales. Desde su creación en 1994, el programa ha proporcionado miles de millones de dólares en subvenciones para contratar oficiales, adquirir equipos y desarrollar programas de policía comunitaria.
La expansión propuesta para incluir específicamente unidades anticarteles y contra el crimen organizado representaría una evolución significativa del programa, reconociendo la naturaleza cambiante de las amenazas de seguridad que enfrentan las comunidades estadounidenses.
Desafíos políticos y perspectivas de aprobación
Si bien el proyecto de ley cuenta con apoyo bipartidista en principio (dado que combatir a los carteles es un objetivo generalmente compartido), el proceso legislativo en un Congreso dividido siempre presenta desafíos.
El proyecto actualmente se encuentra en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, donde será examinado, potencialmente enmendado, y eventualmente sometido a votación antes de poder avanzar al pleno de la Cámara y posteriormente al Senado.
El uso de fondos COVID no utilizados para financiar el programa podría ser un punto de debate, aunque también podría facilitar la aprobación al no requerir asignaciones presupuestarias completamente nuevas.
Implicaciones para la seguridad comunitaria
Si se aprueba, la Ley COPS de Aplicación contra el Crimen Organizado y los Carteles podría tener implicaciones significativas para la seguridad pública en comunidades afectadas por la actividad del crimen organizado:
Capacidad investigativa mejorada: Las unidades especializadas podrán desarrollar investigaciones más sofisticadas y de largo alcance contra organizaciones criminales.
Disuasión: La presencia de unidades especializadas bien equipadas podría disuadir operaciones de carteles en ciertas jurisdicciones.
Desmantelamiento de redes: Mayor capacidad para identificar y desmantelar redes criminales completas, no solo arrestar operadores individuales.
Protección de oficiales: Mejor equipo y capacitación protegerán a los oficiales que enfrentan amenazas de organizaciones violentas.
Llamado a la acción pública
La Asociación Nacional de Policía ha invitado al público a apoyar la legislación anticrimen y pro-policía uniéndose al equipo «Call to Action» de la NPA. Los ciudadanos interesados pueden inscribirse para recibir alertas por correo electrónico sobre proyectos de ley, incluyendo información sobre qué legisladores contactar para mostrar apoyo.
La organización enfatiza que la participación ciudadana es crucial para asegurar que la legislación progrese a través del proceso legislativo y eventualmente se convierta en ley, proporcionando los recursos que las fuerzas del orden necesitan urgentemente para proteger a las comunidades estadounidenses del flagelo del crimen organizado transnacional.
Periodista con sede en Brasil, experto en Relaciones Internacionales.
