La ola de protestas que atraviesa Irán desde hace más de una semana sigue escalando en intensidad y en costo humano. Según organizaciones de derechos humanos, al menos treinta y cinco personas murieron en el marco de la represión estatal, mientras las manifestaciones continúan expandiéndose sin señales de agotamiento pese a las advertencias del liderazgo político y religioso del país.
La cifra fue difundida por la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, que mantiene una red de fuentes dentro de Irán. De acuerdo con ese relevamiento, entre las víctimas fatales se cuentan manifestantes, miembros de las fuerzas de seguridad y también niños, lo que profundiza la gravedad del escenario. A la par, más de mil doscientas personas habrían sido detenidas, en una campaña de arrestos que se replica en distintas ciudades.
Las protestas se registraron en más de doscientas cincuenta localidades distribuidas en la mayoría de las provincias iraníes, lo que confirma su alcance nacional. Aunque las autoridades han intentado minimizar los hechos, incluso medios cercanos a la Guardia Revolucionaria reconocieron que cientos de policías y miembros de fuerzas auxiliares resultaron heridos durante los disturbios, una señal del nivel de confrontación que se vive en las calles.
Este nuevo estallido social se produce en un contexto de fuerte deterioro económico. Tras años de sanciones internacionales y luego de un conflicto armado reciente con Israel, la moneda iraní sufrió una brusca devaluación que aceleró el malestar social. La caída del rial, que alcanzó niveles históricos, fue el detonante inmediato de protestas que rápidamente derivaron en reclamos más amplios contra el régimen.
El clima político se tensó aún más luego de declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que Washington podría intervenir si el gobierno iraní continúa reprimiendo de manera violenta a manifestantes pacíficos. Sus palabras generaron una reacción inmediata en Teherán, donde funcionarios del régimen amenazaron con represalias contra intereses estadounidenses en Medio Oriente. La advertencia adquirió mayor peso tras la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un aliado estratégico de Irán.
A pesar de la magnitud de los hechos, reconstruir con precisión lo que ocurre dentro del país resulta complejo. Los medios estatales brindan información limitada y fragmentaria, mientras que periodistas locales enfrentan severas restricciones para desplazarse y reportar. En ese vacío informativo, videos difundidos en redes sociales muestran escenas breves y confusas de marchas, disparos y enfrentamientos, que refuerzan la percepción de un conflicto en desarrollo.
Las actuales protestas son las más significativas desde las movilizaciones de dos mil veintidós, desencadenadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. Si bien todavía no alcanzan la misma intensidad, el paralelismo es inevitable, especialmente por la persistencia del descontento social y la respuesta represiva del Estado. En ese marco, el mensaje del líder supremo, Ali Khamenei, quien llamó a poner fin a los disturbios con mano dura, no logró frenar la movilización.
Lejos de apaciguarse, las protestas parecen consolidarse como un nuevo desafío para el régimen iraní, que enfrenta una combinación explosiva de crisis económica, presión social y creciente atención internacional.
