El cierre de un canal en Telegram con cientos de miles de suscriptores que difundía pornografía de venganza, videos de cámaras ocultas y otras imágenes no consensuadas de mujeres chinas ha puesto en evidencia las lagunas legales que enfrentan las víctimas de violencia sexual en línea en China. Aunque la plataforma eliminó el grupo, conocido como MaskPark, activistas señalan que rápidamente surgieron canales alternativos, algunos de los cuales continúan activos.
La polémica llega en un contexto en el que el activismo feminista ha sido reprimido por el gobierno chino. En los últimos años, las autoridades encarcelaron a varias mujeres por promover el movimiento #MeToo y silenciaron campañas públicas en defensa de los derechos de las víctimas de abusos.
La única mujer que se ha identificado públicamente en el caso, conocida como la señora D, descubrió en mayo que imágenes íntimas suyas aparecían en el canal. Según relató al diario estatal Southern Metropolis Daily, se trataba de fotos y videos tomados con un antiguo novio canadiense. Al acudir a la policía, el material ya había sido eliminado, y sus consultas legales confirmaron lo que activistas denuncian: no existe en China una ley específica que tipifique este tipo de abuso.
“La ausencia de una norma clara hace que muchos agentes no sepan siquiera cómo abrir un caso”, explicó Li Ling, investigadora en violencia de género que asesora a mujeres afectadas. Además, para iniciar una demanda civil se requiere identificar al responsable, algo imposible en un servicio como Telegram, bloqueado en China y accesible solo mediante redes privadas virtuales, sin verificación de identidad de los usuarios.
Telegram, fundada por Pavel Durov, aseguró en un comunicado que eliminó completamente los canales vinculados a MaskPark y que seguirá monitorizando su plataforma. Sin embargo, activistas denuncian que otros grupos con contenido similar reaparecen de manera constante, lo que hace insuficiente la estrategia de simples cierres.
El caso recuerda a lo ocurrido en Corea del Sur en 2020, cuando una investigación periodística destapó el canal Nth Room en Telegram, donde mujeres y niñas eran extorsionadas para difundir material explícito. El escándalo provocó detenciones, una condena de 40 años al principal responsable y reformas legales que obligaron a las plataformas a controlar este tipo de contenido.
En contraste, las sanciones en China han sido menores. El año pasado, un hombre que utilizó fotos de una joven para crear pornografía falsa con inteligencia artificial recibió apenas diez días de detención administrativa, sin antecedentes penales. Mientras tanto, mujeres que escriben ficción romántica han sido procesadas bajo la misma figura legal de “difusión de material obsceno”, algo que activistas consideran una doble vara.
Para expertos como Jiahui Duan, de la Universidad de Hong Kong, el caso de MaskPark demuestra la necesidad de una estrategia integral que combine regulación tecnológica, cooperación internacional y apoyo a las víctimas. “La lección es clara: este problema sistémico requiere soluciones sistémicas”, advirtió.
El silencio oficial añade otra capa de incertidumbre. Ni el Ministerio de Seguridad Pública ni la Oficina de Información del Consejo de Estado respondieron a consultas sobre el caso. Mientras tanto, nuevos grupos clandestinos siguen apareciendo en la red, evidenciando que el vacío legal deja a las víctimas prácticamente indefensas.
